Equal Times
José Ángel Alvarado
platicaba con su prima Nitza Paola afuera de la casa de sus suegros, en
el poblado Buenaventura, en el norteño estado de Chihuahua, México,
cuando un comando de militares los detuvo. Esa misma noche, otros
militares se llevaron también a la sobrina de ambos, Rocío Irene, de su
propio domicilio. Ocurrió el 29 de diciembre de 2009 y nunca más se
volvió a saber de ellos.
En una misma familia tres
personas se encuentran desaparecidas y forman parte del total de las
37.435 que el Gobierno mexicano contabilizó entre 2007 y abril de 2018.
Las mismas autoridades han reconocido que la cifra puede ser mucho mayor
por los muchos casos que no son denunciados, y por los que se hayan
acumulado desde abril.
Por el caso de José Ángel, Nitza Paola y
Rocío Irene, el Gobierno mexicano se encuentra sometido a juicio en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez (después de
los casos de la época llamada de la Guerra Sucia, en la década de los
70, en la que cientos de mexicanos involucrados en la guerrilla fueron
desaparecidos) en que México está en el banquillo de los acusados, ahora
en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, según informa
Alejandra Nuño a Equal Times. Ella, a nombre de la Comisión de
Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, llevó el caso al sistema
interamericano de protección.
Por otra parte, no es extraño que
varios miembros de un clan familiar se encuentren ausentes, ya sea
porque fueron aprehendidos por fuerzas del Estado o porque fueron
sustraídos por particulares, particulares que, por lo general, cuentan
con la complicidad de representantes corruptos de las fuerzas del orden,
ya sean policías o militares.
También engrosan las cifras varios
familiares de José. Éste vive ahora en la Ciudad de México, donde ha
tenido que refugiarse después de haber recibido repetidas amenazas de
muerte por exigir justicia para sus dos hermanos, un primo y dos
colaboradores de aquellos que fueron desaparecidos por la mafia en el
estado de Guerrero –uno de los estados más pobres del país–.
Residentes
todos ellos de la localidad de Chilapa, se encontraron en el mal
momento en el mal lugar, sin que se tenga certeza de por qué se los
llevó un comando de delincuentes perteneciente a uno de los grupos
mafiosos que se disputan la zona, –un conflicto permanente por el que
este pueblo ocupa el tercer lugar como municipio más violento del país,
de acuerdo con el estudio
realizado por el organismo Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y
la Justicia Penal–. Chilapa es, a todos los efectos, la puerta por la
que sale la goma de opio que se produce en la sierra y en la montaña de
esta zona de Guerrero.
Después del suceso, gracias al GPS de la camioneta en la que viajaban y que también se llevó el comando que los secuestró, la familia Díaz Navarro pudo saber dónde se encontraban sus familiares, pero la policía no quiso ir a rescatarlos “por miedo” a que se desatara una balacera y hubiera muchos muertos. Eso fue lo que argumentó la autoridad y así lo platica José a Equal Times.
Este
hecho, desafortunadamente, no era uno aislado. Hacía dos semanas que un
comando militar había ejecutado a un grupo de supuestos secuestradores
en otro estado, y dos meses antes habían desaparecido 43 estudiantes del
poblado de Ayotzinapa, en el mismo estado de Guerrero. Este último
evento trágico tuvo repercusión internacional y la investigación que
hizo el gobierno de México fue sometida a análisis y, posteriormente,
descalificada por un grupo especial conformado a instancias del propio
Gobierno, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen sin aparecer y
las familias de las víctimas no aceptan la versión oficial que concluyó
que un grupo de narcotraficantes incineró a los jóvenes y se deshizo de
los restos tirándolos un río.
Como todos los familiares de desaparecidos, exigen que los 43 aparezcan con vida.
Todo México pareciera una fosa clandestina
Algunos
de esos más de 37.000 desaparecidos podrían encontrarse entre los
cuerpos que ya se han desenterrado de las 1.307 fosas clandestinas registradas
por la institución encargada de la defensa y protección de los derechos
humanos en México, la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos).
En
estas, y gracias especialmente al trabajo de los colectivos de madres y
familiares de los desaparecidos, se han hallado 3.926 cuerpos. Hace
menos de un mes se encontró la última fosa en el estado de Veracruz,
donde se ubicaron 166 cráneos.
La situación de los desaparecidos
en México es tal que ya se tuvo que aprobar una ley en materia de
desaparición forzada de personas; hubo necesidad de establecer un
registro de todos los desaparecidos y se instaló un Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas.
