Julio Hernández López: Astillero
Ni siquiera en los flancos institucionales tienen confianza en el proceso electoral en curso. La presidenta del tribunal de convalidación de órdenes electorales de la superioridad (Tricordes), Maricarmen Alanís (margarita y beltrónica en proporciones sujetas a las necesidades del momento; a veces se favorece al zavalismo, otras al jefe Manlio), ha hecho saber a las masas ciudadanas ansiosas de acudir a las urnas que el abstencionismo previsible es de alrededor de 70 por ciento. Del otro lado de la cancha, los jugadores pigmeos de la abstracción/aberración llamada ife tratan de defender con denuedo la importancia del 30 por ciento (menos votos nulos y en blanco) que definirá el perfil del PanPristein político que tratará de llegar al 2012 en paz, habiendo pasado (if) el cabalístico 2010 de las revoluciones y las independencias.
El presidente del fideicomiso de liquidación del citado ife, Leonardo V.Z. (sin relación alguna con la veterinaria zootecnista), ha dicho que n’ombre, que sí va a votar más del antedicho 30 por ciento y que los símbolos nacionales son bien chidos para unir a los mexicanos y que antes de instalar el próximo domingo la sesión permanente de los carísimos consejeros del paupérrimo remedo democrático se entonará el Himno Nacional y se saludará al lábaro patrio, porque más allá de las diferencias partidistas está el hecho de que los mexicanos tenemos lazos muy importantes entre nosotros (el tecleador, decidido a votar por algo o alguien, pero no a anular su voto que en todo caso la maquinaria tradicional se encargará de anular, como en 2006, se llena de lágrimas marca masiosare al oír el recurso patriotero del ife vazurita).
El constructor de muros en cauces acuáticos (una especie de presas, pues) Armando Paredes Arroyo, quien funge como empleado de lujo de los grandes capitales en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, también le dio su llegue al multicitado ife, pues perdió credibilidad. El enojo del vocero temporal de los patrones máximos se encuadra en la campaña libertaria mercantil con que los distorsionadores de la pasada elección presidencial pretenden recuperar el fuero mediático que les permite pagar anuncios difamantes contra sus adversarios: ¡oh, la libertad de expresión en horario triple A, que sólo pueden pagar los poderosos!
El ciudadano Juan Sandoval Íñiguez, por su parte, ha encontrado una mejor manera de que los fieles voten a favor de ciertos proyectos. Por ejemplo, el santuario de los mártires cristeros, que no estará en alguna parte de Los Pinos sino en la arquidiócesis de Guadalajara. Luego de que fue obligado por la presión pública a devolver los millones de pesos que el acólito jalisciense Emilio González Márquez (famoso por el tequila y los exabruptos en público; temprano candidato a secretario federal de ¡Salud!) había desviado del erario para promover el turismo religioso ayudando a construir el citado santuario, el cardenal y verdadero gobernador del estado, Sandoval Íñiguez, se permitió un prodigio de humildad extrema, sin narcisismos ni vanidad, al ser tomado su egregio rostro como motivo central de monedas de oro y plata con cuya venta se continuarán los trabajos del templo dedicado a quienes se enfrentaron con las armas en la mano al Estado mexicano por instigación clerical (bueno, las monedas también conmemoran los 15 años de cardenalato del buen Juan en Guadalajara, pero eso no es más que una coincidencia no buscada).
Astillas
La (aparente) ausencia de mano negra de los gringos tras el golpe de Honduras ha facilitado el aislamiento de los golpistas. Además, ha sido muy importante la unidad activa del abanico ideológico de izquierdas que está en los principales gobiernos de Latinoamérica y la suma de los derechistas que, como el mexicano, al no haber línea de Washington en contra de Zelaya, ha podido moverse sin anclaje en ese plano regional. Falta ver si el espíritu Obama de prudencia es real o una vestimenta nueva para deslizar formas de intervencionismo menos crudas... El trabajador jubilado de Pemex Marco Antonio Balanzá escribe: yo era un admirador suyo y leía sus columnas con mucha atención, pero, con lo que acabo de enterarme en la de hoy, me doy cuenta que a usted, como a otros muchos traidores a la patria, ya le llegaron al precio. De la noche a la mañana, usted ya está alabando al espurio de Calderón por las palabras hipócritas que fue a decir a Nicaragua. Qué poco criterio tiene usted, yo creía que era un verdadero respetuoso del dolor de muchos mexicanos que estamos sufriendo la actual crisis de pérdida de identidad nacionalista. Pero no es así, usted de un plumazo ya le dio el crédito al espurio, y empezó a denostar al verdadero y único patriota que defiende a los mexicanos ofendidos. Sí, señor, es AMLO el único personaje que está limpio. No se moleste en contestarme, ya no voy a leer su columna que es igual a las de López Doriga, Loret de Mola, etc., con pura basura... Por no conocer a Dios, se llama el video de comentarios hechos por el presente tecleador al dictamen forense calderónico sobre Michael Jackson y las implicaciones teológicas de allí derivadas. Puede ser visto a partir de hoy en www.astillero.tv y el jueves estará disponible otro trabajo, éste relacionado con Sonora y el extraño repunte electoral del PAN en tierra de guarderías incendiadas... Y, mientras hoy, a las cinco de la tarde, en el Club de Periodistas, con este columnero como moderador y ponente, se analizan las elecciones en puerta a la luz de los diversos factores de distorsión de la voluntad cívica, entre otros el de la guerra contra el narcotráfico (además de las participaciones de Ackerman, Boltvinik, Vargas, y Javier Enríquez Brito, el reconocido jurista Raúl Carrancá y Rivas envió una ponencia para ser leída allí), ¡hasta mañana, con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, recibiendo una inducida protesta de connotación electoral en el Nuevo León cuya gubernatura el priísmo-salinismo cree posible mantener!
