En la frontera sur de México
Mujeres migrantes: 7 de cada 10, víctimas de aduanales y policías
Por Gustavo González López
México DF, 4 marzo 08 (CIMAC).- En la frontera sur de nuestro país, 7 de cada diez mujeres migrantes jóvenes provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, son agredidas en sus derechos humanos por oficiales de aduanas, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), judiciales federales y estatales, policías municipales y elementos de las fuerzas armadas.
Así lo aseguró la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras Julián, a través de un documento hecho llegar a los medios de comunicación, en el cual añade que estas jóvenes centroamericanas son vendidas en 200 dólares cada una para ser utilizadas en la explotación sexual, en albañilería, comercio ambulante y recolectoras de basura en el interior del territorio mexicano.
La legisladora, quien también pertenece al Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que lo anterior se desprende del informe elaborado por la Organización No Gubernamental (ONG) Fin de la Prostitución Infantil, la Pornografía y el Tráfico de Niños con Fines Sexuales y datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Por lo anterior, señaló Contreras Julián, “por un lado se condenan los maltratos que reciben nuestras y nuestros connacionales en el vecino país del Norte y, por el otro, las mismas prácticas son reproducidas por algunas autoridades mexicanas con las personas que cruzan la frontera sur de México, conductas que se manifiestan en abusos sexuales, maltratos laborales, violencia en todas sus formas y una falta de respeto a sus derechos humanos”.
Datos de la CEPAL registran que en esa región fronteriza sur de nuestro país “un 70 por ciento de las migrantes son víctimas de violencia, de las que un 60 por ciento sufre algún tipo de abuso sexual que llega a la violación”. Pero si las migrantes logran llegar a la franja limítrofe con Estados Unidos de América, ahí puede ser más peligrosa su situación ya que, además de ser abusadas sexualmente y ser forzadas a prostituirse, pueden ser asesinadas.
Lo más grave del asunto, mencionó la legisladora del PRD, es que “las migrantes han manifestado que los principales agresores son los oficiales de aduana, seguidos por agentes de la Policía Federal Preventiva, de los cuerpos policíacos judiciales y municipales, y de elementos de las fuerzas armadas, según una encuesta de la Organización Sin Fronteras”.
Por lo anterior, Contreras Julián exigió a las autoridades migratorias mexicanas que diseñen y apliquen políticas con el fin de atender la problemática y a reformar la legislación, ya que “hay disposiciones misóginas” en la Ley General de Población que restringen los derechos de las mujeres.
Por ejemplo, dejan de lado la situación de las víctimas de violencia que necesitan iniciar procedimientos jurisdiccionales, ya que esto se traduce en un riesgo para las mujeres migrantes que desean denunciar algún tipo de violencia de las que han sido víctimas.
Esto las obliga a mantenerse en un círculo vicioso que les impide regularizar su situación migratoria por no contar con el apoyo de su pareja --en los casos de violencia familiar--, y a la vez no les permite denunciar la violencia por no poder acreditar su regular estancia en el país, apuntó.
Pero eso no es todo, agregó la legisladora federal, “esta situación se agrava cuando la mujer migrante --que requiere acceder a la justicia y denunciar al agresor-- es requerida de presentar documentos que acrediten su estancia, tanto para iniciar un procedimiento penal o civil.
En cambio, si ella es denunciada por el agresor a alguna autoridad o es puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) por esta misma autoridad, debe enfrentar la falta de un debido proceso legal al no contar con los derechos de audiencia, defensa e información, obstaculizando sus posibilidades de demostrar otros vínculos familiares en México o cualquier otro motivo que le permita regularizar su permanencia.
FEMINIZACIÓN
Por otra parte, Contreras Julián afirmó que, según datos del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas, existe una corriente silenciosa en el fenómeno migratorio, la cual se ha denominado como “feminización de la migración" pues actualmente de 94.5 millones de migrantes en el mundo, casi la mitad son mujeres.
A su vez, el CONAPO destaca que aproximadamente el 45 por ciento de los mexicanos que radican en los Estados Unidos son mujeres, el 94 por ciento de las trabajadoras mexicanas en Estados Unidos es asalariada y las principales ocupaciones de las mujeres mexicanas en ese país se encuentran en fábricas, talleres, servicio doméstico, intendencia, restaurantes y pequeños comercios; todos estos trabajos se les denomina semicalificados que en muchos casos no gozan de derechos, ni beneficios laborales.
Los envíos en dólares de las mujeres migrantes representan un 20 por ciento de las remesas totales de los connacionales en Estados Unidos, enfatizó Contreras Julián.
Por último, la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género dijo que a pesar de la grave problemática que se ha expuesto, “la omisión en la que han incurrido las autoridades en el tema ha traído graves consecuencias para las mujeres migrantes al enfrentar muchos obstáculos para el ejercicio de sus derechos ya que, además de la explotación sexual y laboral, malos tratos, discriminación, también tienen dificultades para acceder a los sistemas de justicia cuando son víctimas de violencia o se encuentran con impedimentos para que cuenten con servicios de salud.”
