Editorial
Gobernar con la política
El pasado viernes, en una reunión sostenida con diputados federales, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, calificó –según lo relatado por el legislador Alfonso Suárez del Real, del Partido de la Revolución Democrática– como una “cuestión de altísimo riesgo para el Ejército” la solicitud de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el sentido de mantener abiertas las vías de comunicación en el conflicto magisterial de Morelos. En cambio, de acuerdo con el diputado perredista, el funcionario llamó a “distender la situación” que se vive en esa entidad, a efecto de “generar condiciones de un verdadero diálogo”, y agregó que el número de efectivos militares que intervienen en acciones de seguridad pública se reducirá, para 2009, de tres mil a 500.
Las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional dejan entrever un reconocimiento acerca de la necesidad de privilegiar la negociación política sobre el uso de la fuerza pública como vía de solución al conflicto que se vive actualmente en Morelos, consecuencia del rechazo del magisterio estatal a la llamada Alianza por la Calidad en la Educación (ACE). Tal postura, que resulta de obvia sensatez, contrasta sin embargo con la propensión de las autoridades civiles, tanto estatales como federales: apenas el pasado jueves, elementos del Ejército y las policías federal y estatal participaron en el violento desalojo ocurrido en Xoxocotla, donde padres de familia protestaban por la negativa de las autoridades para atender a las demandas de los docentes, y que tuvo como saldo un cúmulo de atropellos y vejaciones cometidos por elementos de las fuerzas públicas.
La aparente resistencia del mando castrense por seguirse involucrando en este conflicto, tendría que obligar al Gobierno federal a abrir sus perspectivas de solución y a reconocer la importancia del diálogo y el entendimiento entre las partes; tendría, también, que hacerlo reflexionar con respecto a su proclividad a involucrar a la fuerza armada, cada vez de forma más recurrente, en tareas y responsabilidades que le son ajenas.
No puede pasarse por alto que, en el momento actual, el Ejército experimenta un evidente desgaste institucional como consecuencia del empecinamiento del gobierno por involucrarlo en la cruzada nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, emprendida por la administración calderonista a principios del año pasado, y que no sólo no ha restablecido la legalidad y el estado de derecho en el país, ni ha disminuido, hasta donde puede verse, el margen de maniobra de las corporaciones criminales; ha propiciado, además, un cúmulo de atropellos contra civiles inocentes, que son, en última instancia –sin que haya aquí pretensión de exculpar a los militares involucrados en estos delitos– responsabilidad de los mandos civiles, que son los que dan las órdenes.
Si lo que se quiere es evitar que este desgaste se profundice, el Gobierno federal tiene que reconocer como improcedente y peligrosa su apuesta por atender, mediante el recurso de la fuerza militar, problemáticas tan disímiles como las manifestaciones de descontento social y la inseguridad pública: la solución al primero de estos fenómenos demanda disposición de las autoridades a atender las demandas de los grupos inconformes, sin incurrir en la represión y la persecusión; el segundo, por su parte, requiere para su combate de acciones de inteligencia e investigación policiaca que escapan a los procesos de formación castrense, en tanto que su prevención debe girar en torno a la erradicación de las causas sociales, económicas e institucionales que lo originan. Es necesario, en suma, que las autoridades entiendan que, en democracia, una nación debe ser gobernada con, autoridad, sí, pero sobre todo con base en la política, la sensibilidad social, la sensatez y la razón.
El secretario de Defensa comenta a diputados federales petición de la PFP
Altísimo riesgo para el Ejército, mantener abiertas carreteras en Morelos: Galván
■ Pidió a legisladores buscar condiciones de diálogo real para el conflicto magisterial
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, expuso ante diputados federales que “es cuestión de altísimo riesgo para el Ejército” la solicitud de la Policía Federal Preventiva (PFP) para mantener las vías de comunicación abiertas en el conflicto magisterial en el estado de Morelos.
Durante el encuentro privado celebrado en las instalaciones de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) el viernes por la tarde, Galván informó que para 2009 se reducirá a 500 el número de integrantes del Ejército que participen en acciones de seguridad pública, explicó el representante perredista, Alfonso Suárez del Real.
Entre los temas abordados por el secretario general destacó el del presupuesto de egresos para el año próximo. “Nos refrendó –señaló el diputado– que el Ejército siempre estará agradecido con aquello que se les otorgue y se les dé; considera que el proyecto de presupuesto es correcto.”
Al preguntarle en la reunión, al titular de la Secretaría de Defensa, sobre el estado en que se encuentran los haberes de los integrantes del Ejército frente a los sueldos que se ofrecen en la PFP, el general respondió así, según Suárez del Real: “Él expresó que considera que la cuestión en favor de la PFP es con el ánimo de generar condiciones atractivas, a efecto de que esta policía asuma a cabalidad todas las acciones que le corresponden. A ese efecto nos comunicó que para el año 2009, bajará de 3 mil efectivos del Ejército, a sólo 500 los que participen en las acciones de seguridad pública”.