Enrique Galván Ochoa: Dinero
En su libro Derecho de réplica el controvertido Carlos Ahumada afirma que le debe el cargo la ministra de la Suprema Corte, Margarita Luna Ramos, ya que usó su influencia con Diego Fernández de Cevallos para el palomeo en el Senado, que enfrentaba tropiezos. Es filopanista. Mariano Azuela, entonces presidente de la Corte, ni siquiera quiso recibir en su despacho a un grupo de ciudadanos encabezado por el abogado Rafael Ruanova –recientemente fallecido–, cuya intención era plantearle la solicitud de que lanzara una investigación sobre el proceso electoral de 2006 y realizara un nuevo conteo de votos. Se especuló que tuvo reuniones privadas con Fox. Por otro lado, el ministro David Góngora, propuesto para dirigir el Instituto Federal Electoral, fue bloqueado por las corrientes de aguas verdes y pripánicas, consideraron un peligro para sus intereses a alguien no manejable, y en su lugar nombraron al personaje mano larga (con el presupuesto) Leonardo Valdés Zurita, sumiso servidor de las televisoras. Más todavía: la Corte recientemente rechazó la acción de un grupo de legisladores de varios partidos para que declarara inconstitucional el esquema de los gasolinazos, se plegó a los intereses del calderonismo. Este es, dibujado a vuelapluma, el perfil del máximo tribunal del país. Un grupo de familiares de los bebés que resultaron víctimas del multihomicidio de la guardería ABC de Hermosillo, fueron recibidos ayer por el presidente (el que sustituyó a Azuela), Guillermo Ortiz Mayagoitia y el ministro Góngora. Pidieron su intervención en el caso. Es que ya transcurrió casi un mes de la tragedia y sólo reciben promesas engañosas de una justicia que no llega; las puertas de la ley están cerradas y atrancadas desde adentro por una pesada roca que lleva el nombre del apellido superpoderoso e intocable: Gómez del Campo.
A ver si ahora
¿Tiene facultades el tribunal para intervenir? Tal vez. El artículo 97 constitucional, párrafo segundo, dice: La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiera el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de una garantía individual... O sea que facultades sí tiene, cuando menos –y únicamente– para lanzar una investigación que esclarezca los hechos y deslinde responsabilidades. Los resultados serían la base para una acción judicial posterior que emprendieran los familiares de las víctimas. Pero ¿se atreverán a hacerlo? ¿Podría la ministra Luna Ramos pronunciarse a favor, si le debe al panismo –vía Fernández de Cevallos, mediante la recomendación de Carlos Ahumada, según afirma en su libro– la paga supermillonaria que recibe? ¿Y el menguado Azuela sería capaz de despedirse de su carrera judicial con un acto de dignidad? No hace mucho tiempo, con motivo de las presiones que ejercían los industriales de la televisión para que se diera marcha atrás a la reforma electoral, el ministro Ortiz Mayagoitia dijo que mostrarían a la opinión pública de lo que estamos hechos. No exhibieron entonces músculos de acero. Quizá ahora.
