José Francisco Gallardo Rodríguez
A los ciudadanos chiapanecos agrupados en la Organización Democrática de Comitán, AC, por su lucha incansable por la justicia y la libertad.
El periodista Carlos Ulises Domínguez Mijangos, con el seudónimo de Cadomi, fundador de los diarios Fronterizo del Sur y Nuestro Diario de Comitán falleció misteriosamente al caer de una terraza del tercer piso de un hotel donde discutía acaloradamente con José Antonio Aguilar Meza, Mario Guillén, Luis Ignacio Avendaño, Cicerón Argüello Kanter, Mario Milton Ramírez, representantes del municipio de Comitán, Chiapas, y Mario Escobar Gálvez, director de Radio Imer local, a causa de haber hecho críticas en su columna a las autoridades comitecas. Todos asistían como invitados por las autoridades de Huehuetenango, Guatemala, a las Fiestas Julias, de julio pasado, donde sucedió el percance (Perfiles, 3-VIII-08).
El cuerpo de Domínguez Mijangos fue trasladado de la morgue de Huehuetenango a Comitán sentado en un vehículo particular; entró al país por la línea fronteriza de la Mesilla; la Guardia Civil, el Ejército y la Policía Nacional guatemaltecas no se dieron cuenta de que pasaban un cuerpo sin vida. Lo mismo sucedió ya en territorio mexicano, en una zona ocupada por el Ejército e infestada de policías: federales, migración, aduanas, seguridad pública estatal y municipal, lo que involucra al gobierno de Chiapas y a las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores.
Más grave aún es que el Ministerio Público de Comitán, que de oficio debió indagar y dar fe de los hechos, fue omiso y el cuerpo de Cadomi fue sepultado. Los medios de comunicación o no se enteraron o fueron callados por influencias, quizá porque se trataba de una persona humilde o porque fueron venales.
México lleva el primer lugar como país más peligroso para el ejercicio del periodismo en las Américas –sin contar los crímenes escandalosos del priísmo como Manuel Buendía y Carlos Loret de Mola entre otros–; en menos de una década de gobiernos panistas por lo menos 24 periodistas han sido asesinados, ocho están desaparecidos y decenas más han sido amenazados y agredidos en razón de su oficio; la totalidad de los casos están impunes (Misión Internacional sobre Libertad de Expresión, informe 2008).
¿Pero qué es la impunidad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos la define como: la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana. De esta definición se desprende que se trata de una negativa deliberada del gobierno mexicano para actuar.
¿Será ésta la impunidad a la que se refiere Calderón cuando convoca vehemente a la sociedad para acabar con la inseguridad que ahora ya rebasa las 6 mil ejecuciones extrajudiciales, entre ellas de mujeres y niños? Creo que no, Calderón se refiere a la seguridad de los ricos y de las clases pudientes de la sociedad; es decir, desde el gobierno se tiene una visión clasista de la seguridad. Porque si la CIDH habla de violaciones a los derechos humanos, se refiere a la actuación abusiva de los diferentes órganos de seguridad del Estado en contra de la ciudadanía y aquí el único responsable es precisamente quien convoca.
La impunidad, dependiendo en lo particular de cada caso, implica la violación de varios derechos humanos: el derecho a la vida y a la integridad personal, al debido proceso y la protección judicial, a disentir y a la participación política. Este hecho pone en un grave estado de indefensión a las víctimas y a sus familiares.
A diferencia de la impunidad que por negligencia de la autoridad no se castiga al infractor común, se viola el orden legal y desde el poder se pide para el impune la prisión perpetua y la pena de muerte; la impunidad de que habla la Corte Interamericana, es la que se arropa con el manto del poder, la que no sólo trastoca el orden jurídico e institucional, sino que además rompe el tejido social bajo la protección misma del Estado.
Así pues, el diagnóstico obtenido por la Misión Internacional es sumamente grave; encontró que los principales obstáculos para ejercer el periodismo libre en México son: el crimen organizado, la corrupción, la impunidad, las agresiones directas por parte de corporaciones policiales y militares, y la falta de voluntad política de las autoridades para resolver las agresiones contra periodistas y garantizar su seguridad.
Se trata de una impunidad de alto nivel, legalizada y reforzada con las recientes reformas judiciales, que entre otras, permiten el arraigo y la permanencia del fuero de guerra para proteger a los militares que violen derechos humanos.
Esta es la impunidad a la que nos referimos como sociedad, la impunidad de las cúpulas de poder que corroe las entrañas del Estado, y la que nos impide llegar a ser un país democrático; no la que invoca Calderón en una guerra fracasada en contra del crimen organizado.
En esta situación, el asesinato de Domínguez Mijangos quedará sin castigo y se agregará a la estadística vergonzante de crímenes sin resolver.
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