El legislador perredista también refirió la inquietud de Galván Galván por los sucesos de violencia en el estado de Morelos.
“En relación con lo que está sucediendo en Morelos expresó su inquietud y su preocupación. Exhortó a que pudiésemos ser intermediarios a fin de buscar distender la situación en torno a generar condiciones de verdadero diálogo; está consciente de que la solicitud expresada por la propia PFP de apoyo para mantener las vías de comunicación abiertas es una cuestión de altísimo riesgo para el Ejército, en el sentido de que se puede interpretar en otro sentido la solicitud de apoyo.”
Además informó a los 17 diputados que asistieron al encuentro que en breve el Ejecutivo presentará una iniciativa de fortalecimiento a la ley para salvaguardar la neutralidad del país.
Al abundar sobre el tema de la preparación y atención a las fuerzas públicas que enfrenten a crimen organizado, Suárez del Real dijo que Guillermo Galván “expresó su confianza en que las policías tanto municipales como estatales y la PFP, bajo el acuerdo nacional que se firmó, asuman una mayor coordinación que permita que los asuntos de narcotráfico se mantengan en el ámbito de la seguridad pública y no trasciendan a cuestiones de seguridad nacional; él expresó que el fortalecimiento en el salario de la PFP tendrá como resultado un mayor compromiso de los elementos de la policía para asumir a cabalidad las funciones que le competen, y de esa manera ir disminuyendo la presencia del Ejército en acciones de seguridad pública”.
–¿Tocó el general secretario el tema de la modernización de los equipos para enfrentar al crimen organizado? –se le preguntó al diputado Suárez del Real.
–El presupuesto contempla una modernización del material que utiliza el Ejército. En efecto, dijo que ‘sí hay un importante incremento en el presupuesto en relación con nuestros insumos, y esto nos permitirá contar con mejores instrumentos para poder hacer frente a todas las responsabilidades’. Obviamente se señaló que aún no se cubrían los 7 mil 500 millones de pesos que en el año 2007 se habían propuesto.
“Alguien señaló que la Iniciativa Mérida no está fluyendo como se había previsto, y dijo que, con el aumento que se estaba proponiendo en el presupuesto, él consideraba que el avance en modernización iba a ser importante, y evidentemente todo aquel recurso de más que pueda obtener el Ejército acortará los plazos de modernización que se tienen previsto”.
Abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado por medio de un esquema que le permita celebrar contratos de obras y de prestación de servicios con empresas nacionales y extranjeras en toda la cadena productiva, incluida la refinación, se propone en los anteproyectos de dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo y en la Ley Orgánica de la paraestatal, entregados ayer a senadores.
Ambas legislaciones contemplan que Pemex otorgue contratos sin licitar, a través “invitaciones restringidas o adjudicaciones directas”, en varios casos, entre ellos para la perforación en aguas profundas.
A juicio de Mario di Costanzo, del grupo de asesores del Frente Amplio Progresista (FAP), la puerta para la privatización de Pemex “queda abierta” con la modificación propuesta al artículo cuarto de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en la que se da “al Ejecutivo federal” la facultad de constituir “por decreto” organismos descentralizados filiales de la paraestatal para la refinación, el transporte, el almacenamiento y la distribución de petróleo.
Los organismos subsidiarios de Pemex, así como los filiales, “estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria” para la contratación de obras, las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios.
Bajo esa modalidad, las filiales de Pemex podrán asociarse con empresas extranjeras para construir y operar refinerías, en un esquema similar al de Deer Park, Texas, donde la paraestatal produce gasolina y otros combustibles conjuntamente con una trasnacional, comentó el senador panista Juan Bueno Torio.
Sin embargo, anoche, al final de la reunión de las comisiones dictaminadoras, el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, sostuvo que se aceptó que no habrá maquiladoras para refinar petróleo.
Aunque ese artículo cuarto está “en corchetes”, porque el PRD no lo avala, cuenta con el respaldo de PRI, PAN y Verde Ecologista. Se sabe que los panistas lo cabildearon ayer, de último momento, con representantes del Ejecutivo.
“Flexibilidad para operar”
Ambos anteproyectos de ley –que constituyen la parte medular de la reforma de Pemex– fueron entregados ayer a los senadores de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos, durante una reunión en la que discutieron otros cuatro anteproyectos de ley anteriores, y en la que los perredistas Pablo Gómez y Arturo Núñez dejaron claro que no votarán nada hasta conocer la totalidad de los documentos.
