NOGALES, México, 23 abr (IPS) - "Tengo que volver a Arizona, es mi hogar", dice el mexicano Sergio, de 26 años, mientras coloca su última pastilla purificadora en un cubo de agua turbia. Su hijo vive en ese estado de Estados Unidos donde él mismo pasó la mayor parte de su vida.
Sin documentos, Sergio, como otros inmigrantes, no puede obtener una licencia de conducir. Cuando usab
a una identificación falsa, lo detuvieron en un control de tráfico de rutina y, tras hacerle pasar cuatro meses en la cárcel, lo deportaron a México. Sergio explica en un inglés fluido que inmediatamente después de su deportación intentó cruzar el desierto, pero agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos lo capturaron y lo pusieron en prisión otros ocho meses. Él no tiene vínculos familiares en los estados de la frontera mexicana; toda su vida está en Arizona, enfatiza. El 13 de este mes, el órgano legislativo del estado de Arizona aprobó el proyecto de ley más duro contra los inmigrantes --la SB 1070--, que ahora se encuentra a estudio de la gobernadora del Partido Republicano, Jan Brewer. Penalizando a las personas que no cuenten con una identificación adecuada, el proyecto requiere que la policía revise el estatus legal de cualquiera que sospeche es indocumentado. Apenas dos días después, en un enorme operativo en el que participaron 800 policías de nueve agencias federales y locales, fueron arrestadas 50 personas que trabajaban en el sector del transporte. Funcionarios de Inmigraciones de Estados Unidos dijeron que la medida incluyó "una cooperación sin precedentes con la Secretaría de Seguridad Pública de México", en una investigación que "implicó a miembros de alto nivel de organizaciones de tráfico de seres humanos". El mismo día, integrantes de la organización anti-inmigrantes Tea Party realizaron varias manifestaciones en el condado de Maricopa, también en Arizona. El ex congresista republicano Tom Tancredo culpó a los inmigrantes indocumentados de cometer asesinatos, y usó como ejemplo el crimen de Rob Krentz, un hacendado de ese estado, que tuvo lugar el mes pasado y sigue sin resolverse. "La sangre de esas personas está en las manos de cada político que administra una ‘ciudad-santuario’", dijo Tancredo en la ciudad de Tempe. Se llama "ciudad-santuario" a aquella donde no rigen las normas federales o estaduales en materia de inmigración. Isabel García, copresidenta de la Coalición para los Derechos Humanos, con sede en Tucson, dijo en Pacifica Radio que ella culpa al gobierno federal y al estadual por "hacer a propósito que Arizona sea el laboratorio para todas estas medias anti-inmigrantes". Con puntos urbanos de cruce de fronteras como Nogales, una ciudad muy fortificada, los migrantes deportados a México que desean regresar con sus familias en Arizona realizan peligrosas travesías por el desierto. Según organizaciones estadounidenses de derechos humanos, la cantidad de migrantes que fallecen cada año intentando ingresar a Arizona aumentó de nueve en 1990 a unas 200 a mediados de 2000. El gobierno de Barack Obama ha continuado la política de sus predecesores de usar la muerte como medida de disuasión, lo que de acuerdo con el derecho estadounidense e internacional se considera ilegal. En 1994, con la aprobación Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el entonces presidente Bill Clinton (1993-2001) militarizó oficialmente la frontera con la "Operation Gatekeeper" ("Operación Guardián") y la "Operation Hold The Line" ("Operación Defender las Líneas de Combate"). Al redirigir los recursos del gobierno a los principales cruces urbanos entre Estados Unidos y México, donde es más fácil acceder a agua, alimentos y refugio, sucesivos gobiernos estadounidenses han usado explícitamente las inhóspitas condiciones del desierto como método para disuadir a los inmigrantes. La monja Engracia Robles, de las Hermanas de la Eucaristía, ayuda a administrar un pequeño centro donde voluntarios reciben a deportados. "A menudo la gente duerme en el cementerio" cercano, relata. "Llegan con ampollas en los pies, con cortes en el rostro y moretones. Están hambrientos, no tienen nada; sus zapatos están rotos de caminar durante días por el desierto", explica. IPS presenció una emotiva reunión familiar en el centro, cuando dos niños que pasaron varios meses separados de sus padres finalmente volvieron a encontrarse con ellos. Cerca de allí, en el paso de Mariposa, cientos de camiones cruzan la frontera. "Ésta es una frontera del TLCAN", explica Connie Romero, voluntaria de la organización No Más Muertes, con sede en Arizona. "El dinero se mueve libremente, y las personas con dinero también, pero los pobres son empujados a un peligroso cruce del desierto", agrega. En el lado mexicano, Agustín García, un obrero de la construcción deportados declaró a IPS: "Hemos estado en Estados Unidos durante los últimos 18 años, pero (Joe) Arpaio (el jefe de policía del condado de Maricopa) nos envió de regreso. Aquí no tenemos familia. No tenemos nada". Otro trabajador, deportado hace poco, no puede entender por qué un país tan grande y con tantas oportunidades no le permite trabajar. "Al sheriff Arpaio no le gusta la gente de piel oscura. John McCain, senador de Arizona (y ex candidato republicano a la Presidencia), me odia porque tengo la piel oscura. Obama es negro y debería comprender, pero también me odia. ¿Por qué?", planteó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario