MÉXICO,
D.F. (Proceso).- La industria de la confección fue la más golpeada
–como industria– por el terremoto del 85. La Cámara Nacional de la
Industria del Vestido (CNIV) habló de 500 establecimientos afectados
gravemente y de más de 200 totalmente destruidos. Algunos empresarios
perdieron todo, pero quienes perdieron la vida fueron las costureras. La
mayoría de las fábricas afectadas en la zona de San Antonio Abad y en
el centro (Ecuador, Isabel la Católica, Belisario Domínguez, 20 de
Noviembre) eran talleres de maquiladores para grandes firmas. El
sobrepeso causado por el hacinamiento de maquinaria y telas, o por la
concentración desmedida de talleres (el edificio de ocho pisos de
Izazaga 65 albergaba 50) potenció la tragedia. Las cifras que
aparecieron en la prensa de entonces oscilaron entre 600 y mil 600
costureras muertas.
La indiferencia de algunos patrones, que
rescataban la maquinaria y las telas antes que los cadáveres de sus
trabajadoras, o que se negaban a pagarles a las sobrevivientes los días
trabajados aduciendo bancarrota, sensibilizó a la opinión pública
nacional e internacional sobre las espantosas condiciones en que
laboraban. No obstante el gobierno, las centrales sindicales y la Cámara
del Vestido conocían de sobra la ilegalidad en que trabajaban –a
destajo, sin salario base, sin antigüedad, con contratos eventuales, sin
prestaciones, en condiciones insalubres–. La importante cobertura
periodística que tuvo el caso y la presencia de grupos de diferentes
sectores de la población convirtió esa situación en un foco de atención.
Las costureras se volvieron emblemas de la explotación laboral y ante
el escándalo el gobierno y la CTM tuvieron que manifestarse a favor de
ellas. Fidel Velásquez pretendió “disculparse” diciendo que él no sabía
nada de la situación de explotación de las costureras, pues “a él le
cosían su ropa en casa”.
Mientras la prensa nacional e
internacional seguía informando sobre los casos de costureras obligadas a
trabajar en edificios clausurados, y de costureras que demandaban a los
patrones que se declaraban en quiebra pero que abrían fábricas bajo
otro nombre en Naucalpan, la solidaridad fluyó. Al campamento de San
Antonio Abad llegó la mayoría de los grupos políticos, estudiantiles y
religiosos que se solidarizaron con ellas. En la zona “del Centro”, en
Isabel la Católica, atendían los abogados y militantes que brindaron no
sólo asesoramiento legal y político, sino que acompañaron a las
costureras de manera sostenida durante todo su proceso. Las feministas
de varias organizaciones se hicieron cargo del abasto de alimentos, y
facilitaron el contacto entre grupos aislados de trabajadoras.
Hubo gran ebullición política. El 2 de octubre se creó la Promotora de
Costureras Damnificadas, y el 7 de octubre se formó el Comité Feminista
de Solidaridad. Ante la creciente organización, el presidente de la
República ordena que se resuelvan los problemas que afectan a las
costureras y el 10 de octubre se instala un módulo donde se recogen sus
demandas laborales. El 13 de octubre se forma la Unión de Costureras en
Lucha (UCL), cuyo pliego petitorio exige negociación colectiva,
indemnización a los deudos y a las costureras que lo soliciten,
reanudación del trabajo, contrato ley en la industria del vestido y
embargo precautorio a los bienes de las empresas mientras se llevan a
cabo los juicios.
El 16 de octubre se crea la Organización de
Costureras del Centro (OCC) y se acuerda en asamblea de ambas
agrupaciones (UCL y OCC) marchar a Los Pinos. El 18 de octubre, casi un
mes después del terremoto, cerca de 3 mil costureras, provenientes de 26
fábricas, marchan de la Columna de la Independencia a Los Pinos y se
entrevistan con el presidente Miguel de la Madrid, quien les asegura que
se tomarán medidas para que los patrones cumplan y les concede la
posibilidad de que formen el sindicato. Como para reunir los requisitos
de esto último era necesario tener afiliados en provincia, el Frente
Auténtico del Trabajo (FAT) los consigue y se establece el Sindicato “19
de Septiembre”, con Evangelina Corona como secretaria general.
Antes de la marcha a Los Pinos, la Secretaría del Trabajo, muy
interesada en que el escándalo terminara, jugó un papel muy activo en la
defensa de las costureras: citó a los patrones y los obligó a negociar.
Pero una vez formado el sindicato, las negociaciones se debilitaron, ya
que el gobierno se interesaba más en parar el escándalo mediático que
en resolver la ilegalidad de las condiciones laborales de las
costureras.
Además, también el caso perdió interés en la opinión
pública, pues muchas personas y organizaciones creyeron que ya por tener
el sindicato la situación de las costureras estaba casi resuelta. No
era extraño escuchar comentarios respecto a cómo era que no estaban
trabajando si el gobierno les había dado lo que querían.
El
terremoto generó las condiciones que hicieron posible el surgimiento de
un movimiento, la creación del sindicato nacional y varias cooperativas
y, lo más importante, de una toma de conciencia de una magnitud nunca
antes vista. Sin embargo, hoy esa historia está casi olvidada, y las
condiciones laborales de muchas maquiladoras siguen casi igual que
entonces.
Los sismos de 1985 quebraron la vida de miles de
costureras y derrumbaron a unos pocos patrones decentes que, al no tener
asegurada la maquinaria, perdieron todo, y encima fueron blanco de
agresiones. Son muchas las historias trágicas que pueden recordarse,
pero sobre todo, hoy es importante conocer qué está ocurriendo con esta
industria. ¿Seguirán los nuevos talleres trabajando a destajo y sin
derechos laborales? ¿Qué ha pasado con el sindicato de costureras y con
las cooperativas? Ojalá que la conmemoración de los 30 años del
terremoto del 85 sirva también para revisar lo que está pasando hoy con
los derechos laborales, y no sólo con los de las costureras.
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