En las audiencias con la Comisión estarán en la mesa las reiteradas denuncias sobre las violaciones al derecho a la intimidad y protección de datos personales.
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Del 28 de septiembre al 2 de octubre el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza su visita in loco
en nuestro país para verificar la situación de las víctimas a las que
se les han violado sus derechos humanos, además de entrevistarse con
instancias del Estado mexicano también visitarán los estados de
Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Veracruz.
De acuerdo con un comunicado oficial de esa instancia, revisará las
condiciones sobre inseguridad ciudadana, ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, tortura, acceso a la justicia de víctimas y la
situación de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Además también se reunirán con los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la propia CIDH, que
recientemente han dado a conocer el polémico informe sobre los hechos
en Iguala, Guerrero, sobre la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, y que devela una gran cantidad de inconsistencias,
omisiones y manipulación de pruebas por parte de la Procuraduría
General de la República y otras instancias, que impiden de manera
flagrante el acceso a la justicia por parte de las víctimas y el
derecho a la verdad al que tenemos como sociedad, pues esos hechos nos
agravian y nos lastiman profundamente, como quedo de manifiesto en la
multitudinaria marcha del pasado sábado a un año de la masacre.
La visita del Pleno de la Comisión nos indica que hay una seria
preocupación del máximo órgano hemisférico de derechos humanos por la
situación de éstos en nuestro país, de acuerdo a su informe[1]
en 2014 recibió 500 denuncias de violaciones superando a todos los
países del continente americano, cerca está Colombia con 396[2].
Libertad de expresión uno de los focos rojos
Prolíficos serán los informes que las organizaciones sociales del
país entregarán a la CIDH en materia de libertad de expresión, entre
los más graves son las agresiones y asesinatos de periodistas que nos
ubican como el país más peligroso para ejercer la labor periodística de
acuerdo a las organizaciones internacionales de libertad de prensa, el
caso más reciente y con más visibilidad pública fue el del
fotoperiodista Rubén Espinosa. Aunque se han creado leyes y mecanismos
para su protección, lo cierto es que más del 90 por ciento de los casos
se encuentran en la impunidad.
Tampoco hay una respuesta institucional eficaz para el
desplazamiento forzado de periodistas y personas defensoras de derechos
humanos hacia lugares como la Ciudad de México para salvaguardar su
vida e integridad física, la ausencia de apoyos en estos casos son más
que evidentes.
Si bien esa es la forma más extrema de violación no es la única que
afecta a la libertad de expresión. También están los múltiples intentos
por parte de autoridades locales para limitar la protesta social,
mediante iniciativas que tienen como fin reprimirla, como son los casos
de las denominadas Ley bala en Puebla, la Ley de Movilidad Social en la
Ciudad de México, la Ley antimarchas en Quintana Roo, entre otras, con
la intención de cerrar la única vía que tienen los grupos ciudadanos
carentes de poder para protestar ante lo que consideran la violación de
sus derechos.
El asunto no es menor, pues si la ciudadanía está excluida de
informar y expresar se cancelan condiciones básicas para participar en
la vida pública y no puede manifestarse para que el gobernado escuche
la expresión colectiva para reparar agravios, así la libertad de
expresión se vuelve en un medio de acción y control de los ciudadanos
sobre sus gobernantes.
Como bien afirma el teórico de la democracia Bernard Manin, aunque
la relación entre libertad de opinión y el carácter representativo de
gobierno no es evidente, generalmente ésta se interpreta como una
libertad negativa para evitar una injerencia del gobierno, pero nos
recuerda que desde la Primera Enmienda en la constitución de Estados
Unidos reconoce la expresión individual y también la colectiva
que altera su peso político: los gobiernos pueden no tomar en cuenta
expresiones individuales dispersas pero es distinto cuando son
colectivas y grandes.
Las medidas coercitivas de manera desproporcional y arbitraria
generan inhibición de la participación y exigencia de derechos, por eso
es tan importante garantizar el derecho a la crítica y a la protesta
social, que finalmente se vuelve en un mecanismo de control ciudadano
sobre el poder público. Este hecho se constata con las manifestaciones
ciudadanas por los 43 normalistas, cuyo objetivo es mandar un mensaje
claro al gobierno: la exigencia de justicia.
Además en las audiencias con la Comisión estarán en la mesa las
reiteradas denuncias sobre las violaciones al derecho a la intimidad y
protección de datos personales por los artículos 189 y 190 de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la discrecionalidad y
excesivo gasto en publicidad oficial que termina afectando no solamente
la libertad de expresión, sino también otros derechos sociales y
económicos; así como otros temas de origen más estructural como son la
concentración mediática, que tiene efectos en todos los ámbitos del
ejercicio de la libertad de expresión y que genera desigualdad en la
información teniendo como uno de sus resultados una desigualdad en la
capacidad de influencia y, que finalmente, se concreta en una
desigualdad de poder político entre los que pueden acceder a los medios
y las grandes mayorías que están excluidas de ellos.
aleida.calleja@gmail.com
[1] http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/indice.asp
[2] http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html
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