A ver si ahora
¿Tiene facultades el tribunal para intervenir? Tal vez. El artículo 97 constitucional, párrafo segundo, dice: La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiera el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de una garantía individual... O sea que facultades sí tiene, cuando menos –y únicamente– para lanzar una investigación que esclarezca los hechos y deslinde responsabilidades. Los resultados serían la base para una acción judicial posterior que emprendieran los familiares de las víctimas. Pero ¿se atreverán a hacerlo? ¿Podría la ministra Luna Ramos pronunciarse a favor, si le debe al panismo –vía Fernández de Cevallos, mediante la recomendación de Carlos Ahumada, según afirma en su libro– la paga supermillonaria que recibe? ¿Y el menguado Azuela sería capaz de despedirse de su carrera judicial con un acto de dignidad? No hace mucho tiempo, con motivo de las presiones que ejercían los industriales de la televisión para que se diera marcha atrás a la reforma electoral, el ministro Ortiz Mayagoitia dijo que mostrarían a la opinión pública de lo que estamos hechos. No exhibieron entonces músculos de acero. Quizá ahora.
Prosigue la rebelión de los países productores de petróleo llamados independientes, como Brasil y Rusia, frente al férreo control del mercado por la dupla anglosajona.
El presidente ruso, Dimitri Medvedev, durante su visita a Angola (potencia africana energética y mineral en ascenso), fustigó: el mercado petrolero no debe depender de una sola economía (RIA Novosti, 26/6/09), en clara alusión al oligopolio de las trasnacionales anglosajonas, protegidas por las bombas nucleares de Estados Unidos, por lo que urgió a cambiar la forma en que se cotiza el oro negro.
No estamos descubriendo los lazos portugueses entre Brasil y Angola (que acaba de ingresar a la OPEP), pero los productores de petróleo, sean independientes o de la OPEP, en pleno conocimiento de que concluyó la era del petróleo barato, han adoptado inteligentes políticas graduales de recuperación de los recursos energéticos, que preserven sus intereses nacionales.
En esta coyuntura, favorable a los productores de hidrocarburos, los caminos que han escogido el México neoliberal, en plena decadencia, y Brasil, son diametralmente opuestos: mientras la reforma energética calderonista-beltronista se desprende de forma masoquista del último patrimonio que le queda para entregar los pletóricos yacimientos en las aguas profundas del Golfo de México a las trasnacionales anglosajonas, el gobierno de Lula ha optado por recuperar la explotación de sus riquísimos yacimientos en el Atlántico sur.
No es casual que los gobiernos entreguistas neoliberales priístas y panistas –desde Miguel de la Madrid Hurtado, pasando por Salinas, Zedillo y Fox, hasta Calderón– hayan llevado a México a la mediocridad ininterrumpida y al borde de la desintegración desde hace 27 años, mientras el gobierno del visionario Lula haya propulsado a Brasil como nueva potencia emergente del planeta.
Mientras México desnacionaliza a Pemex, Brasil desprivatiza sus hidrocarburos.
Jonathan Wheatley, reportero de The Financial Times (11/6/09), rotativo neoliberal y portavoz de los intereses petroleros anglosajones, alerta: el gobierno brasileño prepara una legislación que impondrá nuevas regulaciones (sic) para explotar enormes reservas pre-sal en el mar, descubiertas en 2007, que son tan significativas como las del mar del Norte en la década de 1970.
El presidente ruso, Dimitri Medvedev, durante su visita a Angola (potencia africana energética y mineral en ascenso), fustigó: el mercado petrolero no debe depender de una sola economía (RIA Novosti, 26/6/09), en clara alusión al oligopolio de las trasnacionales anglosajonas, protegidas por las bombas nucleares de Estados Unidos, por lo que urgió a cambiar la forma en que se cotiza el oro negro.
No estamos descubriendo los lazos portugueses entre Brasil y Angola (que acaba de ingresar a la OPEP), pero los productores de petróleo, sean independientes o de la OPEP, en pleno conocimiento de que concluyó la era del petróleo barato, han adoptado inteligentes políticas graduales de recuperación de los recursos energéticos, que preserven sus intereses nacionales.
En esta coyuntura, favorable a los productores de hidrocarburos, los caminos que han escogido el México neoliberal, en plena decadencia, y Brasil, son diametralmente opuestos: mientras la reforma energética calderonista-beltronista se desprende de forma masoquista del último patrimonio que le queda para entregar los pletóricos yacimientos en las aguas profundas del Golfo de México a las trasnacionales anglosajonas, el gobierno de Lula ha optado por recuperar la explotación de sus riquísimos yacimientos en el Atlántico sur.
No es casual que los gobiernos entreguistas neoliberales priístas y panistas –desde Miguel de la Madrid Hurtado, pasando por Salinas, Zedillo y Fox, hasta Calderón– hayan llevado a México a la mediocridad ininterrumpida y al borde de la desintegración desde hace 27 años, mientras el gobierno del visionario Lula haya propulsado a Brasil como nueva potencia emergente del planeta.
