Agente del MP amenazó con llevarla a prisión; Ss la regaña
La
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Chiapas (Ddeser)
denunció que una joven mujer hospitalizada fue amenazada por un agente
del Ministerio Público (MP) de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chiapas (PGJE), con abrirle un proceso penal por el delito de
aborto, luego de que tuvo complicaciones con sus cinco meses de
embarazo.
La Ddeser, organización civil que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, lanzó una alerta a favor de la joven trabajadora que fue internada de emergencia en el Hospital Regional Rafael Pascacio Gamboa, y también amenazada por un agente del MP con abrirle un proceso penal y llevarla a prisión “por el delito de aborto”.
Con sus cinco meses de embarazo, Isaura “N” tuvo fuertes dolores y sangrado que la obligaron a internarse de emergencia.
Tras la visita del agente del MP Jesús Martínez Ávila, la joven se asustó y lloró por las consecuencias legales que esto podría traerle. Ella rechazó haber provocado el incidente y que al contrario esperaba el parto.
Amigos y familiares pidieron apoyo a la Ddeser y a la organización Iniciativa Feminista, cuyos integrantes de inmediato intercedieron por ella y abogaron por su salud, de igual forma pidieron un alto al acoso judicial de la PGJE.
Ángeles Salinas, de Ddeser, y Selene Domínguez, de Iniciativa Feminista, lanzaron una campaña en redes sociales para frenar el acoso judicial, y exigir la intervención de la Secretaría de Salud estatal para salvaguardar la integridad física de la joven. En la defensa jurídica también intervino el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Fue hasta que se hizo pública la campaña, que el secretario de Salud (Ss) de Chiapas, Francisco Javier Paniagua Morgan, envió a la abogada Raquel Ramírez Alfaro para valorar a la joven que fue intervenida, para garantizar su salud e integridad física. La propia funcionaria recriminó a la paciente por “el escándalo en las redes sociales”.
Fue así también como el agente del MP dejó de acosar judicialmente a la mujer.
En su más reciente campaña de este lunes 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, Ddeser exigió la despenalización del aborto en Chiapas.
La Red condenó la criminalización que se hace en el Código Penal estatal de la interrupción del embarazo, y que ante la realidad que viven miles de mujeres en la entidad resulta inadmisible.
“Como ha quedado demostrado tanto en nuestra propia entidad como en diversos países, la prohibición y criminalización de la interrupción del embarazo es una medida contraproducente, pues lejos de prevenir el aborto inseguro, genera su incremento ante la persistencia de una cultura patriarcal que se opone al uso de anticonceptivos, y la elevada incidencia de abusos sexuales contra mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, que suelen presentar embarazos y son abandonadas a su propia suerte”, dijo Ddeser.
Agregó que las adolescentes y las indígenas constituyen dos grandes grupos poblacionales que viven bajo el abandono de las instituciones, sin acceso a una educación sexual científica, laica y eficiente, ni a una verdadera disponibilidad de métodos de control natal.
Advirtió que el Congreso del estado está obligado a demostrar con acciones su compromiso con los derechos de las mujeres y a cumplir el Consenso de Montevideo, que llama a las instituciones a impulsar leyes, normas, estrategias y políticas públicas con el objeto de eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, así como la incorporación de medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro.
“Por estas razones, exigimos la despenalización del aborto en nuestra entidad y que el Congreso obligue al Poder Ejecutivo local a implementar políticas públicas eficientes de educación sexual, así como ampliar la disponibilidad de métodos anticonceptivos, sobre todo entre adolescentes, jóvenes y mujeres indígenas”, dijo la Red.
Los artículos 178, 179 y 180 del Código Penal de Chiapas penalizan el aborto. Se estipula que “comete el delito de aborto el que, en cualquier momento de la preñez, cause la muerte del producto de la concepción aunque ésta se produzca fuera del seno materno, a consecuencia de la conducta realizada”.
También se responsabiliza a “médicos cirujanos, comadronas o parteras, enfermeras y demás personas que intervengan en la práctica del aborto, con consentimiento de la pasivo o la induzcan a otorgarlo”. La pena va de uno a tres años de prisión, “con suspensión de la profesión, cargo u oficio, por el término de la duración de la pena”.
El artículo 181 del Código Penal chiapaneco señala que “no es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, si éste se verifica dentro de los 90 días a partir de la concepción o cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del médico que la asista, oyendo el dictamen de otros médicos especialistas, cuando fuere posible y no sea peligrosa la demora”.
Por: Isaín Mandujano
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.-
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