Argumenta limitación al mandato del organismo
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 3 marzo 08 (CIMAC).- Los casos de mujeres violadas por militares en Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz y Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán, apoyan la afirmación de Human Rights Watch (HRW) acerca de cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no lleva a cabo un seguimiento efectivo de sus recomendaciones a las autoridades.
Esto ha ocurrido durante los últimos años y ha sido también documentado por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tanto nacionales como extranjeras: la CNDH no respondió a los cuestionamientos sino hasta que hace unas semanas HRW informó que las y los funcionarios de la Comisión justifican esta omisión invocando supuestas limitaciones al mandato de la institución.
Según HRW, en su análisis del marco normativo que rige a la CNDH y de sus prácticas concretas, las limitaciones a las que apelan estos funcionarios son, a menudo, autoimpuestas, ya que el reglamento que rige la institución establece específicamente que “la competencia de la Comisión Nacional consiste en dar seguimiento y verificar que (la recomendación) se cumpla en forma cabal” y que esta función de seguimiento incluye los casos en los cuales las “recomendaciones no (son) aceptadas”.
La CNDH sólo puede “cerrar” un caso luego de concluir su seguimiento, dice HRW. Sin embargo las y los funcionarios de la CNDH insisten en que sólo pueden hacer un seguimiento para constatar que se llevaron a cabo sus recomendaciones si las autoridades del gobierno las aceptan.
Por lo tanto, cuando las recomendaciones son rechazadas, la CNDH a menudo no efectúa tal seguimiento y, de este modo, abandona los casos y deja a las víctimas sin acceso a recursos a los cuales tienen derecho.VIOLACIONES MILITARES
En las recomendaciones hechas en septiembre del año pasado por la CNDH sobre los casos de violaciones sexuales de militares contra 14 mujeres de Castaños, Coahuila, y 4 mujeres menores de edad, violadas por militares el 2, 3 y 4 de mayo de 2007 en 3 municipios de Michoacán, la CNDH reconoce "los excesos" en que han incurrido los soldados.
De la investigación realizada por la Comisión Nacional, para realizar sus recomendaciones en estos casos, se lograron recabar diversas evidencias de las que se advierten violaciones a los derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza pública, de las armas de fuego, violación al derecho a la vida y a la integridad física, irregular integración de la averiguación previa, violación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica y ejercicio indebido de la función pública.
Pese a ello, la CNDH apuesta a una retirada del Ejército a largo plazo al sostener que "un Ejército débil y vacilante sólo conviene al narcotráfico y a quienes buscan imponer cambios políticos por medio de la violencia".
A pesar de que la CNDH señaló también la existencia de "una guerra de baja intensidad" --en la que las mujeres representan el botín-- enfatizó que no exigirá, por considerarlo "una irresponsabilidad", de manera "inmediata", que los militares regresen a sus cuarteles y "confió en la buena voluntad" de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) para acatar dichas recomendaciones y que investigue y sancione a sus presuntos militares violadores.
Dejó con ello una vez más en manos de la Sedena la investigación y sanción a los militares responsables de violación sexual contra mujeres de los municipios de Coahuila y Michoacán.
Al presentar el 21 de septiembre de 2007 sus recomendaciones sobre los casos de violación sexual por parte de militares contra las mujeres de la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila; de Nocupétaro; Carácuaro y Huetamo, en Michoacán, y otros dos casos de violación grave a los derechos humanos, el organismo también justificó, en voz de su Segunda Visitadora, Susana Thalía Pedroza de la Llave, que tanto en el ámbito civil como en el militar se cometen "irregularidades".
En el caso de las 14 mujeres que fueron violadas por 13 soldados en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, sólo tres fueron sentenciados por un juez civil. En el caso de, Michoacán, la CNDH emitió 8 recomendaciones en las que le pide a la Sedena investigar y fincar responsabilidades y reparación del daño para las víctimas y “capacitación” para militares.
De la misma manera, la actuación de la CNDH en el caso de la señora Ernestina Ascencio, de 73 años, presuntamente violada por militares en Zongolica, Veracruz, en febrero del 2007, lo que le habría causado la muerte, desencadenó las críticas de organismos civiles contra el organismo y su titular, José Luis Soberanes, por considerar que "encubrió al Ejército" al negar la violación sexual.
Desde entonces, los organismos estatales de Derechos Humanos señalaron haber perdido la confianza en las autoridades federales y estatales y enfatizaron la pérdida de credibilidad de la CNDH al querer mantener, según sus propias palabras, "incólume y a toda costa, el prestigio de las fuerzas armadas".
"La CNDH no ha cumplido con la tarea para la que fue creada y está muy lejos de lograrlo, al no proteger los derechos humanos de la sociedad civil", afirmó Ricardo Lueve, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
El trabajo de la CNDH se está quedando sólo en cierto nivel, la Comisión debe nombrar también en su recomendación a los responsables intelectuales de las violaciones graves a los derechos humanos, dijo Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria a Cimacnoticias el 24 de septiembre del 2007.