Mientras México desnacionaliza a Pemex, Brasil desprivatiza sus hidrocarburos.
Jonathan Wheatley, reportero de The Financial Times (11/6/09), rotativo neoliberal y portavoz de los intereses petroleros anglosajones, alerta: el gobierno brasileño prepara una legislación que impondrá nuevas regulaciones (sic) para explotar enormes reservas pre-sal en el mar, descubiertas en 2007, que son tan significativas como las del mar del Norte en la década de 1970.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Estamos fritos: los empresarios cupulares, por medio del Consejo Coordinador Empresarial, aseguran que le perdieron la confianza al Instituto Federal Electoral; los partidos políticos cotidianamente expresan sus dudas sobre la eficacia del IFE, mientras éste no deja de aplicarles tardías multas por su permanente violación a la ley en materia de pautas publicitarias; el citado instituto no cree en el Trife ni en su reciente estimación sobre el abstencionismo (70 por ciento) que se registraría el próximo domingo; el tribunal viola la ley, se pasa por el arco del triunfo a los consejeros electorales y los obliga a sesionar para que avalen el Iztapalapazo; Calderón, como Fox, descaradamente mete las manos en las elecciones en un desesperado movimiento que pretende rescatar lo que queda de su partido, y para redondear el numerito el CCE anuncia –como en junio de 2006– la puesta en marcha de una campaña de promoción del sufragio bajo el lema de infórmate, piensa y vota, es decir, el mismo proceder de hace tres años, en los comicios presidenciales de 2006, algo que en su momento reconoció el Tribunal Electoral, pero que al final de cuentas no provocó más que una amonestación de un organismo electoral en el que el organismo patronal no confía.
Nada ha cambiado en tres años, salvo la práctica de modificar todo para no alterar ni un milímetro el estado de cosas: nuestro heroico sistema político se mantiene como una merienda de caníbales, en la que la legalidad se utiliza como servilleta mientras los selectos comensales engullen su platillo preferido: el ciudadano en edad de votar, en espera del reparto del pastel. Si de por sí la oferta de candidatos y partidos políticos fue verdaderamente raquítica, nula la difusión de ideas y programas, e inexistentes las campañas, este cierre de proceso electoral resulta verdaderamente grotesco.
Con la cara más dura, el supuesto dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes, asegura que el IFE perdió la confianza de la ciudadanía, ergo, nosotros somos los que actuaremos en consecuencia. Y para ello anuncia que “diferentes organizaciones empresariales decidieron la difusión de dos spots comerciales (léase propaganda electoral) que serán transmitidos en Internet, pero no en televisión ni en radiodifusoras, por considerarse como violatorios al Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, el Cofipe”. Como se recordará, en las elecciones de 2006 el CCE también estaba impedido, legalmente, de transmitir propaganda electoral, y ese impedimento se lo pasó por el arco del triunfo (recuérdese aquella bella frase de: apostarle a algo distinto implicaría retroceso) y metió el acelerador propagandístico, en plena violación del Cofipe, a favor del Felipillo, quien, dicho sea de paso, ya en Los Pinos, y sin apostarle a algo distinto, lo único que ha logrado es que el país retroceda.
Como en el proceso electoral de 2006, el CCE, por medio de su presidente, asegura desconocer el monto de inversión requerido para financiar la campaña del sector empresarial en Internet, pues el Consejo de la Comunicación, encargado –al igual que tres años atrás– de su contenido y alcance, asumió los costos.
Irak: obstáculos para la paz
Ayer, mientras los mandos estadunidenses disponían los últimos detalles del retiro de las tropas invasoras de los centros urbanos iraquíes y su desplazamiento a las bases militares rurales –como parte de un proceso que concluirá a finales de 2010, según lo establecido en el Acuerdo de Estatus de Fuerzas entre ambos países (SOFA, por sus siglas en inglés)–, la explosión de un coche bomba en un mercado de la ciudad de Kirkuk, al norte de la nación árabe, mató a una treintena de personas y dejó heridas a medio centenar más, de acuerdo con informes de la policía local.
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El Correo Ilustrado
Condena al golpe de Estado en Honduras
Nosotros, intelectuales, artistas y escritores, presentes en Santo Domingo, República Dominicana, para conmemorar el centenario del natalicio del profesor Juan Bosch, queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo al golpe de Estado perpetrado contra el gobierno constitucional de la República de Honduras.
