Los recursos federales surgieron del Programa Empleo Temporal
Inmediato (PETI) y fueron operados directamente entre abril y mayo de
este año por Ortegón Alvarado, quien había sido designado como delegado
federal de Sedesol en Guerrero en esos días (5 de abril), y previamente
se desempeñaba como Coordinador de Giras de Astudillo, indican informes
oficiales a los que Apro tuvo acceso.
También está implicado el actual titular de la Secretaría de
Desarrollo Social estatal, Mario Moreno Arcos, exalcalde de Chilpancingo
y primo de Humberto Moreno Catalán, líder de la autodefensa de
Tlacotepec que mantiene una brutal confrontación con la comunitaria de
Chichihualco, lo que ha provocado el cierre de escuelas y centros de
salud, así como una estela de crímenes y personas desplazadas por la
violencia en la sierra de la entidad.
En contraste, no existen datos abiertos sobre “los proyectos, obras y
ciudadanos beneficiados” con la inversión millonaria, a pesar de que se
trata de información pública de oficio, como marca la Ley de
Transparencia.
Incluso, los niveles de violencia y pobreza que se viven en Guerrero,
mantienen a la entidad en los primeros lugares de inseguridad y
marginación en el país, señalan indicadores del INEGI y el gobierno
federal.
El pasado 23 de abril, Astudillo solicitó al titular de Sedesol
federal, Eviel Pérez Magaña, mediante el oficio PE/SP/026/2018, la
autorización de una transferencia extraordinaria de 50 millones, a
través de la delegación estatal que dirige su ex empleado, Carlos
Ortegón.
Los recursos del PETI presuntamente serían utilizados para “realizar
acciones y proyectos que contribuyan a superar la situación de
emergencia causados por falta de empleo ocasionados por la inseguridad y
en beneficio a sectores vulnerables y en extrema violencia”, afirmó el
gobernador en ese entonces.
Al siguiente día, el secretario de Desarrollo Social en la entidad,
Mario Moreno Arcos, abrió la cuenta 26644 de inversión en una sucursal
bancaria de Scotiabank en esta capital con 100 mil pesos en efectivo
para que la delegación federal transfiriera los recursos millonarios.
Aunque fue hasta el 14 de mayo cuando Astudillo designó a Moreno
Arcos como encargado de coordinarse con el delegado federal de Sedesol y
realizar los trámites para bajar los 50 millones autorizados.
Después, se desconoce el uso del dinero público en pleno proceso
electoral presuntamente destinado para “fortalecer la contingencia
económica en la entidad para beneficiar a los hogares más vulnerables y
en pobreza extrema”, reiteró Astudillo en un documento interno.
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