Así, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos estatales coincidieron en que la CNDH enfrenta una grave crisis de credibilidad y criticaron severamente la actuación del Ombudsman, a quien acusaron de “cerrar filas en el gobierno de Felipe Calderón”, y le hicieron un llamado “a apartarse urgentemente de estas prácticas”, (Cimacnoticias 17/05/08).
De la misma manera las recomendaciones de la CNDH a la Sedena fueron calificadas por el General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, preso en 1993 por denunciar violación de derechos humanos en el Ejército, como “una cortina de humo” y recomendaciones “light” para legitimar la existencia de la Comisión.
“A Calderón no le conviene que haya señalamientos directos sobre el Ejército porque deslegitima su actuación en la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo el militar a Cimacnoticias, el 29 de diciembre de 2007.
Gallardo es pesimista sobre las recomendaciones, pues recuerda que aún en los casos “más oscuros” en donde el Ejército ha estado implicado, como la ejecución de 7 judiciales en 1991 o la guerra sucia, cuyos personajes han sido identificados con nombre, apellidos y cargos, “hubo recomendaciones de la CNDH y no pasó nada”.
VIOLENCIA FEMINICIDA
Por una supuesta lucha contra el narcotráfico, este año varias entidades del país se convirtieron en “cuarteles del Ejército”, donde las mujeres han sido víctimas de la violencia feminicida ejercida por militares, señala por su parte la feminista Marcela Lagarde
Este tipo de violencia feminicida, explica Marcela Lagarde, es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado. Está conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, señaló la feminista a Cimacnoticias el 17 de diciembre de 2007.
Para Lagarde, el caso más emblemático de violencia feminicida, reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue el de Ernestina Ascencio Rosario, en Veracruz. “Ernestina era mujer, indígena y mayor, fue abusada, se le lastimó y maltrató, fue violada a grado tal que al segundo día después de la agresión murió a consecuencia no de una gastritis, sino del maltrato brutal del cual fue objeto por parte de militares”.
Para Lagarde “el abuso de poderes por parte de funcionarios del Estado y del propio Felipe Calderón, así como de la CNDH que se convirtió en Ministerio Público”, le dieron a este caso múltiples formas de violencia.
Sumándose con ello a la larga lista de mujeres violadas en México por militares, denunciados desde la década de los 90.
Las mujeres violentadas de Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz y Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán, sostiene Lagarde son, “sobrevivientes de violencia feminicida porque quedaron en riesgo de perder la vida, hubo un poder total sobre ellas y se ejerció violencia directa en su contra”.
08/GT/GG/CV
Por Gladis Torres Ruiz
México DF, 3 marzo 08 (CIMAC).- Los casos de mujeres violadas por militares en Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz y Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán, apoyan la afirmación de Human Rights Watch (HRW) acerca de cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no lleva a cabo un seguimiento efectivo de sus recomendaciones a las autoridades.
Esto ha ocurrido durante los últimos años y ha sido también documentado por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tanto nacionales como extranjeras: la CNDH no respondió a los cuestionamientos sino hasta que hace unas semanas HRW informó que las y los funcionarios de la Comisión justifican esta omisión invocando supuestas limitaciones al mandato de la institución.
Según HRW, en su análisis del marco normativo que rige a la CNDH y de sus prácticas concretas, las limitaciones a las que apelan estos funcionarios son, a menudo, autoimpuestas, ya que el reglamento que rige la institución establece específicamente que “la competencia de la Comisión Nacional consiste en dar seguimiento y verificar que (la recomendación) se cumpla en forma cabal” y que esta función de seguimiento incluye los casos en los cuales las “recomendaciones no (son) aceptadas”.
La CNDH sólo puede “cerrar” un caso luego de concluir su seguimiento, dice HRW. Sin embargo las y los funcionarios de la CNDH insisten en que sólo pueden hacer un seguimiento para constatar que se llevaron a cabo sus recomendaciones si las autoridades del gobierno las aceptan.
Por lo tanto, cuando las recomendaciones son rechazadas, la CNDH a menudo no efectúa tal seguimiento y, de este modo, abandona los casos y deja a las víctimas sin acceso a recursos a los cuales tienen derecho.VIOLACIONES MILITARES
En las recomendaciones hechas en septiembre del año pasado por la CNDH sobre los casos de violaciones sexuales de militares contra 14 mujeres de Castaños, Coahuila, y 4 mujeres menores de edad, violadas por militares el 2, 3 y 4 de mayo de 2007 en 3 municipios de Michoacán, la CNDH reconoce "los excesos" en que han incurrido los soldados.
De la investigación realizada por la Comisión Nacional, para realizar sus recomendaciones en estos casos, se lograron recabar diversas evidencias de las que se advierten violaciones a los derechos humanos, tales como el uso excesivo de la fuerza pública, de las armas de fuego, violación al derecho a la vida y a la integridad física, irregular integración de la averiguación previa, violación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica y ejercicio indebido de la función pública.
Pese a ello, la CNDH apuesta a una retirada del Ejército a largo plazo al sostener que "un Ejército débil y vacilante sólo conviene al narcotráfico y a quienes buscan imponer cambios políticos por medio de la violencia".
