(02 de octubre, 2015. Revolución
TRESPUNTOCERO).- A 47 años de los hechos trágicos sucedidos en la Plaza
de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el principal reclamo de los
sobrevivientes de aquella “masacre” es la falta de justicia en torno al
caso. A casi medio siglo de uno de los eventos represivos más
significativos que han marcado a México, la impunidad sigue siendo el
factor latente que ha permitido que ningún responsable haya sido
consignado.
La impunidad en el país es un elemento
que no es exclusivo de los hechos acontecidos el 2 de octubre de 1968.
Ejemplos de crímenes perpetrados por autoridades o particulares, que no
han sido castigados, inundan la historia contemporánea de la nación. El
hecho más reciente es el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, que a
un año de la tragedia no ha dado respuestas claras ni castigo a los
culpables.
Sobre el tema, Joaquín Ortega Esquivel,
abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes,
Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) y
participante del movimiento del 68, habló sobre la impunidad que reina
en el país y en cada uno de los casos en donde agentes del Estado son
señalados por actuar en contra de la sociedad.
Al participar en la jornada: “De
Tlatelolco a Ayotzinapa: 47 años de impunidad”, realizada en la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el
jurista, que defiende a los trabajadores de Mexicana de Aviación,
enfatizó que “en México desde hace mucho años se instaló la impunidad
como una norma”. Además, aseguró, “la legislación actual permite que
esta práctica de reproduzca sin freno”.
“Lo que se impuso en el país desde hace
muchos años fue un sistema en el que la impunidad es la norma de
calificación de la conducta de cualquier tipo de servidor público, desde
entonces y hasta el día de hoy el pacto de impunidad subyace en la
estructura jurídica y política del país porque las leyes garantizan ese
pacto de impunidad. No es sólo la conducta de quienes aplican las leyes,
sino las leyes mismas que establecen todo tipo de vías de escape para
que no se investigue, para que no se juzgue a un servidor público, para
que no se castigue ningún crimen, incluso aunque sea crimen de lesa
humanidad”,
Aunado a lo anterior, afirmó que la
base en la que se asienta la impunidad es una estructura de privilegios,
en donde los funcionarios con “alguna cuota de poder” son excluidos de
un sistema de castigo para quien quebranta la ley: “La base en la que
descansa este pacto de impunidad es una estructura jurídica, de
privilegios, que excluye en el tratamiento común que debería tener el
Derecho para todo ciudadano, a todos aquellos que tienen una cuota de
poder, en la que se deposita la confianza del Estado para ganar una
sumisión clientelar del pueblo y una continuidad en el gobierno de las
oligarquías que han gobernado a este país desde toda la vida”,
manifestó.
Ante este escenario, subrayó el papel
que deben adoptar las futuras generaciones. Llamó a los estudiantes de
Derecho a emprender el camino para modificar esta estructura de
privilegios que mantiene la impunidad; “¿y por qué es importante hablar
de esto? Porque estamos en la Facultad de Derecho, y desde la Facultad
de Derecho tiene que salir el impulso para modificar esta estructura de
privilegio que está asfixiando al país, que garantiza el pacto de
impunidad y que garantiza, por lo tanto, la continuidad de los crímenes
que se cometen día a día contra la población civil”, dijo a los
asistentes.
“El movimiento estudiantil debe ser el germen para la transformación”
En su participación, Joaquín Ortega
habló sobre el papel que los movimientos estudiantiles deben jugar en el
actual contexto mexicano. Manifestó que si bien estos espacios siempre
se han caracterizado por ser de denuncia, ahora deben ser los impulsores
de la organización social a nivel nacional. “Los movimientos sociales
han sido un foro de denuncia sumamente importante durante toda la
historia del país, particularmente desde los años 60 hasta la fecha, el
movimiento estudiantil ha sido ese foro inalcanzable de denuncia (…) Si
bien es cierto que los movimientos estudiantiles han sido un permanente
foro de denuncia es tiempo que los movimientos estudiantiles se
conviertan en un semillero de conciencia social y de organización
social”, expuso.
