Las perspectivas de México en 2010 no po-dían ser peores, pues la presión nacional e internacional están haciendo mella en el proyecto panista de incrementar la militarización de México con vistas a las elecciones de 2012, y el gobierno de facto está perdiendo los estribos mientras la economía se hunde en el desastre.1. Las críticas en México y en el exterior por la violencia y la ilegalidad en que el gobierno de Felipe Calderón ha hundido al país, aceptando por móviles facciosos el escenario de la colombianización que se le impuso desde Estados Unidos, están siendo respondidas desde Los Pinos, primero con una vastísima campaña propagandística negando la gravedad de lo que acontece y luego pretendiendo reformar, con una legislación secundaria, expedida al vapor, el marco jurídico del país para tratar de paliar la anticonstitucionalidad de su proceder y la ilegalidad en la que está actuando, pero nada de ello resuelve el fondo de la cuestión. Todos los días hay decenas de muertos en Monterrey o en Cuernavaca, en Acapulco o en Ciudad Juárez, y en su mayoría son víctimas inocentes.
2. La campaña propagandística de Calderón ha fracasado tanto en México como en el extranjero por la gravedad de lo que acontece, y a las críticas cada vez más enérgicas de organismos internacionales y de innumerables organizaciones defensoras de los derechos humanos, se suman ya las de instancias del gobierno estadunidense, descontentas con la torpeza con que el gobierno de Calderón ha manejado el problema, e incluso las de voceros del sector empresarial que manifiestan abiertamente que la supuesta guerra contra el narcotráfico
está dañando seriamente las estructuras económicas del país y, por consiguiente, sus intereses.
3. El debate público que se abrió el miércoles 21 al incrementarse las críticas de sectores empresariales por el manejo de la economía y de la seguridad pública que ha tenido el gobierno de Calderón solamente son respondidas con cifras mentirosas sobre el desempleo y las inversiones, que, por otra parte, son desmentidas todos los días, lo que confirma que el gobierno de facto tiene una cerrazón absoluta para cambiar de rumbo y ya muy poca viabililidad.
4. La constante del gobierno de negar el hecho central de que las principales víctimas de la violencia oficial se hallan en la población civil, y no precisamente por errores de quienes no están capacitados para fungir de policías, empieza a cambiar con una nueva demagogia, pero esto en nada modifica la gravísima situación. Calderón minimizó obcecado el viernes 16 la muerte de civiles, señalando mentirosamente que se producen en escenarios de fuego cruzado
, cuando las evidencias muestran los casos de innumerables matanzas de inocentes, y el miércoles 21 trató de corregirse, creyendo que la simple propaganda puede cambiar la realidad.
5. El caso Sabina
ilustra con claridad la impotencia oficial para hacer valer sus tesis inaceptables, pues no logró persuadir al artista, al que amenazó primero con una campaña en los medios de expulsarlo de México, aplicándole el artículo 33, y luego buscó congraciarse con zalamerías. El compositor e intérprete cometió dos errores a su llegada a México: el primero, cuando al manifestar su indignación por el hecho de que el gobierno utilice ilegalmente como cuerpo policial para luchar contra el narcotráfico
a las fuerzas armadas que han cometido todo género de exacciones, atribuyó equivocadamente esta decisión a una supuesta ingenuidad
de Calderón, cuando la militarización de México es un proyecto deliberado impuesto desde Washington para aterrorizar al pueblo, que Calderón ha hecho suyo por móviles facciosos, y el segundo fue aceptar platicar en una comilona con aquél al que la historia mexicana va a reconocer, aunque haya sido de facto, como uno de los gobernantes más sanguinarios, aunque al final Sabina haya tenido un gran acierto: mantenerse firme en su actitud crítica.
6. La segunda pretensión absurda de Calderón y de sus asesores está siendo ahora pretender que el Congreso les expida una Ley de Seguridad Nacional a modo, redactada sobre las rodillas, en la que se busque legalizar
las actividades policiales de las fuerzas armadas, lo que de entrada sería anticonstitucional, pues la Constitución de 1917, conforme a la doctrina universal, asigna, por un lado, a la Policía Judicial, ahora rebautizada como Policía Federal (tras fusionarse la PFP con la AFI), la función de investigar los delitos, y por el otro lado prohíbe de manera tajante al Ejército cualquier función de tipo policial como las que los panistas lo están obligando a hacer.
7. Mucho más absurda es la pretensión calderoniana de pedir al PRI que lo ayude a salir de la gravísima situación en la que se halla, cuando, por una parte, con vistas a las elecciones locales de julio ha forjado una alianza con la corrupta cúpula del PRD para vencerlo e impulsa en los medios la enésima campaña de desprestigio contra el priísmo, y por la otra quiere ignorar la postura ya conocida del Institucional ante el problema. El senador Pedro Joaquín Coldwell, priísta prominente, escribía hace poco a Héctor Aguilar Camín (Milenio, 19/4/10) que no hay base constitucional para que el Ejército despliegue funciones policiacas
, que la policialización del Ejército entraña enormes riesgos para el país y que no se puede desconocer que la que llama institución fundamental del Estado
fue sometida por Calderón a un desgaste brutal
, pues los señalamientos de violaciones a los derechos humanos le han generado un enorme descrédito, además de que las fuerzas armadas han sido claramente infiltradas por el narco.