Los anteproyectos –presentados como “borradores de trabajo”– fueron encargados a los secretarios técnicos de las comisiones. Trascendió, sin embargo, que fueron elaborados previa consulta con las secretarías de Gobernación, de Hacienda y de Energía, así como con la dirección de Pemex.
En la exposición de motivos del anteproyecto de ley reglamentaria del artículo 27 constitucional se define que las comisiones dictaminadoras “consideran prudente que Pemex permanezca como un organismo estatal, pero con mayor flexibilidad para operar de manera eficiente y cumplir con eficacia”.
Se alude a la opinión de “juristas reconocidos” que participaron en los foros de debate del Senado para sostener que “es claro que Pemex y sus organismos subsidiarios pueden celebrar cualquier tipo de contratos”, siempre que no sean de riesgo.
En ese sentido, se reformó el artículo seis de esa ley reglamentaria del 27 constitucional, para precisar que Pemex “y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obra y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos”.
Se señala también que “no se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o las utilidades de Pemex”.
Sin embargo, en el anteproyecto de Ley Orgánica de Pemex se contempla todo lo relativo a contratos. Sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, en el artículo 56 se precisa que se efectuarán, “por regla general”, por medio de licitaciones públicas, previa convocatoria pública, pero habrá excepciones.
Señala que cuando “las licitaciones públicas no sean idóneas para asegurar las mejores condiciones”, podrán llevarse a cabo “por medio de procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa”.
Apunta que las licitaciones podrán ser nacionales o internacionales; en este último caso, se realizarán en modalidad abierta o bajo la aplicación de un tratado internacional.
Viene luego el capítulo “Modalidades especiales de contratación”, el cual detalla que Pemex podrá hacer a un lado la licitación pública y “celebrar contrato a través de los procedimientos de invitación cuando menos a tres personas o de adjudicación directa, con independencia de que se trate de las actividades sustantivas de carácter productivo”.
Entre los casos en que no tendrá obligación de licitar, además de derrames e incendios de pozos, están “las contrataciones con el propósito de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Pemex y sus organismos subsidiarios”.
Esa es una de las propuestas contenidas en la iniciativa de Felipe Calderón, que está dirigida a crear el marco jurídico para otorgar los contratos a compañías extranjeras que perforen en aguas profundas del Golfo de México.
En el anteproyecto se incluyen también los contratos incentivados propuestos por Calderón, en los que se incluyen compensaciones o penalizaciones a las empresas. Se insiste en la exposición de motivos en que no se trata de contratos de riesgo.
Aquí tampoco hay consenso, pero sí acuerdo entre PRI y PAN, en un texto en el que se precisa que se pagará al contratista, bajo varias consideraciones, entre ellas “el impacto ambiental, la calidad de los trabajos, el menor o mayor tiempo de ejecución de las obras y la incorporación de mejoras tecnológicas”.
Asimismo, en el impacto de las actividades para la reducción de los costos u otras orientadas a maximizar la eficacia o el éxito de la obra o servicio, “conforme a indicadores establecidos a la firma del contrato”.
También está en corchetes la propuesta contenida en la iniciativa del FAP de prohibir la suscripción de contratos de exploración o producción que otorguen áreas exclusivas para un contratista, así como la de impedir la firma de contratos donde una misma empresa reúna las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Aquí son el PAN y el gobierno los que se oponen.
Estos anteproyectos de ley fueron entregados ayer a los senadores de las comisiones dictaminadoras –junto con el referido a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía– durante la reunión en que se discutieron los cuatro “borradores de trabajo” restantes.
En el encuentro, los perredistas Pablo Gómez y Arturo Núñez hicieron varias observaciones a la ley que crea la comisión de hidrocarburos, pero sobre todo a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables, y advirtieron que no las aprobarán.
La comisión volverá a sesionar el lunes. Anoche Labastida insistió en que las posiciones se han acercado y, desde Celaya, el coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero, expresó que en los próximos días habrá reforma energética, porque “no sólo vamos a contar con el número de votos para aprobarla, sino también con amplio apoyo de otros grupos parlamentarios”.
El grupo de asesores del FAP presentará un informe a Andrés Manuel López Obrador acerca de los proyectos de dictamen.
Seis documentos muestran un “intervencionismo alarmante”, asegura Jeremy BigwoodPeriodista de EU presenta pruebas de la injerencia de su país en Bolivia
■ Los textos señalan que desde los años 90 Evo Morales es visto por Washington como una amenaza
■ Líderes indígenas, en reuniones de trabajo del embajador estadunidense para tratar temas nacionales
La Paz, 11 de octubre. Documentos desclasificados del Departamento de Estado estadunidense y copias de correos electrónicos cursados entre personal de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en Bolivia, presentó hoy el periodista estadunidense Jeremy Bigwood como una “prueba clara” de que Washington, a través de varias entidades, “ha estado y continúa conspirando contra el gobierno” del presidente Evo Morales.