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El golpe militar consumado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha representado para América Latina el regreso a la era de las cavernas, cuando era signo común que los ejércitos actuaran como árbitros finales del poder político. Los regimenes surgidos de los golpes militares fueron un mal propio de Centroamérica por décadas, lo que ganó a estos países el triste título de repúblicas bananeras, denominador común que se extendió hacia todos aquellos otros donde hubiera un ejército dispuesto a ejercer sus prerrogativas de gorilato.
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En la medida que el gobernador de Jalisco ejercita su piedad católica, en esa proporción deja de proteger los derechos de los sectarios. Emilio González Márquez, como buen panista conservador, mira con recelo a los diferentes. Para él la normalidad está asociada a la moral católica, y quienes se desapegan de ella en el pecado llevan la penitencia.
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De la mano de mis mayores, evoco los paseos sabatinos por el centro de Rosario. Casa Tía era ineludible sitio de parada. A bajo precio, la gente compraba prendas de vestir, lápices y cuadernos, golosinas, utensillos varios, billetes de lotería o, simplemente, tomaba un helado.
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Armado con un paquete de 1.8 mil millones de pesos, y otros favores adicionales, el señor Calderón amarró alianzas temporales con las televisoras y varias cadenas de la radio. Tal fue la inversión en comunicación electrónica presupuestada para este año electoral. Un descomunal aumento respecto de los años precedentes, manirroto derroche en tiempos de crisis y desempleo mayúsculo. Ésa fue la táctica pergeñada por los estrategas divisionistas del PAN y complementada con los furiosos ataques, sin orden, pero sobre todo sin mañana, contra sus rivales partidarios. Querían, los panistas, capitaneados por el valiente de la pantalla y el de los encendidos discursos, asegurar mayoría en la Cámara de Diputados, objetivo que se les muestra elusivo si no es que por completo inalcanzable.
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Las palabras recientes de Felipe Calderón no dejan de epatar. Dijo: la falta de asideros trascendentales, como es que los jóvenes no creen en Dios, porque no lo conocen, es caldo de cultivo para las adicciones. Esa idea la pronunció el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Esa noción soslaya la realidad –no hay evidencias científicas que demuestren que el ateísmo se asocia con genes que predispongan a la drogadicción–, es inadecuada –los asideros de los religiosos no son más sanos que los de los ateos–, es discriminatoria –en un Estado laico, como México, es inadecuado atribuir a Dios virtudes no compartidas por ateos– y es sesgada, ya que olvida fragmentos críticos de nuestra política: ¿quiénes le abrieron las puertas al narcotráfico?
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La crisis es global y la recuperación tendrá que ser global. Así que cuando la prensa internacional comenta que China está incrementando su demanda de materias primas, muchos analistas saltan de gusto. La demanda de materias primas podría ser una señal de que la actividad productiva está retomando su curso y pronto recuperará el nivel que tenía antes de la crisis. Pero las apariencias engañan.
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Lorenzo Córdova Vianello
Presidente, su cruzada y el voto
Que el presidente Calderón tenga sus convicciones religiosas es algo absolutamente válido. Que pueda ejercer su fe de manera libre es producto de la gran conquista civilizatoria que la modernidad trajo consigo y que se materializó, precisamente, en la postulación de la libertad religiosa como un derecho fundamental sobre el que se funda la vida pacífica de las sociedades.
Pero para que esa conquista pudiera concretarse tuvo que llevarse a cabo una de las más profundas transformaciones políticas de la historia que el Presidente parece haber olvidado: la separación de la Iglesia y del Estado, o si se quiere, la diferenciación de la fe como algo reservado a la esfera privada de los individuos y de la política como actividad primordial de la esfera pública.
En su discurso con motivo del Día Internacional contra las Drogas el viernes pasado, el presidente Calderón olvidó por enésima ocasión esa separación y volvió a anteponer sus creencias religiosas personales a la responsabilidad que lo obliga como jefe de Estado.
Al afirmar en su intervención que una de las causas que provoca la proliferación del narcotráfico y que los jóvenes consuman drogas es “que no creen en Dios, porque no lo conocen”, y que “esta falta de asideros trascendentales hace, precisamente, un caldo de cultivo para quienes usan y abusan de este vacío espiritual y existencial de nuestro tiempo”, el Presidente olvidó su papel como titular de uno de los poderes de un Estado laico y actuó más como un ministro de culto que razona a partir de un dogma privado.
Con ello, además, volvió a ofender a todos aquellos que no creemos en lo que él cree o simplemente no creemos, como cuando el 14 de enero, durante el Encuentro Mundial de las Familias, invocando a santos y vírgenes, exaltó los valores de la familia “tradicional” y atribuyó buena parte de los problemas que nos aquejan a la pérdida de esos valores. Esa reiteración supone que el asunto deja de ser un hecho anecdótico, e implica la sistemática utilización de una investidura pública que nos representa a todos los mexicanos para pregonar una visión privada del mundo. Y para eso están los púlpitos, no el Estado.