8. El escenario actual se agrava mucho más, y al parecer eso se empieza a entender, tanto por la cólera creciente de los militares ante su propia ineficiencia, determinada por su actuación en un marco de ilegalidad y por su subordinación de hecho a la DEA y a la FBI, como por las críticas que se les hacen desde todos los horizontes sociales y políticos. La expresión de un alto mando militar, señalando que para ellos ésta es una guerra
y que se encuentran en las calles para atacar
, por lo que exigen un marco jurídico que los avale (La Jornada, 19/4/10), reitera, una vez más, que la situación ha llegado a sus límites y que el Ejército debe regresar a sus cuarteles.
9. El otro aspecto del embrollo en el que se hallan metidos los integrantes del gobierno panista lo constituye el del fuero militar, que instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están exigiendo se suprima en México a fin de que la justicia ordinaria pueda procesar a los militares que están cometiendo innumerables delitos contra la población civil, supresión a la que se opone Calderón y que ahora busca legitimar con una nueva iniciativa legal. La iniciativa blanquiazul para modificar el Código de Justicia Militar busca hacer creer que en el futuro los militares podrían ser juzgados por tribunales del fuero común para cumplir con la exigencia internacional, pero en los hechos aspira a hacerlo imposible.
10. El clamor civilizado, tanto de juristas como de organizaciones sociales, es el mismo del pueblo: debe ponerse un alto a la militarización del país y el Ejército debe retornar de inmediato a los cuarteles, y no debe ser la obcecación.
De acuerdo con cifras dadas a conocer en el contexto de la Expo Seguridad, que se desarrolló en esta capital entre el martes y el jueves pasados, la industria de la protección privada en México creció 40 por ciento en 2009 en relación con el año anterior, y actualmente alcanza un volumen de negocios anual de 3 mil 500 millones a 5 mil millones de dólares, lo que ubica al país como uno de los principales mercados para las trasnacionales especializadas en el ramo. Adicionalmente, según informó el vocero del encuentro, Mario Arroyo,
las empresas en México destinan actualmente 12 por ciento de su presupuesto a la seguridad, contra 3 o 4 por ciento de hace una década y 2 por ciento promedio a escala mundial. Estos datos se complementan con los recabados en un estudio de la firma Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, difundido el pasado lunes, en el sentido de que la demanda de seguridad empresarial creció 84 por ciento en promedio durante el primer trimestre de 2010.
Las cifras referidas se incrustan en un clima caracterizado por el colapso de la seguridad pública y por el avance de un sentimiento de temor y zozobra generalizados, que deriva, fundamentalmente, de las expresiones de violencia relacionadas con la estrategia de seguridad emprendida por el gobierno federal desde hace tres años; de los sangrientos enfrentamientos entre miembros de los cárteles de la droga, o bien entre éstos y los elementos de las policías y el ejército; del elevado número de ejecuciones y levantones relacionadas con el crimen organizado, y de las evidencias de colusión entre narcotraficantes y autoridades policiales en los distintos niveles de gobierno.
Según puede verse, en el curso de la cruenta y confusa guerra contra el narcotráfico
que se desarrolla en el país se ha fortalecido y ampliado la percepción de que el poder público abdica de su responsabilidad básica –la de procurar seguridad para los ciudadanos– y de que a medida que avanza el caos violento no queda más remedio que recurrir a la autoprotección. Tal perspectiva resulta doblemente trágica: por un lado presenta la seguridad –condición que debiera ser garantizada por el Estado– como algo a lo que sólo pueden acceder ciertos sectores privilegiados de la sociedad, y por el otro exhibe como carentes de sentido el pago de impuestos, la existencia de corporaciones policiales y de instancias de procuración de justicia, la elaboración de leyes y, en general, los mecanismos diseñados para preservar el monopolio estatal de la violencia y de la coerción legítimas.
La circunstancia genera, lógicamente, consecuencias exasperantes: para garantizar los derechos a la vida, a la integridad física y a la propiedad, no basta con la protección plasmada en términos constitucionales, sino que hay que pagar por ellos; para colmo, hay que pagar dos cuentas: la de los impuestos –recientemente incrementados de manera injustificada– y la de los costos de protección a firmas especializadas, para los pocos que pueden cubrirlos.
Por otra parte, desde la perspectiva económica, cabe preguntarse qué productividad y competitividad pueden ofrecer empresas que deben destinar 12 por ciento de sus gastos a prevenir agresiones de la delincuencia.
