Las necesidades de un ombudsman militar en México, artículo publicado Forum número 22 de octubre de 1993, coincidió con los 25 años de la masacre del 2 de octubre de 1968, a tres lustros de su primera edición concuerda con el 40 aniversario y ahora es conveniente revisar los planteamientos que se hicieron en aquella ocasión.
La tesis sobre el ombudsman militar como institución del Congreso, propone la reforma del Ejército, condición sine qua non para lograr un cambio de régimen político. Según el planteamiento, la reforma del Estado debe pasar inevitablemente por un cambio profundo en el Ejército, para transformarlo de un aparato represor, al de guardián de la soberanía nacional y de las libertades ciudadanas, soportadas en una relación civil-militar democrática.
Lisa y llanamente, se trata de cambiar la ocupación histórica del Ejército: de ser tutela del orden interno, al de defensa nacional, función constitucional que ubica al enemigo afuera de las fronteras nacionales y sobrepone la seguridad humana a la seguridad del Estado.
Para ello es necesario instituir en México el ombudsman militar dotado de autonomía y patrimonio propio, nombrado por la mayoría de los diputados, inamovible, apartidista, facultado para proponer cambios en la legislación militar, entrar sin previo aviso a cualquier cuartel, revisar listas de castigados, procesados y de enfermos en los hospitales, supervisar el ejercicio del presupuesto de defensa y la administración militar, con la misión principalísima de salvaguardar los derechos humanos de militares y civiles para fortalecer las líneas de mando y la disciplina militar.
Aparte de la reacción virulenta de los altos mandos a causa de la publicación en Forum, qué ha pasado con la tesis después de 15 años.
Por una parte, pusimos a debate en los medios de comunicación el tema del Ejército hasta entonces intocado, herencia que se deja a la sociedad; el Congreso tomó la tesis de base para legislar sobre las fuerzas armadas; el ombudsman militar es tema de estudio e investigación en las universidades y se han elaborado varias tesis académicas.
Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional instituyó la Dirección General de Comunicación Social, la Subprocuraduría de Derechos Humanos y la Dirección General; por primera vez en la historia, los tribunales castrenses toman en consideración el principio del debido proceso y en las escuelas militares incorporan a sus materias el tema de los derechos humanos; igualmente se incluye en los programas de adiestramiento en los cuerpos de tropa; el Estado Mayor considera la cuestión dentro de la planeación estratégica y emite varias publicaciones sobre el tópico, incluyendo el derecho internacional humanitario; además elaboró una cartilla de derechos humanos que trae consigo cada soldado durante su desempeño en las operaciones que realiza en el orden interno.
Se abrieron libros de registro de amparos, los abogados civiles y actuarios de los juzgados pueden ingresar a las prisiones militares, incluso los representantes de organismos de los derechos humanos; de esta manera, el personal militar presenta quejas a la CNDH cuando se ven agraviadas sus garantías por la acción del mando. Implícitamente sostiene la tesis: ninguna institución del Estado puede quedar exenta del escrutinio social, menos el Ejército, quien tiene el mandato de ser salvaguarda de la soberanía nacional, tal cual lo previene el máximo tribunal del país desde el affaire Gallardo-Forum-Sedena. Por tanto, el Ejército no puede apelar respeto a la ley militar violando la Constitución a través de una relación de secreto con la sociedad.
No obstante estos logros para el control democrático del Ejército, a partir de los gobiernos de derecha hemos tenido una regresión en la relación civil-militar establecida actualmente por los poderes de facto. Ello nos coloca en un escenario más grave que el que vivíamos hace 40 años, pues no sólo nos enfrentamos a un régimen autoritario como en el pasado, sino además a un gobierno que día a día cede soberanía y se entrega a los apetitos de las trasnacionales.
A través de una política de miedo impulsada desde el exterior y con la complacencia del gobierno, se criminaliza a la disidencia y a la protesta social; el Ejército ya no sólo reprime sino que se manifiesta como una amenaza a la seguridad nacional, al voltear las armas en contra de la sociedad y al suplir funciones que son exclusivas de la autoridad civil: Ministerio Público, justicia, seguridad pública, migración, aduanas, inteligencia, lucha anticrimen y el narcotráfico, adquiriendo tal poder hasta resolver asuntos electorales al intervenir en la transición de poderes en 2006.
En estas circunstancias, la propuesta del ombudsman militar toma una gran relevancia y actualidad porque es claro que en un Estado democrático sin duda el poder militar debe estar sometido al poder civil.
José Francisco Gallardo Rodríguez
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