Lo que está en juego es sumamente delicado porque implica la erosión de los principios más elementales de la coexistencia democrática, que suponen el respeto irrestricto de quien piensa distinto (y, por ello, también de quien cree en algo diferente), y porque ese respeto tiene que venir, en primera instancia, desde el Estado, que debe abstenerse tanto de imponer una visión religiosa como de perseguir a cualquier religión (en ello reside precisamente su carácter laico).
Insisto en algo: Felipe Calderón, como cualquier individuo, tiene todo el derecho de creer en lo que quiera, pero a diferencia de cualquier otra persona y dado que funge como titular del Ejecutivo, no debe, no puede permitirse difuminar la línea divisoria entre sus convicciones privadas y el discurso público que supone su encargo.
De manera inevitable la cruzada ideológica que ha emprendido el Presidente (y que no casualmente coincide con la que ha emprendido la Iglesia católica por mandato vaticano) coloca al tema de la preservación del Estado laico y de sus valores (fundados en la razón y no en dogma como el que invoca Calderón) como uno de los asuntos que están a discusión en la agenda política inmediata.
En ese sentido, las próximas elecciones también servirán como un espacio en el que los ciudadanos podremos expresar a través del voto nuestro rechazo o aceptación al modo muy particular con el que algunos políticos parecen concebir el papel del Estado.
El voto, mecanismo democrático por excelencia, puede constituir también una manera de enfrentar las pulsiones autoritarias que subyacen a las visiones maniqueas y dogmáticas que amenazan la convivencia democrática de nuestra sociedad. Y eso, por cierto, creo que ya es, de por sí, una razón suficiente para votar válidamente y no anular el voto.
Investigador y profesor de la UNAM
Pero para que esa conquista pudiera concretarse tuvo que llevarse a cabo una de las más profundas transformaciones políticas de la historia que el Presidente parece haber olvidado: la separación de la Iglesia y del Estado, o si se quiere, la diferenciación de la fe como algo reservado a la esfera privada de los individuos y de la política como actividad primordial de la esfera pública.
En su discurso con motivo del Día Internacional contra las Drogas el viernes pasado, el presidente Calderón olvidó por enésima ocasión esa separación y volvió a anteponer sus creencias religiosas personales a la responsabilidad que lo obliga como jefe de Estado.
Al afirmar en su intervención que una de las causas que provoca la proliferación del narcotráfico y que los jóvenes consuman drogas es “que no creen en Dios, porque no lo conocen”, y que “esta falta de asideros trascendentales hace, precisamente, un caldo de cultivo para quienes usan y abusan de este vacío espiritual y existencial de nuestro tiempo”, el Presidente olvidó su papel como titular de uno de los poderes de un Estado laico y actuó más como un ministro de culto que razona a partir de un dogma privado.
Con ello, además, volvió a ofender a todos aquellos que no creemos en lo que él cree o simplemente no creemos, como cuando el 14 de enero, durante el Encuentro Mundial de las Familias, invocando a santos y vírgenes, exaltó los valores de la familia “tradicional” y atribuyó buena parte de los problemas que nos aquejan a la pérdida de esos valores. Esa reiteración supone que el asunto deja de ser un hecho anecdótico, e implica la sistemática utilización de una investidura pública que nos representa a todos los mexicanos para pregonar una visión privada del mundo. Y para eso están los púlpitos, no el Estado.
Lo que está en juego es sumamente delicado porque implica la erosión de los principios más elementales de la coexistencia democrática, que suponen el respeto irrestricto de quien piensa distinto (y, por ello, también de quien cree en algo diferente), y porque ese respeto tiene que venir, en primera instancia, desde el Estado, que debe abstenerse tanto de imponer una visión religiosa como de perseguir a cualquier religión (en ello reside precisamente su carácter laico).
Insisto en algo: Felipe Calderón, como cualquier individuo, tiene todo el derecho de creer en lo que quiera, pero a diferencia de cualquier otra persona y dado que funge como titular del Ejecutivo, no debe, no puede permitirse difuminar la línea divisoria entre sus convicciones privadas y el discurso público que supone su encargo.
De manera inevitable la cruzada ideológica que ha emprendido el Presidente (y que no casualmente coincide con la que ha emprendido la Iglesia católica por mandato vaticano) coloca al tema de la preservación del Estado laico y de sus valores (fundados en la razón y no en dogma como el que invoca Calderón) como uno de los asuntos que están a discusión en la agenda política inmediata.