A pesar de que la CNDH señaló también la existencia de "una guerra de baja intensidad" --en la que las mujeres representan el botín-- enfatizó que no exigirá, por considerarlo "una irresponsabilidad", de manera "inmediata", que los militares regresen a sus cuarteles y "confió en la buena voluntad" de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) para acatar dichas recomendaciones y que investigue y sancione a sus presuntos militares violadores.
Dejó con ello una vez más en manos de la Sedena la investigación y sanción a los militares responsables de violación sexual contra mujeres de los municipios de Coahuila y Michoacán.
Al presentar el 21 de septiembre de 2007 sus recomendaciones sobre los casos de violación sexual por parte de militares contra las mujeres de la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila; de Nocupétaro; Carácuaro y Huetamo, en Michoacán, y otros dos casos de violación grave a los derechos humanos, el organismo también justificó, en voz de su Segunda Visitadora, Susana Thalía Pedroza de la Llave, que tanto en el ámbito civil como en el militar se cometen "irregularidades".
En el caso de las 14 mujeres que fueron violadas por 13 soldados en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, sólo tres fueron sentenciados por un juez civil. En el caso de, Michoacán, la CNDH emitió 8 recomendaciones en las que le pide a la Sedena investigar y fincar responsabilidades y reparación del daño para las víctimas y “capacitación” para militares.
De la misma manera, la actuación de la CNDH en el caso de la señora Ernestina Ascencio, de 73 años, presuntamente violada por militares en Zongolica, Veracruz, en febrero del 2007, lo que le habría causado la muerte, desencadenó las críticas de organismos civiles contra el organismo y su titular, José Luis Soberanes, por considerar que "encubrió al Ejército" al negar la violación sexual.
Desde entonces, los organismos estatales de Derechos Humanos señalaron haber perdido la confianza en las autoridades federales y estatales y enfatizaron la pérdida de credibilidad de la CNDH al querer mantener, según sus propias palabras, "incólume y a toda costa, el prestigio de las fuerzas armadas".
"La CNDH no ha cumplido con la tarea para la que fue creada y está muy lejos de lograrlo, al no proteger los derechos humanos de la sociedad civil", afirmó Ricardo Lueve, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
El trabajo de la CNDH se está quedando sólo en cierto nivel, la Comisión debe nombrar también en su recomendación a los responsables intelectuales de las violaciones graves a los derechos humanos, dijo Miguel Concha Malo, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria a Cimacnoticias el 24 de septiembre del 2007.
Así, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos estatales coincidieron en que la CNDH enfrenta una grave crisis de credibilidad y criticaron severamente la actuación del Ombudsman, a quien acusaron de “cerrar filas en el gobierno de Felipe Calderón”, y le hicieron un llamado “a apartarse urgentemente de estas prácticas”, (Cimacnoticias 17/05/08).
De la misma manera las recomendaciones de la CNDH a la Sedena fueron calificadas por el General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, preso en 1993 por denunciar violación de derechos humanos en el Ejército, como “una cortina de humo” y recomendaciones “light” para legitimar la existencia de la Comisión.
“A Calderón no le conviene que haya señalamientos directos sobre el Ejército porque deslegitima su actuación en la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo el militar a Cimacnoticias, el 29 de diciembre de 2007.
Gallardo es pesimista sobre las recomendaciones, pues recuerda que aún en los casos “más oscuros” en donde el Ejército ha estado implicado, como la ejecución de 7 judiciales en 1991 o la guerra sucia, cuyos personajes han sido identificados con nombre, apellidos y cargos, “hubo recomendaciones de la CNDH y no pasó nada”.
VIOLENCIA FEMINICIDA
Por una supuesta lucha contra el narcotráfico, este año varias entidades del país se convirtieron en “cuarteles del Ejército”, donde las mujeres han sido víctimas de la violencia feminicida ejercida por militares, señala por su parte la feminista Marcela Lagarde
Este tipo de violencia feminicida, explica Marcela Lagarde, es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado. Está conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, señaló la feminista a Cimacnoticias el 17 de diciembre de 2007.
Para Lagarde, el caso más emblemático de violencia feminicida, reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue el de Ernestina Ascencio Rosario, en Veracruz. “Ernestina era mujer, indígena y mayor, fue abusada, se le lastimó y maltrató, fue violada a grado tal que al segundo día después de la agresión murió a consecuencia no de una gastritis, sino del maltrato brutal del cual fue objeto por parte de militares”.
Para Lagarde “el abuso de poderes por parte de funcionarios del Estado y del propio Felipe Calderón, así como de la CNDH que se convirtió en Ministerio Público”, le dieron a este caso múltiples formas de violencia.
Sumándose con ello a la larga lista de mujeres violadas en México por militares, denunciados desde la década de los 90.
Las mujeres violentadas de Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz y Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán, sostiene Lagarde son, “sobrevivientes de violencia feminicida porque quedaron en riesgo de perder la vida, hubo un poder total sobre ellas y se ejerció violencia directa en su contra”.
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