Lorenzo Córdova Vianello
Pluralismo y proporcionalidad
En días recientes ha habido una andanada de artículos en periódicos y revistas que se han dedicado a sacrificar en el altar de las mayorías al principio de proporcionalidad como criterio de integración del Congreso y, con ello, abierta o veladamente, a la 
representación del pluralismo.
Bajo el argumento de que los partidos pequeños adquieren un peso desproporcionado respecto de su fuerza electoral, los críticos del sistema proporcional abogan por los méritos de contar con mayorías predefinidas y sostienen, en consecuencia, la pertinencia de todos los mecanismos que la induzcan (o que de plano la creen artificialmente), como el sistema electoral de mayoría relativa, la segunda vuelta, la cláusula de gobernabilidad y la eliminación de cualquier tope a la sobrerrepresentación. Todos, sin excepción, asumen la sobrerrepresentación como algo natural y sin duda deseable en las democracias, aunque ello sea a costa de algo que les resulta prescindible e intrascendente, que la pluralidad política esté representada.
Un argumento es que el actual sistema mixto de integración de las Cámaras provoca que los partidos pequeños sean indispensables para formar mayorías y que ello los sobredimensiona en su peso político. Así, se dice que, por ejemplo, el PVEM “con 7% de los votos tiene el mismo poder que el PAN con el 30%” (José Córdoba, Reforma, 11-04-2010). Más allá de la simplificación, si las matemáticas no fallan, toda reforma constitucional, sin excepción, con los números actuales de integración del Congreso requiere del apoyo del PAN, con lo que el argumento resulta ser falaz, porque este partido y el PVEM definitivamente “no tienen el mismo poder”.
Además, racionalmente, aún con un sistema de mayoría relativa puro, puede darse el caso que el partido mayoritario no cuente, con todo, con la mayoría requerida para tomar decisiones y, por ello, dependa de la alianza con otros partidos (incluso muy pequeños) para lograrlo.
En las democracias suele ocurrir que las mayorías tengan que construirse porque los electores con su voto no las generan a priori (incluso en el hoy santificado por muchos sistema de mayoría relativa). Pero de eso se trata precisamente la democracia, de que cuando los votos no las predeterminan, las mayorías se alcancen mediante los mecanismos de inclusión que le son típicos: la negociación, el consenso, el acuerdo político entre partes. Tal vez eso es lo que no les gusta a los detractores de la proporcionalidad y de la representación del pluralismo.
Una sociedad democrática no es sólo la que reconoce el pluralismo existente y permite expresarse a través de muchas formas de organización política, en primer lugar los partidos, sino la que contiene fórmulas para que esa diversidad ideológica y política se vea representada en los órganos de decisión colectiva, en primer lugar el parlamento. Y esa representación, para ser efectivamente representativa —y por ello democrática—, supone que refleje, en lo posible, el efectivo peso que tienen las fuerzas políticas con un mínimo de relevancia entre la sociedad. ¿Eso complica la capacidad de gobierno? Indudablemente. Pero nadie ha dicho que la democracia sea un régimen sencillo. La lógica de la democracia complica indudablemente la toma de decisiones. Pero, a cambio, su gran virtud es su intención incluyente del mayor número posible de ciudadanos y el procurar que las decisiones que se adoptan reflejen efectivamente la voluntad de la mayoría de ellos. Inclusión frente a exclusión, en ello se sincretiza el valor democrático.
Ello supone, evidentemente, que cuando los ciudadanos en las urnas no expresan una mayoría clara respecto de un partido político, esa mayoría tendrá que construirse en sede parlamentaria a través de acuerdos. Si somos congruentes con la lógica democrática es algo inevitable. Pero no sólo no es algo imposible, sino que es algo muy frecuente en muchas democracias. Va un ejemplo que sorprenderá a muchos: el de México desde el año 2000. En esta década, caracterizada por la falta de mayorías preconfiguradas, se han procesado el mayor número de reformas constitucionales para un periodo similar desde 1917 y algunas de ellas de trascendental relevancia, como la que constitucionalizó la transparencia en 2007 o la trascendental reforma electoral de ese mismo año.
Investigador y Profesor de la UNAM
representación del pluralismo.Bajo el argumento de que los partidos pequeños adquieren un peso desproporcionado respecto de su fuerza electoral, los críticos del sistema proporcional abogan por los méritos de contar con mayorías predefinidas y sostienen, en consecuencia, la pertinencia de todos los mecanismos que la induzcan (o que de plano la creen artificialmente), como el sistema electoral de mayoría relativa, la segunda vuelta, la cláusula de gobernabilidad y la eliminación de cualquier tope a la sobrerrepresentación. Todos, sin excepción, asumen la sobrerrepresentación como algo natural y sin duda deseable en las democracias, aunque ello sea a costa de algo que les resulta prescindible e intrascendente, que la pluralidad política esté representada.