El titular de la Secretaría de Gobernación
(equivalente al Ministerio del Interior en otros países), Manuel
Navarrete Prida, informó de que gracias al cotejo de información en
distintas instancias del Estado mexicano ya se logró establecer 4.500
coincidencias entre los restos encontrados y los reportes de personas
desaparecidas; y de ellas, 340 ya han sido identificadas con nombre y
apellido. Trescientas personas se encontraban como desaparecidas desde
hacía más de 10 años.
Para dar una idea de la tragedia que viven miles de familias mexicanas y centroamericanas
(muchos migrantes que atraviesan el territorio mexicano rumbo a Estados
Unidos también han desaparecido), desde 1980, el Grupo de Trabajo sobre
Desaparición Forzada de Personas, de la Organización de Naciones
Unidas, tuvo conocimiento de un total de 56.363 casos relativos a 112
Estados, con los cuales estableció comunicación y solicitó su atención.
La causa: el uso de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico
En
opinión de Santiago Corcuera, quien fue miembro de ese Grupo de Trabajo
(2004-2010), y su presidente de 2006 a 2009; e integrante del Comité
contra la Desaparición Forzada de la ONU, de 2013 a 2017; el origen de
esta nueva oleada de desaparecidos se encuentra en la guerra que el
expresidente Felipe Calderón inició contra el narcotráfico en 2006,
lanzando a las Fuerzas Armadas a las calles a realizar tareas de
seguridad pública.
“Al final del gobierno (del presidente
Vicente) Fox no había desaparecidos contemporáneos. Su gobierno había
sido muy permisivo con el narcotráfico y no se reportaban
desapariciones. En 2008 empezaron a llegar tantos casos al Grupo de
Trabajo que sus integrantes se alarmaron; por ello pidieron hacer una
visita en 2011. México reportaba más casos que cualquier otro país”,
recuerda Corcuera.
Corcuera asegura que todos los relatores de la ONU y todos los organismos de derechos humanos han llegado a la conclusión de que ahí donde se toma la decisión equivocada de usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se provoca una espiral de violencia. “Es un tornado de destrucción masiva”, dice el experto.
Toda la responsabilidad política e histórica “y espero que algún día sea también jurídica, es de Calderón Hinojosa”, subraya.
Aunque sea difícil imaginarlo, en esas estadísticas se incluye a niños:
los pequeños de 0 a 4 años de edad que están desparecidos son 547; de 5
a 9 años están desaparecidos 517, y los adolescentes de 10 a 14 años
son 1.861.
Del total de las 37.435 personas que faltan, el número
de hombres prácticamente triplica al de mujeres: 27.913 y 9.522,
respectivamente.
En opinión de Alejandra Nuño, en México no
existe una sola causa de las desapariciones, pues depende de la edad,
profesión, lugar, sexo, nacionalidad y otros elementos adicionales. “Las
desapariciones de niños y niñas no responden al mismo modus operandi
que las de personas migrantes o de profesionistas, estudiantes o
mujeres”, afirma.
Por otra parte, la CNDH ha criticado el uso inexacto,
por parte de las autoridades nacionales, de “los conceptos:
desaparecidas, extraviadas, no localizadas y ausentes, para referirse a
todas aquellas personas de las que se desconoce su paradero”, lo que
dificulta “conocer cuántos acontecimientos derivaron de una conducta
delictiva imputada y/o cometida por agentes del Estado y/o particulares y
cuáles obedecen a otras circunstancias”.
El Gobierno
recientemente electo en México, encabezado por el centro-izquierdista
Andrés Manuel López Obrador (tomará posesión del cargo el 1 de
diciembre), ha generado una gran expectativa entre las miles de familias
de los desaparecidos. Ordenó la realización de varios encuentros en
diversos estados del país, en donde a veces él y, en otras ocasiones,
algunos integrantes de su equipo, escucharon las sentidas y conmovedoras
denuncias sobre la inacción del actual Gobierno. La futura
Administración se ha comprometido a actuar.
Sin embargo, la principal causa a la que se atribuyen las desapariciones, la participación del Ejército en las labores de seguridad pública y la lucha contra el tráfico de drogas, no desaparecerá en el futuro inmediato.
A pesar de que fue una de sus promesas
de campaña, López Obrador ya anunció que las Fuerzas Armadas no se
retirarán de las calles porque las policías no están capacitadas para
enfrentar a la delincuencia organizada. Su equipo tuvo que aclarar
posteriormente que el retiro de los militares se hará cuando se hayan
profesionalizado las policías.
Según Nuño, la impunidad es el
factor fundamental por el cual el fenómeno sigue presente en el país:
“Si desapareces a una persona no existen consecuencias en este país”.
Irma Rosa Martínez Arellano es una periodista interesada en temas de
derechos humanos. Trabaja en los medios de comunicación desde inicios de
la década de 1980: tanto radio como televisión y medios impresos, y ha
sido corresponsal en Washington. También ha trabajado en la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México.
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