Con 720 femicidios en 2009, se ubica en la cifra más alta del mundo
Escala violencia hacia las mujeres en Guatemala
Por Carolina Velázquez, enviada
Guatemala, Gua 23 abril 10 (CIMAC).- En Guatemala se vive un ambiente de impunidad social, económica, política y cultural que genera, fomenta y legitima la muerte violenta de mujeres, denunciaron hoy aquí Organizaciones Sociales.
Al presentar aquí la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres, las organizaciones que integran la Alianza para la Acción: previniendo el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en Guatemala, precisaron que la muerte violenta de mujeres va en escala ascendente, con 720 casos en 2009.
Una de las cifras más altas del mundo, como lo destacó el Secretario General de Naciones Unidas, Bann Ki Moon en la presentación de la Campaña UNETE en diciembre pasado, informó Carmen López, de Convergencia Cívico-Política de Mujeres.
Es también, agregó, “la consecuencia última de un intento explícito del agresor por controlar el cuerpo de las mujeres y/o sus actuaciones, un fenómeno histórico de orden social, no del ámbito privado, un fenómeno que afecta a toda la sociedad”.
A este fenómeno se le denomina feminicidio, está tipificado en la legislación de Guatemala como femicidio, y no responde a coyunturas ni actores específicos.
“Ocurre tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto armado. En las esferas públicas y privadas: casa, centro laboral, centros educativos, en la calle. Las víctimas son mujeres sin ninguna distinción de clase, etnia, opción sexual, raza y/o edad”, explicó.
Para la Alianza para la Acción, a esta escala ascendente de muertes violentas se agrega un nivel de impunidad que debilita a las instituciones públicas y la confianza de la población en las autoridades.
Ante más de 40 periodistas de los principales medios de comunicación y de la Red de corresponsales de la agencia Cerigua, Carmen López señaló que una característica en el 2009 fue la inseguridad ciudadana en Guatemala que se manifestó en el aumento de muertes violentas en general, 6 mil 498, 720 de las víctimas fueron mujeres.
Dijo, además, que la tasa de homicidios se mantuvo por encima de 48 por cada 100 mil habitantes y el 83 por ciento de las muertes fue ocasionado por arma de fuego.
Ante esta situación, la Alianza para la Acción –integrada por Convergencia, CICAM y Sobrevivientes— consideró necesario “el profundo y constante compromiso del Estado guatemalteco en la realización de acciones para erradicar y prevenir las muertes violentas de mujeres y perseguir y sancionar a quienes cometen el delito de feminicidio y todos aquellos tipificados en la legislación”.
Por último, las organizaciones de la Alianza para la Acción --que participarán en la Campaña Regional con actividades que se realizarán durante el 2010 para incidir en la respuesta adecuada de las instituciones públicas y de la sociedad civil-- hicieron un llamado a la población para mantenerse “alerta, solidaria y activa con el fin de lograr que nuestro país salga de la situación de indiferencia e impunidad que enluta y lastima a nuestras familias”.
La Campaña Regional por el Acceso de la Justicia para las Mujeres se presentará la próxima semana en la capital de Honduras, Tegucigalpa, país que junto con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México harán distintos eventos en pro del respeto a los derechos humanos de las mujeres y una vida libre de violencia para ellas.
Llega aquí Campaña por el acceso a la justicia para las Mujeres
En 9 años se incrementó feminicidio más de 100 por ciento en El Salvador
Por Carolina Velázquez, enviada
San Salvador, El Sal, 23 abr 10 (CIMAC).- En la región de Centroamérica, El Salvador, después de Guatemala, cuenta con una tasa de asesinatos de mujeres, de más de 10 por cada 100 mil habitantes, seguidos por Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, de acuerdo con datos de la Red feminista frente a la violencia contra las mujeres.
Según información del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, la muerte violenta de mujeres se incrementó en diez años, al pasar de 195 casos en 1999 a 581 en 2009. En una década han fallecido por esta causa un total de tres mil 578 y de enero a marzo de este año se tiene el reporte de 154 casos.
Aquí las mujeres y los hombres no sufren por igual los delitos ni son víctimas del mismo tipo de delito: ellas han vivido una recurrente violencia familiar, maltrato durante la infancia, violación, agresiones sexuales y muertes violentas, ellos mueren principalmente a causa de un homicidio.
Datos recientes presentados aquí por Silvia Juárez, abogada de la organización de mujeres ORMUSA, durante el lanzamiento de la Campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres así lo muestran.
Una característica en las salvadoreñas, de 2000 a 2009, es el incremento del feminicidio que pasó del 3.86 por ciento al 154.36 por ciento, en tanto los hombres que han muerto de manera violenta pasaron del -2.90 por ciento al 34.63 por ciento.
Para Silvia Juárez, el feminicidio es “la forma más extrema de violencia basada en el género contra las mujeres que termina con sus vidas, como una expresión de odio y una forma de poder, dominación o control, explotación y subordinación, porque aún no nos consideran iguales”.
Y agrega, “la violencia contra las mujeres es más que un hecho delictivo, porque las mujeres han enfrentado una violencia histórica, con un enorme manto de impunidad. Por eso, el derecho a una vida libre de violencia nace como una reivindicación frente a una demanda histórica de las mujeres”.
El incremento del feminicidio en El Salvador llevó en marzo de 2008 a la Red feminista frente a la violencia contra las mujeres --integrada por las siguientes organizaciones de la sociedad civil Ormusa, Las Dignas y Las Mélidas— a una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2009, la Red llevó a la Asamblea Legislativa de el Salvador una iniciativa de Ley que lleva por nombre Ley Integral para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y tiene cuatro ejes: prevención, resarcimiento y reparación, atención integral y persecución y sanción.
Pretende dar un salto de “mujeres víctimas” a ser sujetas de derecho, explica Silvia Juárez, ya que parte de reconocer la violencia de género contra las mujeres y de que se asuman las competencias en la atención a este fenómeno delictivo por todos los órganos e instituciones del Estado.
Con ella, agrega, se buscan herramientas para los cambios culturales que puedan modificar los imaginarios de las mujeres, abolir la imagen de odio contra ellas y el rechazo de toda forma de violencia.
También involucra a todos los actores y actoras sociales y a toda la institucionalidad del Estado desde lo nacional hasta lo territorial. Crea mecanismos de seguimiento y fiscalización. Y reconoce la reparación a las mujeres que enfrentan violencia, informa.
Basada en conceptos que se establecen en acuerdos internacionales, como la Belem do Pará y la Cedaw, aborda todas las formas de violencia incluyendo el feminicidio y reconoce la victimización --y revictimización-- por parte de las personas en servicio público. Además, de crear normas a partir de políticas, planes y acciones a cada instancia de gobierno.
Para Silvia Juárez, esta es una posibilidad de tipificar el feminicidio y terminar con la impunidad.
Es decir romper con “el silencio, la omisión, la negligencia, la complicidad y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar esos crímenes”.
Por ahora, la iniciativa se encuentra a debate en la Asamblea Legislativa y la Red espera que se pueda presentar al pleno el próximo mes de junio.
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