Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada por su pareja Bernardo
López, y por su cuñado Isidro, “El Matute”, enfrente de sus hijos de
cinco, cuatro y dos años de edad, pero a 13 años del crimen ninguno ha
recibido sentencia, no hay peritos disponibles para validar el asesinato
y el Estado no responde aún a la Comisión Interamericanas de Derechos
Humanos cuál es la situación del caso.
El crimen, cometido un 12 de febrero de 2004, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, durante el gobierno de Arturo Montiel, fue denunciado por la madre de Nadia, Antonia Márquez, pero desde el inicio la investigación estuvo llena de irregularidades y Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinó que la mujer “se había suicidado”, tras recoger el cuerpo de Nadia del cuarto de baño de su casa y con una soga al cuello que habían colocado los asesinos.
Ante la falta de investigaciones, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la familia de Nadia presentaron en octubre de 2010 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En agosto de 2016 ésta le otorgó un plazo de tres meses al Estado mexicano para informar la situación en la que se encontraba el caso. Hasta el momento, vencido el plazo, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta, informó en entrevista para Cimacnoticias, Viviana Muciño, hermana de Nadia.
La CIDH pidió al Estado mexicano informar sobre las acciones que se llevaron a cabo ante las denuncias previas que Nadia interpuso contra Bernardo en 2003, cuando este la golpeó y privó de su libertad durante seis días.
Asimismo pidió la revisión de la investigación contra Isidro “El Matute”, quien fue puesto en libertad el 5 de febrero del 2010 por los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Edomex “al no acreditarse el cuerpo del delito”.
Los magistrados adscritos a esta Sala, Alfonso Velázquez Estrada, Gloria Guadalupe Acevedo Esquivel y Rodolfo Antonio Becerra Mendoza, cuentan desde 2010 con una demanda por esta decisión, que aún sigue en pie.
Lo mismo ocurre con la denuncia en contra de los entonces funcionarios de la PGJEM, Emmanuel Vilchis Sandoval, Armando Lozano Coronel, Michel Aceff Sánchez, Jorge Riego Vázquez y José Escárcega Hernández, por las irregularidades y posibles delitos cometidos en la investigación del homicidio de Nadia.
“Sabemos que los tiempos de la Comisión son muy tardados, pero era la única opción que nos quedaba, porque no podíamos dejar de que el asesino de mi hermana estuviera libre, esperamos que la Comisión diga que este juicio no se llevó bien a cabo y se tiene que volver hacer”, comentó Viviana.
UN JUEGO PERVERSO
La madre Nadia, María Antonia Márquez, quien se ha convertido en investigadora y activista a raíz del asesinato, no ha dejado en ningún momento de reclamar justicia para su hija, por lo que en 2005 logró que se ampliaran las investigaciones para comprobar que Nadia no se había suicidado, sino que había sido asesinada por su pareja.
Sin embargo, Bernardo López está sin sentencia desde 2012, cuando fue detenido por la PGJEM, pues el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México aún no cuenta con los peritos necesarios para dictaminar que Nadia no cometió suicidio. “Me dijeron que tendrá que pedirlos a la Secretaria de Salud, dijo Viviana Muciño, “y nosotros le estamos pidiendo al Tribunal que sea una especialista, no necesitamos cualquier doctor o doctora”.
Hasta el momento la familia ha asistido a seis audiencias y faltan dos con peritos especializados en medicina legal y criminalística para dictaminar la sentencia. Sin embargo, el Tribunal sigue difiriéndolas por la falta de este personal, al mismo tiempo que tres peritos han renunciado al caso y no sabemos por qué, añadió Viviana.
“Seguimos en lo mismo -lamenta la hermana de Nadia-, es un cansancio que se sigan difiriendo las audiencias. Ya llevamos 13 años de lucha constante que tenemos con el Estado mexicano, se tocan puertas, no te hacen caso, te mandan de un lado para otro, mi mamá lo que dice es que la Procuraduría tiene un juego perverso, ellos lo que quieren es el cansancio de todos los familiares para abandonar el caso”.
IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACIÓN
El caso de Nadia, han señalado durante más de una década sus familiares y abogados, es muestra de las anomalías que persisten en las averiguaciones. Desde el momento que las autoridades de la PGJEM recogieron el cuerpo, omitieron recaudar las pruebas de crimen; no resguardaran los objetos de la escena, tampoco hicieron una inspección completa del lugar y mucho menos tomaron fotografías del crimen, sólo del cuerpo de Nadia.
Al marcharse, no cerraron la puerta, ni se aseguraron de resguardar el lugar. El 26 de febrero de 2004 las autoridades regresaron a la casa para hacer una ampliación de la Inspección Ministerial, pero no pudieron ingresar a la casa, pues la chapa había sido cambiada y se percataron que varios objetos habían sido quemados.
SIN CASTIGO
Viviana relató que su familia no dejará de luchar hasta encontrar justicia para su hermana, “no podemos dejar que al menos el nombre de mi hermana se quedé así, no podemos dejar que digan que mi hermana se suicidó, porque no fue así. Queremos que esas personas que la asesinaron sean condenadas, no puede ser que ellos queden libres y hagan los mismo con otras personas”.
Los hijos y la hija de Nadia, ahora tienen 18, 17 y 15 años de edad. Ellos van a terminar la preparatoria, esperan ir a la universidad, y ella está a punto de ingresar a la preparatoria, comentó Viviana.
Ninguno recibe el beneficio de alguna beca, ni tienen seguridad social, por lo que Antonia, su abuela, y otros familiares cubren el costo de las terapias que reciben desde que fueron testigos del asesinato de su madre y que les dejó secuelas. “Hay que buscar el apoyo de organizaciones para que ellos estén bien, esperemos que sigan con la universidad”, dijo Viviana.
En 2011, María Antonia vendió su casa en el municipio de Nicolás Romero, bajo la promesa de que se le entregaría crédito para una vivienda para ella y su familia, pero nunca obtuvo los recursos y tuvo que cambiarse tres veces de domicilio ante las amenazas que recibió de la familia de Bernardo López.
María Antonia sigue con sus trabajos de costura y bordado con que se gana la vida, y sigue luchando por justicia para su hija. Su otra hija, Viviana Muciño es ahora integrante del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem), que monitorea los casos de feminicidio en la entidad y acompaña a familiares de las víctimas. “No quiero ni una asesinada más, ni una Nadia más”, dice.
El Observatorio informó que en 2016 hubo 263 casos de posibles feminicidio en el Estado de México, y en lo que va del año han contabilizado 17.
Antonia Márquez, madre de Nadia. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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