En rueda de prensa, el reportero presentó seis documentos obtenidos mediante la Ley para la Libertad de Información de su país, que demuestran “el intervencionismo alarmante” de Washington en Bolivia mediante la USAID y el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
Aseveró asimismo que desde principios de los años 90, el gobierno de su país ha visto al entonces dirigente cocalero “como una amenaza para los planes de Estados Unidos en el hemisferio”.
Entre los documentos presentados por Bigwood se encuentran correos electrónicos cruzados entre el 12 y el 14 de febrero de 2007 por personal de la USAID en Bolivia, para organizar un almuerzo del embajador Philip Goldberg –expulsado del país en septiembre pasado– con dirigentes indígenas, con quienes trataría problemas que enfrentan con sus territorios.
En el intercambio de notas se mencionan los nombres de algunos caciques de organizaciones indígenas del oriente boliviano, algunos de los cuales son señalados como “aliados nuestros”.
Los documentos desclasificados que presentó el periodista corresponden a los años 2001, 2002, 2004 y 2006.
En uno de los textos, la embajada señala que un proyecto de reforma de los partidos políticos en Bolivia, preparado por la USAID, debería “servir como un contrapeso al radical MAS (Movimiento al Socialismo) o sus sucesores”.
Otro muestra que el NED financió a la Cámara de Comercio de Santa Cruz, lo que muestra, dijo Bigwood, “una relación histórica” entre instituciones estadunidenses y opositores cruceños.
Documentación de 2006 del Instituto Nacional Democrático y de USAID muestra que ambos trabajan para promover eventos centrados en la autonomía regional y la descentralización.
El despertar
■ La hora de Miguel Ángel
El día que impusieron a Miguel Ángel Granados Chapa la medalla Belisario Domínguez por su trayectoria como escritor y periodista la nación pareció resquebrajarse. Se produjo la cuarta devaluación en unos cuantos días. El paradigma de la estabilidad cambiaria se vino abajo. Resultaron inútiles los terribles sacrificios que se impusieron a la población, sobre todo a los más humildes, durante 15 años, por mantenerla a toda costa. Ese día hubo más de 20 asesinatos en todo el país, incluidos los de jefes policiacos y militares. Las manifestaciones de profesores y de campesinos adquirieron una virulencia extrema. Por todas partes aparecieron signos de descontento, violencia y movilización. Un ambiente de final de régimen. Bien hizo Miguel Ángel de comparar el México de hoy con el año sangriento y oscuro de 1913.
La generación de Miguel Ángel, que es la mía, llega así a la plenitud de su madurez sin dar buenas cuentas. Reconozcamos: dejamos un país mucho peor que el que recibimos. Los que pasamos la juventud en la época de oro de la presidencia imperial recordamos que en 1962 cumplíamos 30 años de crecimiento continuo a más de 6 por ciento. Años enteros de pleno empleo, de tranquilidad y de paz social. Se hablaba de que México vivía una transformación milagrosa. Pero también vivíamos en una ilusión. El régimen era autoritario y la pirámide social permanecía. La estabilidad olía a establo, como diría Zaid en 1968. La generación anterior y la nuestra no pudieron hacer las reformas que hubieran puesto a México en el camino de su autorrealización, de erigirse en potencia moderna: una reforma fiscal progresiva, un sistema de rendición de cuentas que atemperara la corrupción y eliminara la impunidad y, por supuesto, una reforma democrática auténtica y generosa. Ninguno de los presidentes priístas de la segunda mitad del siglo XX tuvo dimensión de estadista. Todos carecieron de visión histórica. Varios fueron corruptos a un extremo monumental y en distintas medidas todos fueron reaccionarios. El desastre actual ha sido rematado por la ineptitud de los gobiernos panistas, pero es secuela y herencia de la descomposición del régimen del PRI.
Retomando el discurso de Miguel Ángel, pienso que es difícil reconstruir la casa que albergue a todos. La que hoy habitamos está dañada de modo irreversible. Pero podemos construir una nueva república basada en la justicia, la autodeterminación y la libertad, condiciones que nos han sido ajenas y cuya ausencia genera el siniestro momento que vivimos.
Cómo y para qué hacer alianzas
En la teoría de partidos políticos, el tema de las alianzas entre partidos ha sido muy ampliamente estudiado y hay consenso generalizado en el sentido de que en la lucha política moderna y democrática ninguna organización política puede hacer su tarea fundada sólo en sus propias fuerzas. Siempre llega el momento en que debe sumar a su causa a otros que le estén cercanos o le sean afines. Si hay alianza, se entiende, hay diferencias, no identidad. Las alianzas son entre diferentes y, en ciertos casos, incluso entre contrarios, pero éstos, por lo general, son muy contados.
