“No facilitar la simulación de la consulta” dicen personas defensoras
La
defensora de la tierra Bettina Cruz, de la comunidad binni’zaa en
Juchitán, Oaxaca, advirtió, junto con organizaciones sociales, sobre el
fallo inminente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
dará en el caso del parque Eólica del Sur pues podría sentar un
precedente para todos los pueblos que luchan contra megaproyectos en el
país.
En entrevista con Cimacnoticias, la defensora dijo que las y los
ministros se reunirán este 31 de octubre para resolver si se violaron o
no los Derechos Humanos de la comunidad zapoteca en el Istmo de
Tehuantepec. Cruz, quien representa a más de mil personas, dijo que la
consulta previa que se hizo en la región sobre el proyecto de acuerdo
con la Reforma Energética, en realidad no fue previa.
“Previamente ellos ya han hecho los contratos con la gente, ya
entregaron el territorio con las empresas, ya han otorgado los permisos
para la producción de energía, han autorizado las manifestaciones de
impacto ambiental”, denunció Cruz.
De ser construido, Eólica del Sur sería el parque eólico más grande
de América Latina con un total de 5 mil 332 hectáreas, 396 Megawatts, y
132 aerogeneradores, afirmó la defensora.
El integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Felipe
Romero, agregó que el proceso de consulta ha sido criticado por la
sociedad civil y representantes internacionales, como las Relatorías de
Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, y la del Derecho Humano al Agua,
entre otras. “Esta consulta no fue libre, no fue previa, no fue
culturalmente adecuada”, concluyó.
Ahora, el caso podría cobrar impacto nacional porque será resuelto
por la SCJN y puede ser un precedente para el proceso de consulta previa
sobre otros megaproyectos en el país, como los de minería, energéticos,
o turísticos.
El primer amparo que la comunidad binni’zaa interpuso ante la Cortes
en septiembre de 2015, fue llevado por el juez del Distrito de Salina
Cruz. La comunidad entró en revisión, y en enero 2018, el caso fue
atraído por la SCJN.
Romero contó cómo las y los defensores ambientales tenían la
esperanza que la Corte pudiera resolver el problema de los megaproyectos
en comunidades indígenas y la consulta, pero esta semana tuvieron
conocimiento del proyecto de sentencia, y “no es favorable para la
comunidad porque prácticamente es lo mismo que proponía el Juez del
Distrito en Salina Cruz.”
Romero criticó que el primer borrador de sentencia no hable de muchos
problemas de fondo. La Corte calificaría la consulta “como un mero
trámite, una serie de pasos sucesivos donde primero no importa si tengo
permisos o no, convoco, doy información y celebro el proceso para tener
el consentimiento.”
En opinión de las y los defensores, en el proceso de consulta, las
comunidades tendrían un margen de acción para pelear por sus intereses,
“y este no ha sido el caso”.
El hecho de que si bien no habían puesto la primera piedra pero sí
prácticamente terminaron la planificación, con permisos incluídos,
significó que las personas consultadas ya no podían hacer nada contra el
parque, dijo Edmundo del Pozo, de Fundar Centro de Análisis e
Información.
Esto sería una clara violación a estándares internacionales, explicó.
Mencionó como ejemplo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que indicó en un caso parecido en Ecuador, que la consulta debe
llevarse a cabo antes de tomar la medida por realizar el proyecto.
Por lo tanto, las organizaciones civiles hicieron llegar a la SCJN un
Amicus Curiae, que profundiza en los estándares más avanzados sobre
consulta previa. Para Del Pozo, también se violó un derecho
interdependiente: el de los pueblos originarios de ejercer su libre
determinación sobre su tierra y territorio.
En el caso de Juchitán, agregó Bettina Cruz, nunca se hizo una
asamblea de la comunidad zapoteca, porque las empresas que llegaron
lograron dividir a la gente. A pesar de que el área donde se proyectó el
parque eólico es propiedad colectiva de los pueblos, las empresas
hicieron contratos individuales con ciertas personas, contó.
Fue por eso que también aumentó la violencia en la región, hasta con
balaceras y asesinatos. Las personas que lucharon contra el parque
fueron demandadas por parte de las empresas, las cuales también harían
uso de la delincuencia organizada, denunció Cruz.
Algunas defensoras o defensores, incluyendo ella misma, se tuvieron
que exiliar de la región por un tiempo, por temor a perder su vida. “Ese
proyecto crea un clima de odio hacia las y los defensores”, argumentó,
“porque nos tachan de retrógradas”.
Cruz rechazó estar en contra del desarrollo, pero dijo que los
pueblos originarios querían decidir sobre cómo iba llegar el desarrollo,
y que los únicos beneficiarios del proyecto eólico serían las empresas,
y no las y los habitantes de la zona.
“Estos proyectos no entran de manera tersa, tienen que entrar
violentando derechos, y no importa quiénes seamos, pueblos indígenas,
mujeres, hombres, jóvenes, ellos llegan contra todos”, analizó. Es por
ello que ve tan importante la sentencia de la SCJN.
Felipe Romero reiteró que al ser “la última oportunidad de la
comunidad para tener justicia en México”, sería preocupante que la
máxima autoridad jurisdiccional esté validando un proceso de consulta
“con muchos elementos que han sido cuestionados”.
Es por eso que el 30 de octubre, un día antes de la sentencia, las y
los binni’zaa quieren hacer un plantón enfrente de la Corte, para hacer
ver sus demandas. Exhortan a cancelar el proyecto energético “y no
facilitar la simulación de la consulta que se dio en Juchitán”, como
dijeron en su boletín de prensa.
CIMACFoto: Sonia Gerth
Por: Por Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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