08/GGL/GG
Mujeres migrantes: 7 de cada 10, víctimas de aduanales y policías
Por Gustavo González López
México DF, 4 marzo 08 (CIMAC).- En la frontera sur de nuestro país, 7 de cada diez mujeres migrantes jóvenes provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, son agredidas en sus derechos humanos por oficiales de aduanas, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), judiciales federales y estatales, policías municipales y elementos de las fuerzas armadas.
Así lo aseguró la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras Julián, a través de un documento hecho llegar a los medios de comunicación, en el cual añade que estas jóvenes centroamericanas son vendidas en 200 dólares cada una para ser utilizadas en la explotación sexual, en albañilería, comercio ambulante y recolectoras de basura en el interior del territorio mexicano.
La legisladora, quien también pertenece al Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que lo anterior se desprende del informe elaborado por la Organización No Gubernamental (ONG) Fin de la Prostitución Infantil, la Pornografía y el Tráfico de Niños con Fines Sexuales y datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
Por lo anterior, señaló Contreras Julián, “por un lado se condenan los maltratos que reciben nuestras y nuestros connacionales en el vecino país del Norte y, por el otro, las mismas prácticas son reproducidas por algunas autoridades mexicanas con las personas que cruzan la frontera sur de México, conductas que se manifiestan en abusos sexuales, maltratos laborales, violencia en todas sus formas y una falta de respeto a sus derechos humanos”.
Datos de la CEPAL registran que en esa región fronteriza sur de nuestro país “un 70 por ciento de las migrantes son víctimas de violencia, de las que un 60 por ciento sufre algún tipo de abuso sexual que llega a la violación”. Pero si las migrantes logran llegar a la franja limítrofe con Estados Unidos de América, ahí puede ser más peligrosa su situación ya que, además de ser abusadas sexualmente y ser forzadas a prostituirse, pueden ser asesinadas.
Lo más grave del asunto, mencionó la legisladora del PRD, es que “las migrantes han manifestado que los principales agresores son los oficiales de aduana, seguidos por agentes de la Policía Federal Preventiva, de los cuerpos policíacos judiciales y municipales, y de elementos de las fuerzas armadas, según una encuesta de la Organización Sin Fronteras”.
Por lo anterior, Contreras Julián exigió a las autoridades migratorias mexicanas que diseñen y apliquen políticas con el fin de atender la problemática y a reformar la legislación, ya que “hay disposiciones misóginas” en la Ley General de Población que restringen los derechos de las mujeres.
Por ejemplo, dejan de lado la situación de las víctimas de violencia que necesitan iniciar procedimientos jurisdiccionales, ya que esto se traduce en un riesgo para las mujeres migrantes que desean denunciar algún tipo de violencia de las que han sido víctimas.
Esto las obliga a mantenerse en un círculo vicioso que les impide regularizar su situación migratoria por no contar con el apoyo de su pareja --en los casos de violencia familiar--, y a la vez no les permite denunciar la violencia por no poder acreditar su regular estancia en el país, apuntó.
Pero eso no es todo, agregó la legisladora federal, “esta situación se agrava cuando la mujer migrante --que requiere acceder a la justicia y denunciar al agresor-- es requerida de presentar documentos que acrediten su estancia, tanto para iniciar un procedimiento penal o civil.
En cambio, si ella es denunciada por el agresor a alguna autoridad o es puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) por esta misma autoridad, debe enfrentar la falta de un debido proceso legal al no contar con los derechos de audiencia, defensa e información, obstaculizando sus posibilidades de demostrar otros vínculos familiares en México o cualquier otro motivo que le permita regularizar su permanencia.
FEMINIZACIÓN
Por otra parte, Contreras Julián afirmó que, según datos del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas, existe una corriente silenciosa en el fenómeno migratorio, la cual se ha denominado como “feminización de la migración" pues actualmente de 94.5 millones de migrantes en el mundo, casi la mitad son mujeres.
A su vez, el CONAPO destaca que aproximadamente el 45 por ciento de los mexicanos que radican en los Estados Unidos son mujeres, el 94 por ciento de las trabajadoras mexicanas en Estados Unidos es asalariada y las principales ocupaciones de las mujeres mexicanas en ese país se encuentran en fábricas, talleres, servicio doméstico, intendencia, restaurantes y pequeños comercios; todos estos trabajos se les denomina semicalificados que en muchos casos no gozan de derechos, ni beneficios laborales.
Los envíos en dólares de las mujeres migrantes representan un 20 por ciento de las remesas totales de los connacionales en Estados Unidos, enfatizó Contreras Julián.
Por último, la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género dijo que a pesar de la grave problemática que se ha expuesto, “la omisión en la que han incurrido las autoridades en el tema ha traído graves consecuencias para las mujeres migrantes al enfrentar muchos obstáculos para el ejercicio de sus derechos ya que, además de la explotación sexual y laboral, malos tratos, discriminación, también tienen dificultades para acceder a los sistemas de justicia cuando son víctimas de violencia o se encuentran con impedimentos para que cuenten con servicios de salud.”
08/GGL/GG
No hay comentarios.:
Publicar un comentario