El derecho a decidir de las mujeres, condenado en Guerrero

   COLUMNA INVITADA
Por: Lizeth Nayeli Rodríguez Flores*

Ayer lunes se conmemoró el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y el pasado 26 de septiembre fue el Día Mundial del Embarazo No Planificado en Adolescentes.

Tras el proceso que vivió Guerrero en 2014 con la iniciativa de reformas para ampliar las causales de aborto, denominada “Por una maternidad libre y segura”, que el 5 de mayo de ese año el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, presentó al Congreso local, consideramos pertinente reflexionar sobre la situación de acceso al aborto legal en la entidad.

A nivel nacional hay ocho causales para la interrupción legal del embarazo (ILE); de éstas, el Código Penal de Guerrero en su artículo 159 contempla cuatro excluyentes de responsabilidad: I. Violación o inseminación artificial no consentida; II. Peligro de afectación grave a la salud de la mujer; III. Alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto, y IV. Por una conducta culposa de la mujer.

La causal salud fue incorporada recientemente y publicada en el Periódico Oficial del gobierno de Guerrero el 1 de agosto de 2014, producto de las exigencias de organizaciones sociales y feministas de la entidad, ya que el aborto se considera la segunda causa específica de hospitalización y la cuarta causa de muerte materna.

Las causales de aborto que no incluye Guerrero son: peligro de muerte de la mujer; causas económicas graves, y por voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación; éstas tienen mayor incidencia en la vida y la libertad de las mujeres.

Para el acceso a la ILE, en septiembre de 2010 se aprobaron los Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud Relacionados con la ILE, pero el acceso al aborto legal sigue siendo letra muerta.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar –en respuesta a la solicitud de información número 00103315– , de 2011 hasta la fecha, ocho mujeres solicitaron una ILE, y sólo a seis se les autorizó interrumpir su embarazo. La mitad fueron autorizadas este año y 67 por ciento, es decir cuatro, eran niñas de entre 12 y 14 años de edad.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que 19.9 por ciento de los nacimientos registrados son de adolescentes; por ello, en 2013 Guerrero ocupó el sexto lugar nacional, sin embargo en niñas menores a 15 años esta posición se incrementa.

Estas cifras son alarmantes, pues detrás de estos embarazos en niñas y adolescentes hay una serie de abusos y violaciones a sus Derechos Humanos, las cuales en su mayoría quedan impunes.

Para el acceso efectivo a los servicios de aborto legal y seguro existen barreras sociales, culturales, económicas y estructurales; entre éstas destacan: la falta de información y acceso a métodos anticonceptivos, la baja autoestima, miedos, estigmas, roles y estereotipos alrededor del ejercicio de su sexualidad, la violencia intrafamiliar; la falta de perspectiva de género y Derechos Humanos de servidores públicos, de funcionarios que impulsan los programas y servicios públicos, y de diputados que tendrían que estar legislando a favor de los derechos ya ganados, y a la intromisión de la Iglesia en decisiones públicas y privadas.

Aunado a ello, la criminalización del aborto, que contempla una sentencia de uno a tres años de prisión. No obstante, varias mujeres que son encarceladas por abortos espontáneos (no se trata de un delito) son procesadas por homicidios en razón de parentesco, con sentencias de hasta 32 años de prisión.

Los casos de criminalización por aborto más recientes y conocidos públicamente por la intervención de grupos de Derechos Humanos son los de Adriana, Claudia, Virginia y Miriam.

Adriana estuvo casi ocho años en prisión, su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, que determinó que su proceso estuvo plagado de irregularidades y resolvió su inmediata liberación.

Claudia pudo quedar libre el mismo año que la detuvieron; Virginia estuvo cerca de cinco años en la cárcel y Miriam, de acuerdo con el comunicado emitido el pasado 17 de septiembre por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, lleva siete años y 10 meses en prisión.

Cabe mencionar que las cuatro mujeres criminalizadas por aborto espontáneo tienen en común el hecho de ser mujeres, jóvenes, pobres, ser indígenas y/o monololingües en el momento que fueron detenidas.

Actualmente, son 24 mujeres las que están encarceladas por un delito de homicidio en razón de parentesco y de éstas, nueve son menores a 30 años de edad y 10 están en proceso de sentencia (solicitud número 00074715).

Aunque todavía no sabemos cuántas fueron acusadas por aborto espontáneo, deducimos que también un porcentaje alto fueron víctimas de violencia intrafamiliar, ya que por razones de género una mujer llega a cometer este tipo de delito en defensa propia o de forma accidental. Son en realidad una tragedia social por razones de género, edad, raza y clase.

Asimismo, a partir del proceso para ampliar las causales de ILE en Guerrero, además de protestas y declaraciones de grupos opositores, la Iglesia católica conformó “comités parroquiales en defensa de la vida del no nacido”, y el último jueves de cada mes realizan misas por “los bebés por nacer, los papás, la familia y la vida”.

Igualmente, durante el pasado proceso electoral llamaron a sus feligreses a votar por quienes sigan esos preceptos. Si bien existe una ley que ampara la libertad de creencia y organización, ésta debe basarse en el principio de no discriminación, ya sea por género, edad, condición social, religión, opiniones, de laicidad y del principio pro persona, que tiene que ver con la garantía del más alto nivel de protección de derechos, incluso si dicho derecho está más protegido por los pactos internacionales.

Cabe agregar que a principios de este mes, el Papa Francisco –a través de una carta– facultaba a todos los sacerdotes a otorgar el perdón a mujeres arrepentidas que aborten; ello representó un gran revuelo que puede verse como un avance, pero nuevamente son discursos que pretenden condenar a las mujeres y mantener el orden patriarcal de la jerarquía católica, por lo que una de las tareas y retos pendientes que tenemos como sociedad civil es desmontar estigmas y tabús alrededor de las mujeres que abortan, y promover mecanismos de participación que faciliten el ejercicio pleno del derecho a decidir.

De lo contrario se generará mayor violencia y restricción del ejercicio de los derechos de las mujeres, lo que se traducirá en brechas de género y desigualdad social.

También un elemento jurídico que nos queda, además de los amparos para tener acceso a las ocho causales, es la denuncia, sanción y mecanismos de no repetición por las violaciones de derechos, de lo contrario, el derecho a decidir seguirá siendo letra muerta en Guerrero y varias entidades del país.
 
*Integrante de la asociación civil Comunidad Raíz Zubia, en el estado de Guerrero.
 

CIMACFoto: César Martínez López

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