Por Mathieu Tourliere
(apro).- Para evitar recortes de agua como el que está afectando a la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México, en 2013 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) encargó a unas empresas contratistas la construcción de una tercera línea del sistema Cutzamala, que distribuye el vital líquido en el Valle de México.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la institución pagó 56 millones 702 mil pesos de manera injustificada a algunas de las empresas contratadas: un consorcio encabezado por la constructora La Peninsular, propiedad del magnate Carlos Hank Rhon y otro encabezado por el grupo Hycsa, de Alejandro Calzada Prats.
Ambas empresas, vinculadas de manera histórica con el PRI, forman parte del reducido grupo de contratistas más beneficiadas por contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; y ambas integraron consorcios que obtuvieron contratos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Estos pagos se sumaron a las anomalías por 28.4 millones de pesos que la ASF detectó el año pasado en el mismo proyecto. En aquella ocasión, el órgano fiscalizador incluso señaló que la Conagua gastó 20 millones de pesos por trabajos supuestamente no realizados, pues la propia institución resultó incapaz de enseñarles a los auditores.
En su informe de auditoría 429-DE –publicado hoy–, la ASF revisó una muestra de 317 millones de pesos, de los 607 millones de pesos que ejerció la Conagua en 2017 en cuatro contratos que ampararon la construcción de la tercera línea de conducción del sistema Cutzamala.
De acuerdo con el documento, el consorcio encabezado por La Peninsular cobró a la Conagua por 13 millones 695 mil pesos de “pagos excepcionales” en diciembre de 2016 y enero de 2017, los cuales resultaron “fuera de catálogo” en la opinión de la ASF, pues ya venían incluidos en el contrato.
En el caso del otro consorcio, la ASF detectó que la Conagua pagó 14 millones 192 mil pesos y 28 millones 814 mil pesos sin proporcionar a los auditores la documentación de soporte de los trabajos ejecutados.
La tercera línea del sistema Cutzamala se diseñó para llevar 12 metros cúbicos de agua cada secundo a la Zona Metropolitana y Toluca, una cantidad suficiente para “mantener la operación del sistema, así como la inspección, diseño y rehabilitación de las líneas de conducción existentes sin necesidad de cortar el suministro del líquido a los usuarios finales”, según la ASF.
Para ello, el gobierno federal planeó gastar 5 mil 200 millones de pesos. Las obras arrancaron en marzo de 2014 y debían concluir en 2017; sin embargo, el pasado 23 de octubre Abdías Montoya, residente a cargo de la operación de Cutzamala, indicó que todavía le faltaba un 20%, como lo reportó el periódico Reforma ese día.
La ASF auditó los gastos de la Conagua “a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa aplicables”, y concluyó, con base en sus observaciones, que “en términos generales, la Comisión Nacional del Agua no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
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