Seminario internacional Violencia basada en género
Por Lourdes Godínez LealMéxico, 3 julio 09 (CIMAC).- La falta de un sistema eficaz para proteger a niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, sumada a la carencia de políticas públicas articuladas y estadística veraz, son algunos obstáculos que México comparte con otros países latinoamericanos para frenar el fenómeno delictivo.
Así se dio a conocer en el seminario internacional “Violencia basada en género: acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de trata para la explotación sexual”, realizado ayer y hoy en el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos AC, situado al sur de esta capital, con motivo de su 30 aniversario.
Especialistas de organizaciones no gubernamentales con trabajo en el tema expusieron problemáticas específicas y discutieron sobre las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia.
Entre ellas, señalaron la corrupción que prevalece entre altos funcionarios y las redes de tratantes; también, la falta de medidas de protección eficaces, programas integrales y políticas públicas que aborden la problemática no sólo desde el punto de vista punitivo sino desde los derechos humanos, de la reinserción de las víctimas a la sociedad y de reparación del daño.
La abogada Pilar Noriega, ex Primera Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), recordó que en su Informe 2008 para México, el Relator Especial sobre venta de niños, prostitución y pornografía infantil de la ONU criticó la ineficacia del sistema de protección para las víctimas, la inexistencia de programas para su atención y reinserción, y que el tema no fuera prioritario en la agenda nacional.
PROBLEMA INVISIBILIZADO
Un común denominador en América Latina es la falta de recursos; “se ratifican convenciones, tratados internacionales, se crean leyes, reglamentos”, pero estos de nada servirán si no se visibiliza el fenómeno, señalaron los especialistas.
En el caso de México, la heterogeneidad de las legislaciones estatales impide el acceso a la justicia para quienes son víctimas de trata. De hecho, en muchos estados no está tipificado como delito.
Ello ha dado lugar para que los niveles de corrupción sean tan altos; las redes de tratantes tienen más campo de acción dependiendo del estado de la República donde se encuentren; existen diferentes sanciones para este delito.
Otro problema en común es la falta de estadísticas sobre el tema. Es un delito poco denunciado, por lo que existe un subregistro en el número de niñas, mujeres y niños que son víctimas de trata para diversos fines.
Los únicos datos disponibles son los consignados en informes oficiales, en su mayoría realizados por Estados Unidos o por los relatores de Naciones Unidas sobre el tema, pero con datos proporcionados por el gobierno.
TLAXCALA
Esta entidad federativa ha sido considerada uno de los mayores centros de reclutamiento de mujeres y niñas para trata con fines de explotación sexual, en el plano nacional e internacional.
En 2007 se tipificó como delito en el Código Penal estatal. Sin embargo, a decir de Federico Pohls, del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, no hay programas de reinserción para niñas y niños víctimas de trata, ni tampoco seguimiento de casos.
Quienes son rescatados de las redes de tratantes, primero tendrían que recuperarse y reconocerse como víctimas, para después poder denunciar; de otra forma, dijo Pohls, se les revictimiza.
OAXACA
Ubicada al sur de la República Mexicana, esta entidad es origen, tránsito y destino de niñas y niños para trata. A la fecha, únicamente se tienen registradas 24 averiguaciones previas por este delito --dijo el especialista José Bonilla, de la organización civil Fundación de la Mano con Justicia.
El abogado lamentó que la venta de personas no sea abordada como un fenómeno consecuente de la trata, pese a que es una práctica común en su estado.
Indicó que Oaxaca carece de estudios precisos sobre el tema, algo “grave” si se toma en cuenta que hay un alto porcentaje de comunidades indígenas en donde los usos y costumbres “han contribuido” a la venta de niñas, adolescentes y mujeres.
Relató que una práctica común en la región Triqui es el arreglo de matrimonios de niñas de entre 14 y 16 años. Sin embargo, no existe una norma que sancione la trata de mayores de 12 años de edad. “La cercanía de los agresores con altos funcionarios de la entidad hace imposible que se castigue este delito”, comentó.
TIJUANA, EL CRUCE “NICE”
Elena Vilaboa, de la Coalición Binacional contra la trata y explotación de Tijuana, presentó los resultados de un monitoreo realizado en esta entidad de 2006 a la fecha.
De acuerdo con éste, el 70 por ciento de niñas y niños repatriados entraron por la frontera de Tijuana. El 70 por ciento tiene entre 16 y 17 años, 74 por ciento varones y el resto mujeres menores de 18 años.
El 40 por ciento de niñas y niños migrantes provienen de Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato; las niñas representan el 36.44 por ciento del total.
Vilaboa dijo que, contrario a lo que se cree, las y los menores de edad que migran tienen estudios completos de secundaria e incluso de preparatoria, y cuentan con papeles de identificación.
El 46 por ciento de las adolescentes cruza para reunirse con algún familiar, mientras que un 26 por ciento lo hace con fines laborales.
Un promedio de 3 de cada 10 niñas cruzan embarazadas, para tener a sus hijos allá y porque “es un cruce seguro”, añadió la especialista. Mientras, 59 por ciento de los varones trasponen la frontera por la montaña, que es más cercana a Tecate; el 75 por ciento de las menores de edad cruzan por el puente fronterizo usando documentos falsos.
Vilaboa calificó a Tijuana como “el cruce nice”, por el costo económico. Los resultados de su monitoreo detectaron que 70 por ciento de las y los menores llegan a Tijuana en avión, donde son recogidos por los tratantes.
Para las y los especialistas, es práctica común no hacer seguimiento de los casos; también, la revictimización de los menores que son rescatados, por parte de servidores públicos. Existe una gran dilación de las averiguaciones previas (pueden tardar años), y no se cuenta con un sistema efectivo de pruebas periciales ni con personal capacitado y sensibilizado para tratar a las víctimas.
Señalaron que, aunque se cuenta con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas –la Fevimtra, dirigida por Guadalupe Morfín--, las averiguaciones previas por este delito son muy pocas. A 2008 sólo había 19.
EL CASO LATINOAMERICANO
José Manuel Grima, de la Universidad de Buenos Aires, dio un panorama del fenómeno en tres países sudamericanos: Argentina, Chile y Uruguay.
Argentina, dijo, es considerado país de origen, destino y tránsito, pero también predomina la trata interna. El secuestro es la forma más común de reclutamiento de mujeres y niñas. Apenas en 2008 las autoridades promulgaron su Ley de trata. Actualmente, cuenta con fiscalía especializada y un programa de atención para las víctimas, pero sólo existe una casa de acogida en toda la nación.
Chile es considerado país de tránsito a países de Europa, con predominio de España. En 2006, dijo Grima, un tratante boliviano fue enjuiciado por primera vez en Chile por este delito.
Uruguay también es país de tránsito, particularmente hacia Argentina, y tres naciones europeas: Italia, España y Alemania. A pesar de la gravedad de la situación, la trata no es considerada un delito y, por tanto, no existe capacitación de funcionarios uruguayos sobre el tema.
Es necesario, remató el especialista, hacer un trabajo articulado entre sociedad civil, academia y agencias gubernamentales para hacerle frente a las redes de trata que cada día, dijo, utilizan “la tecnología de la globalización para potenciar su negocio”.
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