La Jornada
La Consejería Jurídica
de la Presidencia de la República interpuso ayer una controversia
constitucional en contra del Legislativo por ocho artículos de la Ley
Federal de Telecomunicaciones (LFT), promulgada en julio de 2014,
argumentando que las disposiciones mencionadas invadirían facultades
constitucionales exclusivas del Ejecutivo en materia de regulación de la
libertad de expresión. Asimismo impugnó los Lineamientos Generales
sobre la Defensa de las Audiencias, emitidos por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Ifetel) en diciembre pasado, por considerar que se
basan en los ocho artículos motivo de la querella.
De manera simultánea el Senado presentó ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra
del Ifetel alegando que con los lineamientos mencionados esa institución
autónoma violó la esfera de competencia del Congreso de la Unión y
vulnera los derechos humanos y la libertad de expresión.
Según el organismo legislativo, que el Ifetel obligue a los medios
electrónicos a advertir de manera expresa y clara cuándo emiten alguna
opinión y cuándo están leyendo información, a expedir códigos de ética,
garantizar la libertad de expresión, programática y libertad editorial y
a evitar cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos
impone obligaciones ineficientes que violentan el derecho humano a la libertad de expresión, las cuales
hacen ineficiente la prestación del servicio público de radiodifusión, televisión y audio restringidos.
Llama la atención, en primer lugar, la sincronía de las
controversias constitucionales presentadas por poderes independientes,
pero también la manera tardía en que la Presidencia impugna una ley
promulgada hace 30 meses. Es difícil de entender, por otra parte, que el
Poder Ejecutivo se limite a señalar un vicio de forma en la LFT, la
cual, paradójicamente, es producto de la reforma de telecomunicaciones
operada por el gobierno peñista.
Más allá de los vericuetos legales de las controversias
constitucionales presentadas, es claro que los lineamientos del Ifetel
constituyen un paso en la dirección de acotar el formidable poder de
distorsión que aún ostentan los medios electrónicos y sus
concesionarios, así como su capacidad de incidir a trasmano en procesos
electorales transformando el ejercicio mediático en un poder político de facto.
En tales circunstancias es necesario que la opinión pública tome
cartas en el asunto y se esfuerce por comprender lo que está en juego
–nada menos que sus derechos en tanto que televidentes y radioescuchas–
en los procesos jurídicos iniciados ayer.
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