Gloria Leticia Díaz y Patricia Dávila
Rose-Marie Belle Antoine, presidenta de la CIDH.
Foto: CIDH
MÉXICO, D.F. (apro).- Con una reunión con funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto inició la visita de trabajo a México de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), programada del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Rose-Marie Belle Antoine, James
Cavallaro, presidenta y vicepresidente de la CIDH, así como los
comisionados Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz tuvieron
un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, y la procuradora General de la República, Arely Gómez, entre
otros funcionarios federales.
Los comisionados acudieron a
nuestro país a realizar “una observación en terreno de la situación de
derechos humanos en el país, con particular énfasis en ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura”.
Además,
pretenden recabar información sobre temas de “inseguridad ciudadana,
acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y
la situación de periodistas” y defensores de derechos humanos y otros
grupos “especialmente afectados por el contexto de violencia en México”.
En el encuentro, en el que también estuvieron el secretario ejecutivo
de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, la secretaria ejecutiva adjunta,
Elizabeth Abi-Mershed, y el relator especial para la Libertad de
Expresión, Edison Lanza, el tema de la desaparición forzada de los 43
normalistas de Ayotzinapa fue central, así como el reconocimiento de la
labor realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), según el organismo integrante de la Organización
de Estados Americanos (OEA) en su cuenta de Twitter.
Y según la
cuenta de la CIDH, Osorio Chong reconoció que “mientras no tengamos
seguridad en nuestros municipios, nos exponemos a casos como el de
Ayotzinapa”. También dijo que la dependencia trabaja “por preservar
derechos de privados de la libertad pero eliminando cualquier riesgo de
fuga”.
De acuerdo con la CIDH, durante el diálogo con las
autoridades federales –entre los que estaba el subsecretario de Derechos
Humanos, Roberto Campa Cifrián– los funcionarios señalaron que “el tema
de los normalistas de Ayotzinapa ha sido de los que más ha lastimado a
la sociedad mexicana”.
Los funcionarios también expresaron su
disposición de resolver los interpuestos ante ese órgano “por medio de
soluciones amistosas”. Agregaron que se ha creó “un fideicomiso para
medidas de protección”, para la implementación de medidas cautelares
emitidas por el órgano.
Piden mantener independencia
La presidenta de la CIDH, Rose Marie Belle Antoine, agradeció a los
funcionarios presentes la voluntad de cooperación pero les dijo:
“debemos mantener nuestra independencia”.
El comisionado Cavallaro, relator para México, solicitó “estadísticas de civiles fallecidos en conflictos con fuerzas armadas”.
Felipe González mostró su preocupación por “un grave incremento” de
violaciones a derechos humanos de migrantes y consideró que el Estado
debe “fortalecer los mecanismos de control interno de la policía”.
Edison Lanza resaltó que “hay una brecha entre medidas de protección y
violencia y asesinatos contra periodistas”, en tanto que hay “una tasa
muy baja de condenas en crímenes contra periodistas y comunicadores”.
Otro de los temas puestos en la mesa de la reunión entre comisionados y
funcionarios fue la situación de presos, grupos indígenas, la niñez,
así como la preocupación por las tasas de violencia contra la población
LGBTI.
Los protocolos de la PGR
Por su
lado, la titular de la PGR, Arely Gómez, recibió al pleno de la CIDH al
que informó que se cuentan con protocolos de registro de víctimas y de
personas desaparecidas.
La reunión, se registra a casi un mes de
que el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) de la
CIDH, presentó su informe sobre la investigación que realizaron de los
43 normalitas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala
Guerrero.
Investigación en la que los expertos determinaron que
era falsa la verdad histórica presentada por el extitular de la PGR
Jesús Murillo Karam, acerca de que los normalitas fueron asesinados y
quemados en el basurero de Cocula y después triturados sus restos óseos
para luego tirarlos en bolsas al rio San Juan, además de una serie de
irregularidades que señalaron existen en la indagatoria sobre el caso,
como los obstáculos que puso el gobierno federal para acceder a las
instalaciones del 27 Batallón de Infantería así como para entrevistar a
los militares que tuvieron contacto con los normalitas esa noche del 26
de septiembre.
