Lo primero que destaca Di Marco es que América Latina es un territorio muy amplio donde las circunstancias para cada uno de los países en materia de violencia sexual varían mucho. Sin embargo, afirma el especialista, hay una constante en el hecho de que hay relativamente pocas investigaciones al respecto.
Además, agrega, casi todas estas investigaciones son muy descriptivas en cuanto a las situaciones en las que se dan estas agresiones, pero no ahondan en otros aspectos como los perfiles de los agresores o en los índices de este tipo de violencia perpetrada en contra de las infancias.
Falta mucha investigación pensada en problemas concretos que tenemos que gestionar.
Martín Di Marco.
Por otra parte, Di Marco apunta que casi todas las investigaciones recientes se han centrado en estudiar a las sobrevivientes de violencia, pero, desde su punto de vista, esto deja de lado otros aspectos que podrían arrojar información sobre dónde y cómo implementar políticas públicas realmente eficaces para frenar la violencia sexual. Uno de estos aspectos es la información sobre los perpetradores.
La necesidad de contar con datos de los agresores
De acuerdo con las investigaciones de Martín Di Marco (quien está especializado en estudiar las historias de perpetradores de violencia homicida y femicida), en América Latina existen trabajos que abordan los perfiles de agresores sexuales desde el ámbito psicológico o psiquiátrico. Sin embargo, afirma que esta perspectiva individual no abona a comprender el problema en sus dimensiones sociales.
Esto es importante, por ejemplo, al hablar sobre abuso sexual infantil, en cuyos casos “no entendemos lo que pasa porque se estudia al agresor a nivel individual”. “No se ve que hay patrones”, afirma el especialista, y añade que, entre otras cosas, visibilizar estos patrones ayudarían a las instituciones educativas a estar alertas ante posibles casos de violencia sexual infantil.
Por otro lado, Di Marco reconoce que hay esfuerzos desde el ámbito local y regional para reconocer la gravedad de la violencia sexual en general. Un ejemplo de ello es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) que se realiza en México desde 2003. En su última versión, publicada este 2022, la ENDIREH evidenció que cerca de 17 millones de mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia sexual. No obstante, la ENIDREH no evidencia cuáles son las condiciones en las que se dieron estos casos ni si antes de la violencia sexual hubo otro tipo de agresiones precedentes.
Debido a esto, Martín Di Marco señala que estos ejercicios estadísticos carecen de datos y matices importantes. Uno de ello son, por ejemplo, las estrategias para camuflar la violencia por parte de perpetradores y también por parte de las víctimas, las cuales ayudarían a comprender mejor el problema de la violencia sexual y a ampliar los registros que se tienen al respecto.
¿Qué hacer ante la violencia sexual en América Latina?
De acuerdo con un informe de la organización Equality Now, la incidencia de la violencia sexual es mayor en el continente americano que en cualquier otra parte del mundo. Según dicho informe, además, en este continente, 8 de los 35 países que participaron en esta investigación (entre los que se encuentra México) tienen leyes ambiguas sobre violencia sexual contra las infancias. Esta misma opacidad, además, se repite en otras legislaciones alrededor de este tipo de violencia.
A esta falta de consistencia en las políticas públicas se suma también la falta de perspectiva desde la sociedad civil. Desde el punto de vista de Martín Di Marco, una solución en este último aspecto es el trabajo que ya se está realizando en países como Argentina para sensibilizar a la población y dejar atrás los patrones patriarcales que permiten la preproducción de este tipo de violencia machista.
Si bien no es un trabajo sencillo, atender la violencia sexual desde estos frentes puede abonar a la prevención y al reconocimiento oportuno de patrones entre los agresores. Por otro lado, ampliar el conocimiento de las cifras también puede sumar a que haya bases sólidas para construir políticas públicas realmente sólidas no sólo de atención, sino también de prevención en estas esferas de la violencia contra las mujeres.
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