En ese sentido, las próximas elecciones también servirán como un espacio en el que los ciudadanos podremos expresar a través del voto nuestro rechazo o aceptación al modo muy particular con el que algunos políticos parecen concebir el papel del Estado.
El voto, mecanismo democrático por excelencia, puede constituir también una manera de enfrentar las pulsiones autoritarias que subyacen a las visiones maniqueas y dogmáticas que amenazan la convivencia democrática de nuestra sociedad. Y eso, por cierto, creo que ya es, de por sí, una razón suficiente para votar válidamente y no anular el voto.
Investigador y profesor de la UNAM
Mauricio Merino
En México no hay rendición de cuentas
Hace un año, un grupo de investigadores del CIDE nos dimos a la tarea de indagar cómo funcionaba y cuál era la estructura de la rendición de cuentas en México. Cuando comenzamos ese proyecto, ya sabíamos que rendir cuentas no era una práctica que se cumpliera en nuestro país, pero algunos pensábamos que el problema estaba más del lado de los políticos que de las reglas formales. Un año después comprobamos que el problema está en ambos lados, y también que es mucho más grave de lo que habíamos imaginado.
Los resultados del diagnóstico que llevamos a cabo (plasmados hasta ahora en 10 documentos y varias bases de datos, que pueden verse en www.rendiciondecuentas.cide.edu) nos dicen que ese concepto ni siquiera está definido en la Constitución del país. Rendir cuentas puede ser, por ejemplo, publicar informes, inventar indicadores, entregar papeles contables, atender instrucciones o responder solicitudes de información, según el cuerpo jurídico que se invoque, pero casi nunca en función de los ciudadanos, de los resultados comprometidos o de los costos en los que incurre cada unidad de la administración pública. Hoy estamos seguros de que en México no hay un sistema, ni un conjunto de reglas coherentes, ni una política armónica dedicada a la rendición de cuentas.
En el trabajo escrito por Sergio López Ayllón se muestra que hay al menos tres sistemas jurídicos diferentes en la Constitución del país (el de responsabilidades, el de transparencia, el del gasto público) con principios, normas, procedimientos y responsables diferenciados. Sistemas que, mientras más se complican (cuando se aplican), más diluyen la rendición de cuentas. Y entre ellos no hay coherencia ni articulación ni comunicación.
Sabemos que no es posible rendir cuentas sin cuentas. Pero ocurre que los criterios que se utilizan en el gobierno federal y en las distintas entidades federativas para llevar la contabilidad gubernamental y para fiscalizarla no sólo son diferentes entre sí (lo que hace imposible comparar costos, procesos y resultados), sino que también difieren en su propia estructura. Por ejemplo, tras revisar las cuentas públicas que presentan los estados de la República a la luz de 15 indicadores básicos, diseñados para calificar si es posible conocer de dónde viene el dinero público y cómo se gasta, el resultado fue de apenas 3.5 sobre 10. Y en los municipios (aun con excepciones sorprendentes) la situación es todavía peor. Laura Sour estudió las cuentas estatales y municipales con el mayor detalle, y confirmó que ni por el lado del registro de ingresos ni por los gastos es posible desentrañar información sustantiva y oportuna para tomar decisiones de política pública.
Y como prueban Guillermo Cejudo y Alejandra Ríos, mientras más se estudian los métodos, los procedimientos y las oficinas estatales y municipales responsables de garantizar el control de la legalidad, la evaluación del desempeño o la información pública sobre dineros y resultados, más se confirma que están diseñados para no rendir cuentas.
Por otra parte, María del Carmen Pardo revela que aunque el gobierno federal ha inventado distintos programas formalmente destinados a rendir cuentas, lo cierto es que cada uno obedece (en el mejor de los casos) a su propia lógica. De modo que al final no se rinden cuentas sino a través de complejísimos sistemas procedimentales, métodos de control y salvaguardas burocráticas de toda índole, en los que nadie acaba siendo responsable de nada. Los programas pueden fallar y los procesos se pueden desviar y, a pesar de todo, los responsables quedarán casi siempre impunes, a menos que se hayan llevado el dinero a su casa y hayan sido delatados o descubiertos, por excepción.
Y las cosas en el Poder Legislativo y el Judicial son todavía peores. María Amparo Casar e Ignacio Marván, por una parte, y José Antonio Caballero, por la otra, han documentado que esos poderes pueden llegar a ver la paja en el ojo ajeno, pero nunca la viga en el propio. Vigilan a los otros poderes, fiscalizan a los ejecutivos, dicen el derecho, pero no rinden cuentas.
