Jeraldine del Cid Castro —politóloga e internacionalista guatemalteca egresada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México — explicó a Cimacnoticias que tratar a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de manera separada es importante, sí, para que cada persona sea consciente de sus garantías en cada uno de estos ámbitos. Pero, más allá de eso, la distinción de ambos grupos puede generar un impacto notorio en las políticas públicas y la forma en la que las instituciones de salud brindan atención a las y los pacientes.
¿Cómo? Bueno, vamos despacio. Primero revisemos algunas características de estos derechos.
Derechos sexuales y derechos reproductivos: dos historias distintas
La Secretaría de Salud Pública (SSP) en México define los derechos sexuales como ese grupo de garantías que protege a las personas para que puedan ejercer su sexualidad de forma plena y responsable con todo lo que ello implica, como el erotismo y el afecto. En este sentido, Jeraldine del Cid apunta que tales derechos garantizan la autonomía y la decisión libre e informada sobre nuestros cuerpos, así como la construcción de nuestra personalidad y nuestra identidad a partir de nuestra dimensión sexual.
No está de más remarcar que estos derechos están íntimamente relacionados con el placer y el goce. Sin embargo, de alguna manera, esto se vuelve invisible cuando los relacionamos con los derechos reproductivos. De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estos últimos tienen que ver con la libertad de las personas para decidir libre y responsablemente el número de hijas o hijos que quieren tener, con quién tenerlos y con qué periodicidad.
Esto liga a los derechos reproductivos con los métodos anticonceptivos y con servicios de salud antes, durante y después del parto. Y, aunque también tienen que ver con la libre determinación y con la definición de la identidad, ambos aspectos son llevados a otra etapa de la vida muy distinta a la exploración sexual.
Si bien la SSP define los derechos sexuales por separado y la Oficina del Alto Comisionado retoma una definición sólo de derechos reproductivos, al echar un ojo a las páginas de uno y otro, la realidad es que, al final, ambos temas se mezclan de manera confusa. Esto tiene consecuencias que, de acuerdo con Jeraldine del Cid, rozan incluso con el tema de la prevención de violencia.
La importancia de nombrarlos como derechos separados
Desde la perspectiva de Jeraldine del Cid Castro (quien se ha especializado en estudios de Régimen de Género y Políticas Públicas), uno de los principales riesgos de hablar de derechos sexuales y reproductivos de manera conjunta es que la educación sexual hacia las y los adolescentes casi siempre está orientada a prevenir un embarazo no planificado. Esto deja de lado otros aspectos que, en la sexualidad, tienen que ver con el autoconocimiento del deseo pero también con cómo identificar si alguien está traspasando los límites del mismo.
Al atender el tema de la sexualidad únicamente relacionado con el embarazo y la transmisión de algunas enfermedades no hay una formación desde una perspectiva integral donde se promuevan la autonomía y el consentimiento.
Jeraldine del Cid Castro
En este sentido, abordar los derechos sexuales de manera independiente significa también tratar temas de violencia sexual, de lo que no deseamos o lo que no nos hace sentir cómodas y cómodos. También, de la forma en la que podemos identificar ciertos comportamientos que muchas veces están arraigados en nuestra cultura y, por lo tanto, no sabemos cómo rechazar.
Todo esto implica procesos psicoemocionales complejos relacionados con la forma en la que tejemos lazos con el otro o la otra, así como con la autorrealización, la felicidad, pero también el respeto hacia los demás y hacia nosotras y nosotros mismos. De igual forma, ser conscientes de nuestra sexualidad nos lleva a cuestionarnos: ¿quiero ser padre o madre?, ¿asumiré este rol tan marcado socialmente sobre todo en el caso de las mujeres?
Estas preguntas amplían la perspectiva sobre lo que pensamos como derechos sexuales y derechos reproductivos. Pero no sólo eso: la distinción entre ambas áreas puede transformar y complejizar las políticas públicas de salud de maneras positivas… aunque, por lo menos en nuestro país, tal vez no tan operativas.
El dilema de atender lo urgente y lo necesario
De acuerdo con el estudio Embarazo temprano en México: Panorama de estrategias públicas y análisis de la ENAPEA presentado por el Colegio de México (Colmex) este 30 de agosto, en la República Mexicana, mil adolescentes de entre 12 y 19 años se convierten en madres cada día.
Los embarazos no planificados en adolescentes se han vuelto un problema de salud pública grave que ha intentado atenderse con políticas públicas como la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). Sin embargo, desde la perspectiva de Jeraldine del Cid (quien participó en dicho estudio), estas estrategias tienen carencias importantes derivadas justo de tratar a los derechos sexuales y los derechos reproductivos en un solo paquete.
De acuerdo con la especialista, las políticas públicas para prevenir el embarazo adolescente en México están enfocadas mayoritariamente en aspectos como el acceso a los métodos anticonceptivos. Esto deja de lado otras causas como el sistema patriarcal que cosifica a las adolescentes, las sexualiza y además las recubre de un imaginario según el cual su único fin es ser madre.
Tampoco se abordan con profundidad otros temas como la violencia sexual o cómo es que la sexualidad se inserta en sistemas culturales complejos que muchas veces someten esta necesidad humana a la reproducción, no importa si ésta es contraria al deseo de la mujer. Respecto a esto último, el estudio del Colmex señala que el embarazo adolescente es más frecuente entre mujeres pertenecientes a poblaciones indígenas. Aun así, sólo en 22 de las 32 entidades federativas de México se trabaja de cerca con estas comunidades.
Este panorama apunta a la necesidad de transformar las políticas públicas sobre el embarazo adolescente, la salud sexual y la salud reproductiva en México. Desde el punto de vista de Jeraldine del Cid, dicha transformación debe incluir consejería sexual, acompañamiento psicoemocional y una perspectiva intercultural al abordar temas sobre el desarrollo sexual y sobre la planificación familiar.
En términos operativos, esto se traduce en más personal médico y más funcionarios capacitados con una perspectiva de género y con sensibilización al respecto de estos temas… algo que, por supuesto, significa más recursos.
En América Latina no hay muchas políticas públicas así, pero el caso de México no está tan mal. La ENAPEA, por ejemplo, en su segunda fase que inició este 2021, sí aborda algunas perspectivas de la sexualidad. Sin embargo, aún está empezando esta fase y las y los funcionarios no la conocen.
Jeraldine del Cid Castro.
Los retos, entonces, son muchos. En primer lugar se encuentra la liberación de fondos suficientes para ofrecer una atención integral en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Pero, además, la continuidad de estos fondos no debe estar condicionada al cambio de gobiernos.
En segundo lugar, se necesita que haya una formación y sensibilización correcta hacia las y los funcionarios encargados de aplicar estas políticas públicas directamente entre la población. Y, finalmente, se necesita de una perspectiva integral que aborde los aspectos enumerados arriba y que reconozca, también, que detrás de problemas como el embarazo adolescente hay un sistema patriarcal que atraviesa los cuerpos de las mujeres.
Estrategias como la ENAPEA se han centrado en lo urgente (mermar los embarazos adolescentes), pero se debe voltear la mirada también a lo necesario: hablar de sexualidad de manera integral y, con ello, tocar el tema de la reproducción de la forma adecuada.
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