El jurista egresado de la UNAM reiteró
que los movimientos estudiantiles mexicanos deben ser un motor de
conciencia y organización y manifestó la necesidad que el moviento
estudiantil mexicano sea capaz de sumar a la lucha a diversos sectores
de la sociedad, entre ellos el de los trabajadores. Sostuvo que si los
sectores productivos del país no se movilizan, será difícil transformar
el panorama que hoy padece México.
“Quisiera resumir en los siguiente: no
se va acabar la impunidad sino se acaba la estructura jurídica y
política que sustenta la impunidad. No se va a acabar esa estructura
jurídica y política mientras la población no esté organizada para
movilizar, no sólo a los sectores en los que se puede hacer denuncia,
sino los sectores económicos que producen riqueza en el país, los
trabajadores.
Agregó: “hubo un quiebre allá en el
Consejo Nacional de Huelga antes de la marcha del silencio. Recuerdo que
había una polémica entre varios comités en donde nos decíamos que ‘por
qué no como los estudiantes franceses, vamos a buscar a los trabajadores
y en lugar de marchar por reforma, vamos a trabajar a las zonas
obreras’. Esto, hoy, se vuelve una necesidad. Por más marchas que se
organicen, por más acciones públicas que llevemos a cabo, por más
escandalosa que sea nuestra protesta, el país no se va a mover si los
sectores productivos del país no se mueven también. Y para eso, el
movimiento estudiantil puede ser un motor de conciencia y de
organización”, añadió, “hoy esa necesidad es urgente, esa necesidad esta
frente a nuestra nariz, y creo que un germen de organización, un
hermosos germen de organización, de juventud, de rebeldía, de
indignación, puede fructificar en esas formas de organización y
conciencia”, finalizó.
“Buscamos reabrir la investigación”
Para Víctor Guerra,
integrante del Comité del 68, los hechos ocurridos aquel 2 de Octubre en
la Plaza de la Tres Culturas marcaron a México, lo que provocó que de
esa fecha hasta hoy, el país no fuera igual.Guerra reiteró que el Comité
del 68 desde siempre se ha planteado el objetivo de combatir la
impunidad, de buscar la justicia y que se castigue a los responsables
por los ataques de hace 47 años. “En el Comité del 68 hemos planteado
desde siempre que uno de los hechos que debemos buscar a través de
nuestra lucha es el castigo a los responsables de la matanza de aquel 2
de octubre del 68. Pero también es importante decir que no sólo sobre la
matanza hay responsabilidad en muerte, sino también hay responsabilidad
de los 33 compañeros que murieron durante los primeros meses del
movimiento estudiantil, alguno de la prepa 1 y 3 con el bazucazo”, dijo.
El integrante del Comité manifestó
que desde el 68 se ha negado la justicia en el caso. Recordó que en 1998
la PGR aceptó por primera vez una denuncia para perseguir a los
responsables de aquel ataque. “El movimiento no surgió de la nada,
surgió en una sociedad donde el pueblo estaba cansado del autoritarismo,
cansado de la represión policiaca, de la represión a los movimientos;
la sociedad estaba en un descontento social, y el movimiento del 68
canalizó todo ese hartazgo. La Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) lo calificó como genocidio.
Quedó claro que el delito fue genocidio y por eso fue procesado Luis
Echeverría y, además, había otras 53 órdenes de aprehensión contra
otros presuntos responsables que eran de la estructura gubernamental del
68 que no se ejecutaron y a la fecha no se ejecutan”,
Guerra señaló que a 47 años de los
hechos, el Comité del 68 buscará que se reactiven las investigaciones y
los procesos que están pendientes. Para ello pidió a los estudiantes con
conocimiento de derecho que se unan para emprender esta nueva lucha.
“Desde la PGR, a través de la Fiscalía
encargada de este asunto, a la fecha no mueve un dedo para seguir las
investigaciones ni para ejecutar la ordenes de aprehensión que están
pendientes por los sucesos del 2 de octubre. Desde el comité del 68 se
está trabajando con la finalidad de exigir que se reabran los juicios
contra Luis Echeverría y de los 53 acusados que no han sido ejecutadas
las ordenes de aprehensión, por ellos pedimos el apoyo de todos los
conocedores del derecho para que sumen al comité y con el derecho al
servicio de la justicia se pueda apoyar para poder enjuiciar a los
criminales del 2 de octubre del 68”, finalizó.
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