En esta materia, hay una larga agenda por delante. Tan larga como compleja y difícil de construir. Pero me parece que arreglar esos problemas básicos de fontanería democrática, que hoy ya tenemos documentados, es una tarea elemental para volver a imaginar que México puede ser un poco mejor y que no todo ha de depender de la calidad de nuestra clase política, o de la bondad o la perversión del poderoso de turno. También puede ser que cambiemos, algún día, porque aprendimos a recibir y a rendir cuentas sobre el ejercicio de la autoridad pública. A ser ciudadanos en serio, con políticos que también se tomen en serio.
Profesor investigador del CIDE
Los resultados del diagnóstico que llevamos a cabo (plasmados hasta ahora en 10 documentos y varias bases de datos, que pueden verse en www.rendiciondecuentas.cide.edu) nos dicen que ese concepto ni siquiera está definido en la Constitución del país. Rendir cuentas puede ser, por ejemplo, publicar informes, inventar indicadores, entregar papeles contables, atender instrucciones o responder solicitudes de información, según el cuerpo jurídico que se invoque, pero casi nunca en función de los ciudadanos, de los resultados comprometidos o de los costos en los que incurre cada unidad de la administración pública. Hoy estamos seguros de que en México no hay un sistema, ni un conjunto de reglas coherentes, ni una política armónica dedicada a la rendición de cuentas.
En el trabajo escrito por Sergio López Ayllón se muestra que hay al menos tres sistemas jurídicos diferentes en la Constitución del país (el de responsabilidades, el de transparencia, el del gasto público) con principios, normas, procedimientos y responsables diferenciados. Sistemas que, mientras más se complican (cuando se aplican), más diluyen la rendición de cuentas. Y entre ellos no hay coherencia ni articulación ni comunicación.
Sabemos que no es posible rendir cuentas sin cuentas. Pero ocurre que los criterios que se utilizan en el gobierno federal y en las distintas entidades federativas para llevar la contabilidad gubernamental y para fiscalizarla no sólo son diferentes entre sí (lo que hace imposible comparar costos, procesos y resultados), sino que también difieren en su propia estructura. Por ejemplo, tras revisar las cuentas públicas que presentan los estados de la República a la luz de 15 indicadores básicos, diseñados para calificar si es posible conocer de dónde viene el dinero público y cómo se gasta, el resultado fue de apenas 3.5 sobre 10. Y en los municipios (aun con excepciones sorprendentes) la situación es todavía peor. Laura Sour estudió las cuentas estatales y municipales con el mayor detalle, y confirmó que ni por el lado del registro de ingresos ni por los gastos es posible desentrañar información sustantiva y oportuna para tomar decisiones de política pública.
Y como prueban Guillermo Cejudo y Alejandra Ríos, mientras más se estudian los métodos, los procedimientos y las oficinas estatales y municipales responsables de garantizar el control de la legalidad, la evaluación del desempeño o la información pública sobre dineros y resultados, más se confirma que están diseñados para no rendir cuentas.
Por otra parte, María del Carmen Pardo revela que aunque el gobierno federal ha inventado distintos programas formalmente destinados a rendir cuentas, lo cierto es que cada uno obedece (en el mejor de los casos) a su propia lógica. De modo que al final no se rinden cuentas sino a través de complejísimos sistemas procedimentales, métodos de control y salvaguardas burocráticas de toda índole, en los que nadie acaba siendo responsable de nada. Los programas pueden fallar y los procesos se pueden desviar y, a pesar de todo, los responsables quedarán casi siempre impunes, a menos que se hayan llevado el dinero a su casa y hayan sido delatados o descubiertos, por excepción.
Y las cosas en el Poder Legislativo y el Judicial son todavía peores. María Amparo Casar e Ignacio Marván, por una parte, y José Antonio Caballero, por la otra, han documentado que esos poderes pueden llegar a ver la paja en el ojo ajeno, pero nunca la viga en el propio. Vigilan a los otros poderes, fiscalizan a los ejecutivos, dicen el derecho, pero no rinden cuentas.
En esta materia, hay una larga agenda por delante. Tan larga como compleja y difícil de construir. Pero me parece que arreglar esos problemas básicos de fontanería democrática, que hoy ya tenemos documentados, es una tarea elemental para volver a imaginar que México puede ser un poco mejor y que no todo ha de depender de la calidad de nuestra clase política, o de la bondad o la perversión del poderoso de turno. También puede ser que cambiemos, algún día, porque aprendimos a recibir y a rendir cuentas sobre el ejercicio de la autoridad pública. A ser ciudadanos en serio, con políticos que también se tomen en serio.
Profesor investigador del CIDE
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