La grave crisis de seguridad que padece actualmente la sociedad mexicana tendría que obligar a las autoridades a reconocer los problemas en su justa dimensión, sin empeños por trasladar responsabilidades y sin regateos de la realidad; a asumir como responsabilidad principal garantizar la paz y la tranquilidad de la población, y a admitir que, en la situación presente, debe emprenderse un viraje radical en las estrategias económicas y de seguridad aún vigentes.
José Antonio Crespo
“Datotráfico” e inseguridad
No solamente padecemos el flagelo del narcotráfico, cuyo combate genera una creciente inseguridad pública y estado de pánico en algunas ciudades, sino que ahora nos enteramos de la existencia del “datotráfico” —el tráfico y comercio de bases de datos, públicas y privadas—. Eso también incide y es parte de la crisis de seguridad en la que nos hallamos. Hace unos días señalaba aquí lo absurdo de construir padrones de alta confiabilidad bajo la presunción de buena fe: son dos elementos contradictorios. Si se pretende tener un padrón confiable para cualquier propósito colectivo —electoral, seguridad—, no puede presumirse la buena fe de quienes planean delinquir de alguna manera. Ahora resulta que el gobierno —el Estado en general— no tiene la capacidad de proteger los datos personales, que nos hacen altamente vulnerables individual o colectivamente y que deberían mantenerse en la confidencialidad. Resulta preocupante que listas que buscan proporcionar seguridad ciudadana (como el Renaut), puedan eventualmente ir justo a las manos de los delincuentes y eso facilite, en lugar de dificultarlo, su trabajo. La mancuerna que prevalece en este país —corrupción e impunidad— propicia que los datos confidenciales sean fácilmente filtrados y circulen en Tepito o en redes de internet. Lo cual genera incentivos a no proporcionar esa información, a eludir ese requerimiento en lo posible. Al menos en tanto no se aclare adecuadamente la forma en que fueron filtradas tantas y tan importantes bases de datos, se detecte y penalice a los responsables y se tomen providencias convincentes de que eso no podrá volver a ocurrir (algo que no será fácil de creer). El Registro Federal de Electores ya había detectado en octubre del año pasado el tráfico de sus datos por internet y presentó una denuncia a la PGR. Pero los periodistas dieron con algunos de los puestos y vendedores ilegales antes que la inepta autoridad. La razón de ser del Estado es procurar seguridad ciudadana. Si el nuestro no es uno “fallido”, camina hacia allá con rapidez. En efecto, así como se vende todo tipo de mercancías y servicios a través de la red, también es posible conseguir listas amplias o limitadas de información que afecta la seguridad de quienes ahí figuran. La periodista María de la Luz González, de El Universal, detectó también que en ciertas páginas web se ofrece ese servicio de información a quien la requiera, para lo que sea, y que pueda pagarla (desde la módica suma de 500 pesos, según la cantidad y calidad de la información solicitada).
En quebarato.com se ofrece de todo, desde bolsas de celofán hasta “sexy strippers”. En lo que hace a información presuntamente confidencial, aparece el siguiente anuncio: “Venta de base de datos del IFE nacional, actualizada a marzo de 2009, más de 80 millones de registros —muertos incluidos, podemos suponer— se vende por estado o completa”. Otro anunciante ofrece “base de datos de tarjetahabientes de Bancomer y Banorte de toda la Republica mexicana, por registro o completas. Más de 4 millones de datos actualizados aprovecha!!! por todo 15 mil urge ¡no usadas!” Y otro más, todos los anuncios, textuales: “10,000 pesos, vendo bases de datos Telmex, IFE, Banamex”. El envío, una vez cubierto el pago, se hará por Multipack, Estafeta o DHL, según convenga. Tan fácil, sencillo y natural como ofrecer una televisión o un auto usado.
Mientras tanto, se discute precisamente la ley para la protección de datos personales, que busca evitar la divulgación de la información confidencial que los ciudadanos proporcionamos al gobierno y a empresas privadas. Todo indica que al IFAI, institución encargada de velar por su cumplimiento, le será difícil lograr esa nueva responsabilidad, dado que imperan la corrupción y la falta de previsión en diversas instancias del gobierno. Sabemos que en México, así adoptemos la mejor ley sobre cualquier materia (suponiendo que hubiera dicha ley y suponiendo que la adoptáramos), de poco o nada servirá si no hay posibilidad —ni voluntad— para hacerla cumplir. Así pues, habrá que emprender ahora una nueva cruzada, una nueva “guerra sin cuartel” en contra del “datotráfico” (guerra que, esperemos, se dé con inteligencia, más que con violencia). En caso de no controlarlo, todo lo que se haga en materia de seguridad en otros ámbitos y por otros medios (tan costosos como son), no servirá de mucho, como dijo Janet Napolitano del despliegue militar en Ciudad Juárez.
En México, así adoptemos la mejor ley sobre cualquier materia, de poco o nada servirá si no hay posibilidad —ni voluntad— para hacerla cumplir.
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