No hay partido democrático que no tenga en su programa de acción un plan de alianzas con otras fuerzas, sean partidos reconocidos o no. Las alianzas son un elemento que coadyuva a la condensación de fuerzas dispersas y a la formación de bloques que unifican también los pareceres de la ciudadanía. Un partido que no tenga un programa de alianzas está perdido y hasta podría decirse que no es partido. Los únicos que pueden hacerlo son los partidos hegemónicos, como lo fue el PRI, que tardó muchísimo en reconocer el punto.
¿Con quién aliarse? Eso es esencial y se debe saber a ciencia cierta. Una idiotez como aquella de que “me aliaré hasta con el diablo” no cabe en una lucha política democrática seria. El que haga eso no tiene una verdadera política de alianzas, va buscando a ciegas y acaba aliándose, sin saberlo, con los que pueden darle golpes de los que no hay recuperación posible. Las alianzas, en una amplia perspectiva, se puede decir que son mezclar agua tinta y agua clara (ésta es siempre la nuestra). Aguas de distintos colores se pueden mezclar, pero no el agua con el aceite.
Para proponer una alianza siempre hay que tener un enemigo común o, si no, inventárselo. Pero, ante todo, hay que buscar las coincidencias con otros, que serán los posibles aliados. Si los enemigos comunes se dan, pero no las coincidencias con otros, entonces las alianzas son ficticias. Sería inútil que se las decidiera para siempre. Por su naturaleza, siempre deben estar circunscritas a objetivos precisos y con declaraciones de propósitos comunes entre aliados.
Todo partido debe diseñar su política de alianzas en sus documentos básicos. Sus militantes deben tener el derecho y la garantía de que se les haga saber puntualmente con quiénes se va a aliar su partido. En su declaración de principios debe quedar claro que su política incluye sumar a todos los que estén de acuerdo con ellos. En su programa de acción se deben prever los objetivos de las alianzas y protestar que se respetará a los aliados, por pequeños que sean. En sus planes de acción a corto plazo se deben hacer propuestas a los posibles aliados y dar las garantías que ellos esperan de que se respetará el compromiso.
Las alianzas, empero, deben estar de antemano definidas, previstas y muy bien orientadas. Una carta de presentación ante los pares y ante la ciudadanía de cualquier partido serio es, justo, su política de alianzas. Si esto no está previsto o se toma a chacota, es anuncio de un desastre seguro. Hacer alianzas sin saber por qué o nada más porque sí, es un anuncio seguro de pérdidas inimaginables.
Una auténtica política de alianzas supone, indeclinablemente, ciertos principios políticos que garanticen la alianza: hay que ser fieles y leales con los aliados; no hay que tratarlos, si son menores que uno, con prepotencia ni imponerles nada. En una alianza todos deben ser iguales y decidir todos con un voto igual cada uno, si bien tomando en cuenta la entidad de cada uno. No estoy de acuerdo con los dirigentes del PT y de Convergencia en sus inconformidades con la nueva legislación electoral. Para mí es un principio básico de la lucha democrática saber cuál es la fuerza real de cada partido.
Creo, empero, que el PRD, el partido mayor, debe hacer algo por ellos y subsanar sus daños. Se me ocurre que elementos representativos de esos aliados sean elegidos bajo las siglas del PRD. Sería bueno, pero los perredistas son tan mezquinos y poco fieles a las alianzas que dudo seriamente de que una propuesta tan generosa (aunque, lo admito, muy estúpida) como ésta pudieran aceptarla. Allá ellos. Pero a los aliados les reitero: los ciudadanos deben saber cuál es la fuerza real de cada partido.
El resolutivo que los chuchos impusieron en el último Congreso del PRD, dando a la actual dirección espuria la facultad indiscriminada de entablar alianzas con el PRI y el PAN, me parece una estupidez. Ni siquiera dicen para qué o por qué. Sólo se alcanzaron que, en el caso del PAN, sería para combatir al Yunque. Ni siquiera saben lo que esa supuesta organización clandestina es y, evidentemente, no se dan cuenta de que, hoy por hoy, el PAN es, mayoritariamente, el Yunque. Del PRI suponen que es un partido “naturalmente” cercano al PRD. Quisiera creer eso, pero no lo creo en absoluto.
