La Jornada
Ayer, pocas horas
después de que el líder de la Confederación de Cámaras Industriales,
Manuel Herrera Vega, pidió ante el presidente Enrique Peña Nieto detener
los incrementos de los energéticos, la Comisión Federal de Electricidad
informó de un nuevo tarifazo de entre 6.4 y 8.4 por ciento
para el sector industrial, de entre 3.8 y 5.8 por ciento para el
comercial y de 3.8 por ciento para el uso doméstico de alto consumo.
Todo ello, con el telón de fondo de las continuadas protestas sociales
por el gasolinazo del primer día de este año y del que está previsto para el sábado próximo.
El hecho es que en momentos en que el gobierno federal emite llamados
a una unidad nacional –ciertamente necesaria ante las agresivas medidas
antimexicanas que está adoptando la administración Trump y la
belicosidad que caracteriza al nuevo gobierno de Estados Unidos en
contra de nuestro país–, la reforma energética, la política vigente en
el sector y la aplicación de las reformas de diciembre pasado a la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) han traído
consecuencias contrarias a la deseada unidad del país. Más bien, han
ahondado la fractura ya existente entre la sociedad y la clase política,
han multiplicado el malestar social, han achicado los márgenes de
gobernabilidad, de por sí delgados, y han introducido en el
comportamiento económico un innegable factor inflacionario.
En tales circunstancias sería deseable que las autoridades
fueran capaces de comprender la necesidad de emprender un viraje en el
manejo de los energéticos porque, de mantenerse el rumbo actual,
difícilmente será posible recuperar la confianza de la población en el
gobierno, y mucho menos edificar la unidad nacional que el momento
exige.
Es cierto que el lunes pasado el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que
se revisa las viabilidadde suspender el incremento del mes en curso
a
las gasolinas; es cierto, asimismo, que la dependencia de las
importaciones de combustible impulsa esas alzas. Por ello, no hay
soluciones fáciles ni inmediatas, y se requiere, en cambio, un gran giro
de rumbo en la política energética que empiece por reconocer la
necesidad de construir refinerías en el territorio nacional.
Es tiempo de reconocer también que las reformas energética y a la ley
del IEPS se han traducido en un enorme perjuicio a la inmensa mayoría
de los ciudadanos –asalariados, campesinos, pequeños y medianos
empresarios, informales, profesionistas– y que sólo arrojan utilidades
para un pequeño grupo de contratistas y concesionarios.
La crisis de las relaciones bilaterales con Estados Unidos demanda,
hoy más que nunca, un país cohesionado en lo interno y unificado en
torno a una política económica de claro beneficio para las mayorías. La
rectificación es necesaria.
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