CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante muchos años la corrupción y los abusos de poder de la clase política mexicana han minado la credibilidad y confianza ciudadana en todas las representaciones de autoridad y gobierno. Al mismo tiempo, han creado las condiciones propicias para permitir la proliferación de los peores gobernantes, y también la multiplicación del crimen organizado, factores que han roto el tejido social.
Esta situación genera graves riesgos de inestabilidad social e ingobernabilidad en un contexto de crisis interna a la que ahora se añade el factor Donald Trump, que ha cimbrado al débil gobierno de Enrique Peña Nieto y ha generado incertidumbre y temor entre la sociedad mexicana.
El distanciamiento entre la llamada clase política y la sociedad civil es más que evidente y se debe, sobre todo, a la corrupción que ha prevalecido entre gobernantes, autoridades e integrantes de todos los partidos políticos. También a los abusos de poder que han cometido con toda impunidad, enriqueciéndose ellos y sus familias, o ligándose a empresarios y a grupos criminales, en este último caso creando una nueva forma de gobierno que es el narco Estado.
Corrupción y abusos de poder es el binomio que provocó la derrota del PRI en siete de 12 estados en 2015 y que probablemente hará lo mismo en 2018. También es lo que ha ocasionado las últimas manifestaciones en todo el país a raíz del aumento de la gasolina, que aminoraron temporalmente por la estrepitosa llegada de Trump a la Casa Blanca anunciando la construcción de un muro fronterizo, la cancelación del TLC, la expulsión de millones de indocumentados y la imposición de aranceles a los productos mexicanos que ingresan al mercado estadunidense.
Este enojo social acumulado también alcanza a cierta parte de la prensa y algunos periodistas que igualmente se han vuelto cómplices de la corrupción y son favorecidos por los abusos del poder al dedicarse a vender su pluma al mejor postor. Ayer al PAN, cuando arribó al poder presidencial; hoy al PRI, que regresó a Los Pinos, y mañana a quien gane la elección de 2018.
La corrupción ha tenido un costo económico gigantesco para el país. En México las pérdidas económicas por la corrupción equivalen a 10% del PIB nacional, es decir, 920 mil millones de pesos, según estimaciones que el año pasado hizo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En tanto, la impunidad en la clase política y gobernante es el motor que ha propiciado el crecimiento de la violencia en todo el país, pues al no aplicarse la justicia para gobernantes y autoridades corruptas, se da una señal a los criminales de que pueden hacer lo que quieran sin que los alcance la justicia.
Y en vísperas de los comicios de 2018, cuando se elegirá al nuevo Presidente de la República y se renovará el Congreso, 12 gubernaturas, 388 diputaciones locales y 965 ayuntamientos, la corrupción que no se acaba y la impunidad que persiste en la clase política son bombas de tiempo que pueden estallar en movimientos sociales organizados o espontáneos.
Los conflictos sociales en el país no han disminuido y se extienden a otros ámbitos. El año pasado, Víctor Toledo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enumeró 420 conflictos socioambientales, la mayoría relacionados con minería, energía y agua en comunidades campesinas e indígenas del país.
Por otro lado, basado en datos oficiales, el reportero de la revista Proceso, Arturo Rodríguez, reportó 256 conflictos sociales sin resolver, que van desde guerrillas hasta protestas mineras, guardias comunitarias a paramilitares, y movilizaciones estudiantiles a desaparición de activistas.
Esto es lo que hay detrás de lo que el presidente Peña Nieto llamó “mal humor social”, y que en un contexto de crisis estructural puede derivar en estallidos sociales.