Los chuchos están conduciendo al PRD, muy claramente, a una debacle que sólo será para ellos. Si algunos piensan que podrán dividir al partido, deben estar soñando. Dividirán su burocracia, pero nada más. La mayoría de los perredistas sabe dónde está su lugar. Ellos sólo obtuvieron una patente de corso para hacer sus tratos con quienes ansían sus contubernios. Eso está cada vez más claro para todos y esa corriente mafiosa y logrera no tiene futuro alguno.
Con los priístas podríamos aliarnos, pero sólo en muy pocas cosas. Yo, en lo personal, si tuviera que tratar con Beltrones o Gamboa, dejaría escondida mi cartera en casa. Con el PAN, aun con la bandera de los chuchos, no veo en qué un perredista les podría otorgar confianza. Hay que ver a sus gobernadores piadosos y a sus alcaldes que se dan sueldos millonarios sólo porque tienen el poder. Nunca antes vi al PAN como un partido confesional. Ahora eso es para mí, y la Iglesia católica debe estar muy contenta. Con ese partido braman aliarse los chuchos.
En las recientes elecciones de Guerrero se pueden apreciar los costos que conlleva el traicionar una alianza bien construida (la que se ha formado con el FAP) y tratar a los pequeños aliados con la punta del pie. Ahora los chuchos intentan culpar a López Obrador y son incapaces de admitir que ellos y su aliado Torreblanca perdieron esos comicios sólo por brutos, y creo, además, que no vislumbran, de seguir así, los despeñaderos a que se encaminan.
“Aún no se resienten” efectos de la crisis; las situación empeorará, diceLópez Obrador: en menos de 2 años la economía se fue a pique
■ La degradación progresiva, por el mal gobierno, afirma en Michoacán
Tepalcatepec, Mich., 11 de octubre. La política económica del gobierno federal “ya tronó” y las cosas en el país cada día estarán peor: la pobreza, la carestía, la inseguridad, la violencia y, en general, la situación social, económica y política, advirtió Andrés Manuel López Obrador ante michoacanos de los siete municipios que recorrió este día.
“Esta descomposición, esta decadencia ya no es sólo una crisis. Es más que eso, representa una degradación progresiva producto de un mal gobierno, de la política neoliberal y de pillaje que se ha impuesto desde hace 25 años y que sólo ha beneficiado a los de arriba, a quienes se han apoderado de los bienes del pueblo y de la nación para mantener los privilegios de los potentados”, enfatizó el político tabasqueño.
Sin dejar de insistir en su exigencia de saber a dónde se fueron los cerca de 10 mil millones de dólares de reservas subastados en sólo tres días, dijo que lo más seguro es que ese dinero se haya ido a apoyar a los grandes empresarios y banqueros, dejando sin protección a la gente.
Indicó que aún no se resienten los efectos de la crisis, pero que ésta será de grandes proporciones, y que “si de por sí muchas cosas aumentaron más del doble en los últimos 19 meses, ahora todo será más difícil porque habrá escasez de dinero y desempleo. Entraremos, pues, a una situación muy difícil y complicada. En menos de dos años, esto se está yendo a pique. Nuestra economía está tronando”, lamentó el tabasqueño.
Movilización contra la privatización de Pemex
En Tocumbo y ante la inminencia de que se presenten los dictámenes sobre la reforma petrolera, López Obrador advirtió de nuevo a legisladores del PRI y el PAN que si se llega a aprobar un planteamiento privatizador, desde donde esté de gira, de inmediato regresará a la ciudad de México, acudirá al Senado, “y nos veremos las caras”; llamará a la movilización social pacífica para resistir esa tentativa.
Sobre todo, y en un tema que para sus auditorios resulta particularmente sensible por la gran cantidad de michoacanos que han emigrado a Estados Unidos, López Obrador se refirió en todos los municipios a la inminente afectación en los ingresos familiares y del comercio y los servicios locales por la disminución de las remesas como consecuencia de la recesión en el país del norte. Y de nuevo se quejó del desinterés mostrado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, “cuando desde hace 14 meses les advertimos que venía el ramalazo”.
En Tepalcatepec, una de las localidades donde la violencia y la criminalidad producto del narcotráfico se han agudizado, al grado de ser ubicado por cualquier michoacano como el municipio más peligroso de la entidad, la policía local usa más pertrechos que los utilizados comúnmente por otras fuerzas locales del orden. Y en el mitin que encabezó aquí el líder opositor, hubo también presencia constante, en las inmediaciones de la plaza central, de integrantes del Ejército Mexicano.
Apenas hace unos tres meses fue asesinado en pleno centro de la población, un capitán retirado del Ejército que fungía como jefe de seguridad pública, y se asegura que el alcalde, militante del PRI, prácticamente no se deja ver.
