Por Irfan Ahmed
Manifestantes
protestan afuera del Cliba de la Prensa de Lahore, capital de la
provincia de Punyab, en Pakistán el 12 de julio de 2016 en relcamo de
justicia para las víctimas de violencia sexual. Crédit: Irfan Ahmed/IPS.
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La Asamblea legislativa de la provincia de Sind hizo obligatorio el
análisis de ADN para los casos de violación en el marco de las reformas
realizadas en Pakistán para reforzar las leyes contra la agresión sexual
y los asesinatos por honor.
La
aprobación de la norma sigue al votó unánime con que el Parlamento
nacional aprobó las reformas para eliminar los vacíos legales del
sistema de justicia penal y aumentar las condenas en los casos de
violación.
Durante mucho tiempo, los acusados se veían
beneficiados por la necesidad de presentar testigos y evidencia
circunstancial en los casos de violación, y el número de condenas era
despreciable en este país.
Las condenas
en Pakistán representan menos de cuatro por ciento de los casos de
violación, lo que generó protestas de la población y la aprobación de
reformas legales.
La nueva norma nacional, Ley Antiviolación, que también habilita la evidencia de ADN, da un plazo de tres meses para emitir los veredictos y de seis meses para apelar.
El
texto de la ley también permite los juicios a puertas cerradas y el uso
de tecnología para registrar el testimonio de las víctimas y de los
testigos con el fin de evitar la humillación de las primeras, una de las
razones por las que ellas y sus familias no llevaban el caso a la
justicia.
Otro de los asuntos importantes que introduce la norma
es que procura proteger la identidad de la víctima en los medios. Las
personas que violen la privacidad de las demandantes podrán sufrir hasta
tres años de cárcel y multas.
Los medios de comunicación han sido criticados por revelar los nombres de las víctimas y, a veces, hasta publicar su fotografía.
Fauzia
Viqar, presidenta de la Comisión de Punyab sobre el Estatus de las
Mujeres (PCSW, en inglés), dijo a IPS que la ley requiere que la policía
reúna las pruebas en presencia de una mujer policía.
También se
recomiendan medidas estrictas para los casos de violación en custodia
policial. Además, las conductas pasadas de la víctima y su relación con
el agresor no implicarán el consenso al acto sexual, precisó.
Casos “mal manejados desde el principio”
Amina
Bibi, de esta provincia de Punyab, fue violada el 5 de enero de 2014
por cuatro hombres que quedaron en libertad bajo fianza. Desesperada, la
adolescente de 18 años se inmoló fuera de la comisaría el 13 de marzo y
murió a causa de las heridas al día siguiente.
La Corte Suprema
de Pakistán actuó en el caso y pidió una investigación policial, que fue
presentada el 21 de abril y que decía que Amina no había sido violada.
Pero el informe no satisfizo al alto tribunal que lo descartó porque,
entre otras cosas, no pudo encontrar otra razón para el suicidio de la
adolescente.
El caso de Amina puso en evidencia el drama que viven
las miles de víctimas de violación en este país por las fallas del
sistema de justicia penal, las inhibiciones socioculturales, las
actitudes negativas de los investigadores, los problemas de la policía
para reunir las pruebas y la humillación que sufren en los tribunales.
La
Oficina Nacional de Policía (NPB, en inglés) señala que las denuncias
por violación ascienden a unas 3.000 al año, y se registraron 3.173 en
2012 y 3.164 en 2013. Sin embargo, las condenas representan menos de
cuatro por ciento, según la organización no gubernamental Guerra contra
la Violación (WAR, en inglés.)
“Una de las razones de que haya tan
pocas condenas es que los casos de violación se manejan mal desde el
principio”, explicó el abogado Asad Jamal, representante de varias
víctimas, en diálogo con IPS en Lahore, capital de Punyab.
La
policía no recoge la evidencia científica en los casos de violación ni
sabe cómo registrar las declaraciones de las víctimas traumatizadas,
denunció Jamal, quien ejemplificó con un caso en el que trabaja
actualmente en que los oficiales ni siquiera guardaron la ropa que
llevaba la víctima durante la agresión sexual.
En el caso de Amina
Bibi, la policía no había realizado las pericias forenses
correspondientes en tiempo y forma ni los análisis de ADN, lo que llevó
al ministro jefe de Punyab, Shahbaz Sharif, a suspender a varios
oficiales de alto rango y a ordenar la detención de otros.
A veces
la policía insiste en registrar nombres de testigos falsos para dar más
solidez al caso, contó Jamal, pero es una práctica que termina
beneficiando al agresor, en especial en las instancias de apelación.
“Lo
ideal es que la evidencia del ADN y las pruebas científicas sean
suficientes para condenar al imputado, pero por desgracia, la justicia
depende demasiado en testigos para la evidencia primaria”, se lamentó
Otro
asunto determinante, apuntó Jamal, es que las víctimas de violación
suelen pertenecer a sectores desfavorecidos de la sociedad y los
agresores, a los más poderosos.
Los datos revelan que las niñas de entre nueve y 19 años de familias de bajos ingresos son las más vulnerables a la violación.
“Por eso aumenta el número de trabajadoras domésticas violadas”, acotó.
El
fundador de la Línea de Ayuda Nacional Madadgar para mujeres y niños,
Zia Awan, dijo a IPS: “El número de denuncias de violación en Pakistán
es apenas una fracción del número real”.
Awan recibió un gran
número de llamadas de mujeres indecisas sobre si denunciar o no una
violación o que permanecen calladas para evitar la humillación y un
estigma de por vida. La impunidad de los violadores y el calvario que
sufren las víctimas hacen que estas no recurran a la justicia, explicó.
“La
actitud vergonzosa de la sociedad, de la policía y de los abogados
hacia las víctimas es el mayor obstáculo a la hora de hacer justicia”,
se lamentó el abogado Faisal Siddiqui, de Karachi, capital de Sind.
Una
clienta víctima de violación necesitó terapia psicológica durante dos
años después de presentarse en la justicia para las repreguntas, indicó.
El abogado defensor le preguntó hasta los detalles más insignificantes,
haciéndole revivir el traumático incidente una y otra vez.
Fuentes
allegadas a investigaciones sobre casos de violación dijeron a IPS que
las costumbres socioculturales hacen que la policía atribuya la culpa en
las denunciantes y busque probar que son mujeres de baja moral. Su
percepción es que una mujer “realmente” violada no realizaría la
denuncia por vergüenza y por temor a la humillación pública.
Además,
antes, si la víctima tenía algún tipo de relación con el agresor, y
consideraban que tenía actividad social o un estilo de vida “moderno”,
la policía se inclinaba a creer que la denuncia era falsa.
El
abogado de Lahore, Shahid Ghani, recordó que antes “cuando un hombre era
procesado por violación o por intento de agresión sexual, podía ser un
indicio de que la fiscal tenía un carácter inmoral”.
Además, Ghani
señaló que había una norma que permitía revisar la historia de la
víctima para probar que no era inocente o que tenía una vida sexual
activa.
El proyecto Policía con Respuesta de Género, lanzado por
la agencia de desarrollo alemana GIZ con NBP, hizo que muchos dirigentes
se dieran cuenta de la necesidad de más mujeres policías para atender
los casos de violación.
Ali Mazhar, responsable de comunicaciones
de GIZ, dijo a IPS que muchas mujeres policías había recibido
capacitación para atender los casos de violación.
El programa
también prevé la creación de unidades de denuncias para mujeres en las
comisarias, donde las policías reciben a las denunciantes en un entorno
sin acoso ni miedo.
Traducido por Verónica Firme
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