Gómez González, presentó a los integrantes de la
Comisión Interamericana los protocolos homologados de desaparición
forzada y tortura aprobados en agosto pasado durante la 33 Asamblea
Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
De
acuerdo con un comunicado de la PGR, Arely Gómez aseguró que se trabaja
de manera coordinada con el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la CIDH, a quienes se les está dando puntual
respuesta a sus peticiones y recomendaciones relacionadas con la
investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de
septiembre de 2015.
“Hemos abierto públicamente el expediente de
Ayotzinapa y estableceremos un protocolo de comunicación con familiares
de los estudiantes normalistas”, afirmó.
Durante la reunión,
celebrada en el Salón Procuradores del Edificio Sede, la Procuradora
General de la República y los comisionados trataron entre otros temas,
los referentes a la protección de los migrantes desde la faceta del
orden penal, la independencia de los servicios forenses, la atención a
pueblos indígenas, relativo a causas penales y sobre la libertad de
expresión a partir de las atribuciones de las áreas competentes de la
PGR.
La agenda de la CIDH
De acuerdo con
información obtenida por esta agencia informativa, la tarde de este
lunes los enviados de la CIDH sostendrán reuniones con miembros de la
sociedad civil para abordar nueve mesas temáticas con víctimas y
organizaciones sociales.
Los asuntos a tratar son desapariciones;
situación de periodistas y defensores, y el mecanismo nacional de
protección; desplazamiento forzado en el contexto de violencia;
ejecuciones extrajudiciales, homicidios, tortura y condiciones de
detención; situación de mujeres, niños y adolescentes, personas LGBTI y
pueblos indígenas “afectados por la violencia y programas de protección
diferenciados”.
También se abordarán los temas de migrantes,
tráfico de personas y reclutamiento involuntario; seguridad ciudadana,
militarización y “respuesta estatal a la violencia”; protocolos y
mecanismos de protección. Incluso, revisarán iniciativas legislativas
para “atender la impunidad y la violencia”, así como la administración
de la justicia, la implementación del nuevo sistema de justicia penal y
el acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos
humanos.
A partir del martes 29 los comisionados acudirán a Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz.
A las 9:00 horas irán a Ayotzinapa, donde sostendrán un encuentro con
padres de las víctimas de los ataques armados a los normalistas el año
pasado. Después se reunirán con organizaciones sociales en Chilpancingo,
donde documentarán casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición
forzada, tortura y desplazamiento forzado.
Para el miércoles 30
se tiene prevista una reunión de los comisionados de la CIDH con
familiares de víctimas organizadas en “Los Otros Desaparecidos”. Ahí se
prevé que los comisionados realicen un recorrido por los cerros donde se
han localizado fosas comunes.
La tarde del martes los
comisionados se desplazarán a Monterrey para recibir información sobre
temas de derechos humanos en la zona Noroeste y Noreste del país.
Ese mismo día, representantes de la CIDH acudirán a Tenosique, Tabasco,
para hacer una revisión con organizaciones de la sociedad civil de la
“situación general en materia de desapariciones, ejecuciones
extrajudiciales y tortura en el sur de México.
Los temas se
abordarán en tres mesas: desafíos en mecanismos de búsqueda,
identificación y acceso a la información; acceso a la justicia y
protección a las víctimas de la violencia; y la situación de migrantes,
refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y defensores de
derechos humanos “en materia de desapariciones, ejecuciones
extrajudiciales y tortura en sur de México”.
En Xalapa, Veracruz,
la comisionada Rosa María Ortiz recabará información sobre la violencia
contra los defensores a derechos humanos y de grupos vulnerables
afectados como niños, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas. El
relator especial Edison Lanza documentará la violencia contra
comunicadores y periodistas y los sistemas de protección.
En esa
entidad, los comisionados también sostendrán encuentro con familiares,
víctimas y defensores, en casos de desapariciones, ejecuciones
extrajudiciales y tortura, así como “desafíos en mecanismos de búsqueda,
identificación y acceso a la información y acceso a la justicia y
protección de víctimas de violencia”.
Durante cada visita de los comisionados se realizarán encuentros con funcionarios públicos estatales.
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