Sin aludir directamente a ese fenómeno, López Obrador se refirió a su propuesta de establecer un plan de “austeridad republicana” en las finanzas públicas que, de acuerdo con sus estimaciones, permitiría ahorrar unos 200 mil millones de pesos para destinarlos, entre otras cosas, a incrementar el presupuesto de las universidades públicas y, por esa vía, dar oportunidades de estudio a los jóvenes. La situación de abandono que padecen, dijo, explica en mucho la situación de inseguridad y violencia que vive el país y no se resolverá con más policías, soldados, cárceles, penas más severas o amenaza de mano dura.
En esa estrategia de ahorro incluyó de nuevo la reducción, a la mitad, de los sueldos que perciben todos los servidores públicos, desde el Presidente de la República hasta los legisladores y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y al pedir también la eliminación de las pensiones vitalicias a los ex titulares del Ejecutivo. “¿Darle sueldo a Carlos Salinas de Gortari? ¿A ese flojo, a esa chachalaca ladrona de Vicente Fox?”, reclamó.
López Obrador dijo que la crisis económica no es fruto del destino o de la casualidad. Ponderó el anuncio del gobierno federal de destinar 15 mil millones de pesos a la construcción de una nueva refinería, si bien desestimó la capacidad del Ejecutivo federal para realmente realizar ese proyecto porque “no sabe qué hacer, anda dando bandazos; no tiene tamaño ni nivel, no ha hecho nada”.
El político tabasqueño resaltó también la vigencia del movimiento opositor que encabeza no sólo para conseguir, como en el caso de la refinería, frenar la privatización del procesamiento del crudo, sino también para impedir, ahora que está próximo a emitirse el dictamen sobre la iniciativa petrolera, cualquier intento de entregar otras actividades de esa industria a capitales extranjeros. “Iremos de nuevo al Senado si lo hacen”, advirtió.
De nuevo fustigó a la “mafia” del PRI y del PAN que, dijo, representa una franquicia al servicio de los poderosos. Igualó a Calderón Hinojosa con Salinas de Gortari y a Elba Esther Gordillo con Juan Camilio Mouriño.
Y como lo hizo hace unos días en su visita a Estados Unidos, indicó que la campaña del Partido Republicano ha contratado a los mismos asesores que utilizó el PAN en la presidencial para decir, como en su caso, que Barak Obama es un peligro para su país.
Algunos, obligados a caminar sobre vidrios o brasas; ninguno recibió atención médica, dicenDenuncian ONG actos de crueldad y aun tortura durante operativos en Morelos
Organizaciones de derechos humanos afirmaron que las fuerzas federales y estatales que realizaron operativos de desalojo en las comunidades de Xoxocotla, Amayuca y Tres Marías, en Morelos, incurrieron en torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones arbitrarias, incomunicaciones y otras violaciones a las garantías fundamentales durante las detenciones de pobladores y maestros de estas regiones.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), el Centro Digna Ochoa y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) han recabado diversos testimonios “en los que se comprueban cómo las fuerzas del orden violaron los derechos” de la población e inclusive “sometieron a tortura a varios de los detenidos”; al menos hay tres casos acreditados.
“Los policías hicieron caminar (a algunos) sobre brasas y vidrios. Más de siete horas después de detenidos no habían recibido agua, alimentos ni medicamentos”; además de que a 49 detenidos “los mantuvieron hacinados” en un camión por varias horas, no se les brindó atención médica y fueron incomunicados, señalaron.
Uno de los casos acreditados de tortura es el de Abraham Escorcia, campesino de Zacatepec detenido en Xoxocotla. Entrevistado por la CIDHM narra: “Me agarraron cuando llegaba al pueblo, venía de trabajar. Me golpearon en la espalda, me quitaron los huaraches y me obligaron a caminar sobre rescoldos de las cenizas de las llantas, también había vidrios; al llegar a la procuraduría, el doctor me dijo que tengo quemaduras de tercer grado. Desde que me detuvieron no me atendieron a pesar de que estaba a punto de desmayarme por los dolores”.
Albino Jorge Mata, detenido en Xoxocotla, describe: “Caminaba por una de las calles del pueblo cuando se me vinieron encima los policías, me pegaron en la cabeza y todo el cuerpo; no sé por qué me detuvieron, no tengo idea de lo que pasó”.
Durante los operativos en Amayuca, el Ejército, la Policía Federal Preventiva y los cuerpos de seguridad estatales incurrieron en violaciones a los derechos humanos, señalaron las ONG. Victoria Estrada, de 46 años, detenida en esa región y que fue puesta en libertad la madrugada del jueves relata:
“Estaba en mi domicilio cuando los granaderos se metieron violentamente y me detuvieron junto a tres maestros, a quienes golpearon en todo el cuerpo. Nos llevaron a un edificio de seguridad. Después me liberaron junto con mi vecina y tres menores. Nos dejaron tirados en la carretera cerca de Amayuca en la madrugada. Uno de los niños tenía tres heridas en la cabeza y vomitó por los golpes en el estómago”.
