LA VOZ DE LA COALICIÓN
El pasado 1 de septiembre inició la 63 Legislatura federal: 500 nuevos diputados y continuidad de 128 integrantes en el Senado.
Por la reforma constitucional de 2014, que incluyó la paridad de género
en elecciones a nivel federal (y local), la Cámara de Diputados cuenta
ahora con 211 mujeres (42.4 por ciento). El Senado reinicia con 44
mujeres (34.3 por ciento).
Esos datos resultan relevantes, pues si bien las mujeres de ambas
cámaras del Congreso de la Unión representan a los diferentes partidos
políticos y su trabajo legislativo estará en consonancia, sobre todo,
con los principios de éstos, también es cierto que existe una mayor
posibilidad de que más mujeres se involucren y trabajen a favor de los
Derechos Humanos de las mujeres, aunque tengan que persuadir a las
élites parlamentarias, aún en manos de varones, de los beneficios de
legislar con perspectiva de género.
En general, las y los mexicanos confiamos muy poco en el trabajo de
diputados y senadores. De acuerdo con la encuesta Mitofsky (febrero de
2014), el nivel de confianza es de 5.4 y 5.7 respectivamente, lo cual
está dentro del rango de confianza baja del sondeo.
La pregunta es: ¿Por qué las organizaciones que formamos la Coalición
por la Salud de las Mujeres nos empeñamos en trabajar con el Poder
Legislativo federal? Principalmente la Cámara de Diputados.
La respuesta no es sencilla, pero estamos convencidas de que éste es un
espacio de deliberación pública en el que se tratan asuntos
trascendentales para la vida y la salud de las mujeres, y que debemos
llevar a estos espacios la voz de la ciudadanía organizada.
No tenemos espacio para comentar sobre el resultado del trabajo total de
la anterior Legislatura, pero podemos señalar que en el último periodo
ordinario (febrero a abril de 2015), en la Cámara baja se presentaron
384 iniciativas y 338 puntos de acuerdo. De éstos, se aprobaron dos y 74
asuntos respectivamente.
Las dos reformas aprobadas se refieren a la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción y de la Ley General para la Atención y
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.
Las organizaciones de la Coalición tenemos bien definidas nuestras áreas
de interés: la salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo
en adolescentes, el acceso a anticonceptivos, las mujeres y el VIH, la
muerte materna, las mujeres indígenas y la salud reproductiva, el aborto
seguro, la educación sexual integral, y todo ello, asociado a la
vigilancia de las políticas públicas vigentes, y a la asignación y
ejercicio del presupuesto público.
Éste se concentra en un instrumento denominado “Anexo de Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, mismo que será discutido en
las siguientes semanas como parte del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2016 (PEF).
Y más allá del Anexo de Igualdad, debemos opinar sobre la distribución
de recursos al Ramo 12 “Salud”, y los dineros y mecanismos de
transparencia para el Seguro Popular (SP).
Sabemos que son pocas las propuestas legislativas que logran trascender
el proceso legislativo y convertirse en ley; las que lo logran responden
en gran medida a las preocupaciones de las cúpulas partidarias y están
asociados a temas nacionales de coyuntura y acuerdos políticos previos.
Si revisamos las agendas que los diferentes grupos parlamentarios
presentaron como sus prioridades al inicio de esta 63 Legislatura
encontramos: temas de seguridad, justicia, finanzas públicas, lavado de
dinero, derechos de víctimas, reforma fiscal, zonas económicas
especiales y leyes secundarias de las llamadas reformas estructurales.
No obstante, es de llamar la atención que, en los hechos, hay ciertos temas que se han colocado en la discusión legislativa.
Declarativamente, incluso el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
ha colocado entre sus prioridades de agenda legislativa, para este
periodo que inicia, a la salud reproductiva, el VPH, la reproducción
asistida, los sistemas de registro electrónico para la salud; así como
el fortalecimiento a programas de apoyo a madres adolescentes y la
problemática del embarazo temprano.
En efecto, esto no es gratuito, el embarazo en adolescentes apareció de
manera constante durante la pasada Legislatura. Su planteamiento incluyó
el acceso a educación sexual, anticoncepción, anticoncepción de
emergencia, acceso a servicios de salud y educación, prevención de VIH y
embarazo, asuntos en los que es necesario reforzar su abordaje desde la
progresividad de los Derechos Humanos de las y los adolescentes, y como
un asunto de salud pública y educación y, sobre todo, que avance del
planteamiento político a la concreción en la legislación nacional.
En febrero pasado entró en escena la Estrategia Nacional de Prevención
del Embarazo en Adolescente (ENAPEA), impulsada desde el Ejecutivo
federal. Entre sus metas se encuentra que para 2030 se reduzca 50 por
ciento la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes de 15 a 19
años de edad, y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años.
Éste y los otros temas de interés de la Coalición también forman parte
tanto de la agenda internacional como regional que se discute en este
momento.
Por una parte, este septiembre se adopta la Agenda de Desarrollo Post
2015 que contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se
plantean alcanzar en 2030. Incluye tres esferas del desarrollo: social,
económico y ambiental, y será el paradigma que sustituya a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM).
A nivel regional tenemos el Consenso de Montevideo (septiembre de 2013),
y este año en México, durante la II Conferencia Regional de Población y
Desarrollo, se aprobará la Guía Operativa que ayudará a los países
latinoamericanos a dar seguimiento de los avances ahí comprometidos.
Incluye temas de población y desarrollo: derechos y demandas de niñas,
niños y adolescentes, envejecimiento y desafíos sociales de protección y
cuidado, acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, igualdad de género, migración y Derechos Humanos,
territorio, movilidad, pueblos indígenas, interculturalidad,
afrodescendientes y combate al racismo.
Ambos instrumentos políticos son guías fundamentales para el progreso de
políticas públicas y legislativas asociadas al desarrollo integral bajo
el énfasis de Derechos Humanos.
Desde la Coalición por la Salud de las Mujeres insistiremos en dialogar y
proponer a los nuevos legisladores, a las comisiones de Igualdad y de
Presupuesto y Cuenta Pública (cuya integración se realizará este 30 de
septiembre), que se establezca el diálogo entre dependencias de
gobierno, Poder Legislativo y ciudadanía sobre el Proyecto de PEF 2016,
en materia de salud sexual y reproductiva.
Para esta tarea, las y los diputados cuentan con el diagnóstico que
realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), sobre el Anexo de Igualdad. Al momento de discutir el
PEF, sería conveniente tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por
este Consejo.
Por tanto, buscaremos que los diputados, mujeres y hombres, recién
llegados, realicen la evaluación de la política pública vigente.
Asimismo, invitamos a las y los diputados de la 63 Legislatura a
trabajar de manera cercana con las organizaciones y la academia. Éstas
cuentan con insumos y evidencia que puede enriquecer las discusiones
parlamentarias.
Si deseamos mejorar la democracia en nuestro país, y si las y los
legisladores buscaran mejorar su valoración social, la participación de
la ciudadanía en estas tareas es una buena vía para lograrlo.
*Martha Juárez Pérez es enlace con el Poder Legislativo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.
**Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad es parte de la
Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles
con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres.
Archivo CIMACFoto
Por: Martha Juárez Pérez*
Cimacnoticias | México, DF.-
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