Agustina Dionisio, madre de uno de los detenidos, cuenta: “Somos muchos familiares y todos fuimos agredidos por la policía. Cuando terminó el movimiento yo no podía caminar ni respirar porque me ardía la piel y los ojos por los gases. La gente lloraba, los niños estaban espantados. Los policías armados gritaban a la gente que siguieran aullando como perros, como en la noche cuando tenían el plantón”
Adrián Ramírez, de la Limeddh, dijo que en estos operativos el Estado recurre “a la tortura como acto de castigo” contra los disidentes. José Martínez, de la CIDHM, señaló que fueron 57 personas detenidas en las tres poblaciones, acusados de delitos como sedición, motín, asociación delictuosa y otros que este gobierno “aplica para criminalizar a los participantes en protestas sociales”.
Édgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, consideró que el anuncio de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que el gobierno federal usará la fuerza en Morelos “es una muestra clara que la administración de Felipe Calderón ha sido incapaz hasta ahora de resolver el conflicto mediante el diálogo”.
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Carlos Monsiváis
Notas de la semana
12 de octubre de 2008
El 68, a los libros de texto
La conmemoración del 2 de octubre ha sido notable en lo mediático, lo social, lo cultural y, abrumadoramente, por omisión o comisión, lo político.
Las informaciones hasta hoy ocultas, la reconstrucción de los hechos, las marchas en varios lugares del país, los actos de evocación militante, la presentación de libros (los de Gilberto Guevara Niebla y Pablo Gómez), la incorporación de muchísimos adolescentes y jóvenes a la comprensión de aquel movimiento, el carácter nacional del recuerdo, la rapidez con que se aislaron en la marcha de la ciudad de México las provocaciones de porros nómadas, todo lo que a 40 años de distancia precisa el sentido de la gran hazaña y la gran tragedia ha situado el vigor de esta resistencia al autoritarismo. Examinado el 68 en distintos niveles, se advierte el criterio ético y moral iniciado en el respeto a los derechos humanos, que con éxito de mediano y largo plazo propuso otro entendimiento de la realidad.
Hace unos días el presidente Felipe Calderón afirmó: “En aquel 68, que la historia de México registra con tristeza…”. Sería más exacto decir que la sociedad mexicana registra con tristeza, ya que si entendemos por “la historia” la versión oficial en la enseñanza elemental pública y privada, ésta, si acaso, se acerca con timidez por eso y premura al movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco. Por eso urge una consignación adecuada “de aquel 68” en los libros de texto gratuitos y en los libros de historia de secundaria y preparatoria. El 68 fue el acontecimiento más conspicuo de la segunda mitad del siglo XX mexicano, y en los libros de texto ya es necesario documentar la tristeza y la alegría, que también se dio y con abundancia.
Cumbres sin ‘el Borras’
“Entiendo la urgencia que debe haber tenido Calderón a la hora en que se sentó en la silla y se dio cuenta de que había estados que estaban fuera del control del estado de derecho, o de las autoridades legítimas, y se aventó como El Borras”.
Lo anterior, tan crudo o pretendidamente realista como se lee, no lo dijo un pejista consumado, ni siquiera un adicto a la centro-izquierda, sino el presidente de la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana. Don Ricardo González Sada emitió este juicio al censurar la rapidez inconveniente de Calderón en su combate al crimen organizado (La Jornada, 2 de octubre de 2008).
¿Qué está pasando? La pregunta, retórica desde luego, apunta a un momento caracterizado por la pérdida de la confianza en el régimen panista y, en particular, por el recelo ante las aptitudes presidenciales, caracterizadas por un dirigente empresarial importante como propias del arrojo sin cálculo del Borras, personaje que existe sólo para vilipendiar a los carentes de precauciones. El propio Calderón fue muy crítico con la política anticrimen del gobierno que, curiosamente, él preside.
Un periódico de la ciudad de México pregunta en sus ocho columnas: “¿Dónde está el piloto?”. No se duda siquiera de la conducción eficaz del país, sino de la comparecencia a tiempo del conductor, y esta incertidumbre caracteriza el ánimo de estos días, cuando el capitalismo salvaje parece desplomarse sin que lo detengan los enemigos del populismo que tanto argumentaron a favor de la desregulación (argumentos que consistían en consignas, siempre memorizadas).
Las empresas se vienen a pique, se vive la devaluación frenética del peso en nada suavizada por las certidumbres borrosas de la Secretaría de Hacienda, muchísimas empresas desaparecen o están a punto, y el piloto, mientras, combate al populismo con frases cada vez más enigmáticas.
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