Un argumento es que el actual sistema mixto de integración de las Cámaras provoca que los partidos pequeños sean indispensables para formar mayorías y que ello los sobredimensiona en su peso político. Así, se dice que, por ejemplo, el PVEM “con 7% de los votos tiene el mismo poder que el PAN con el 30%” (José Córdoba, Reforma, 11-04-2010). Más allá de la simplificación, si las matemáticas no fallan, toda reforma constitucional, sin excepción, con los números actuales de integración del Congreso requiere del apoyo del PAN, con lo que el argumento resulta ser falaz, porque este partido y el PVEM definitivamente “no tienen el mismo poder”.
Además, racionalmente, aún con un sistema de mayoría relativa puro, puede darse el caso que el partido mayoritario no cuente, con todo, con la mayoría requerida para tomar decisiones y, por ello, dependa de la alianza con otros partidos (incluso muy pequeños) para lograrlo.
En las democracias suele ocurrir que las mayorías tengan que construirse porque los electores con su voto no las generan a priori (incluso en el hoy santificado por muchos sistema de mayoría relativa). Pero de eso se trata precisamente la democracia, de que cuando los votos no las predeterminan, las mayorías se alcancen mediante los mecanismos de inclusión que le son típicos: la negociación, el consenso, el acuerdo político entre partes. Tal vez eso es lo que no les gusta a los detractores de la proporcionalidad y de la representación del pluralismo.
Una sociedad democrática no es sólo la que reconoce el pluralismo existente y permite expresarse a través de muchas formas de organización política, en primer lugar los partidos, sino la que contiene fórmulas para que esa diversidad ideológica y política se vea representada en los órganos de decisión colectiva, en primer lugar el parlamento. Y esa representación, para ser efectivamente representativa —y por ello democrática—, supone que refleje, en lo posible, el efectivo peso que tienen las fuerzas políticas con un mínimo de relevancia entre la sociedad. ¿Eso complica la capacidad de gobierno? Indudablemente. Pero nadie ha dicho que la democracia sea un régimen sencillo. La lógica de la democracia complica indudablemente la toma de decisiones. Pero, a cambio, su gran virtud es su intención incluyente del mayor número posible de ciudadanos y el procurar que las decisiones que se adoptan reflejen efectivamente la voluntad de la mayoría de ellos. Inclusión frente a exclusión, en ello se sincretiza el valor democrático.
Ello supone, evidentemente, que cuando los ciudadanos en las urnas no expresan una mayoría clara respecto de un partido político, esa mayoría tendrá que construirse en sede parlamentaria a través de acuerdos. Si somos congruentes con la lógica democrática es algo inevitable. Pero no sólo no es algo imposible, sino que es algo muy frecuente en muchas democracias. Va un ejemplo que sorprenderá a muchos: el de México desde el año 2000. En esta década, caracterizada por la falta de mayorías preconfiguradas, se han procesado el mayor número de reformas constitucionales para un periodo similar desde 1917 y algunas de ellas de trascendental relevancia, como la que constitucionalizó la transparencia en 2007 o la trascendental reforma electoral de ese mismo año.
Investigador y Profesor de la UNAM
Emilio Álvarez Icaza Longoria
Reforma constitucional en derechos humanos
Hace tan sólo unos días el Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos.
Por ejemplo, incorpora el concepto de derechos humanos en el capitulo uno, lo que implica un cambio a la dogmática constitucional; define y precisa las circunstancias en que puede declararse el estado de emergencia; atiende el tema de la jerarquía de los tratados internacionales y brinda una base legal para su aplicación; fortalece el Sistema Nacional no Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos y amplía las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar investigaciones sin impedimentos y a exigir a las autoridades rindan cuentas por sus actos; asimismo, coloca a los derechos humanos como uno de los ejes de la educación, de la política exterior y del sistema penitenciario en México, y brinda un esquema inicial de garantías contra la expulsión de los extranjeros.
Se trata de una reforma de gran trascendencia que contiene algunos elementos de avanzada que abren la puerta a más y mejores medidas a favor de la protección, garantía y reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos; y que además responde a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano a través de tratados internacionales, así como a la reciente recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para finalizar la reforma constitucional en esta materia en un plazo razonable.
También debe destacarse que esta reforma contó con la activa participación de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de académicas y académicos especialistas en derechos humanos, y ha sido apoyada por diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.
Por lo anterior, es de esperarse que el Proyecto de Decreto que ahora ha sido turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación sea aprobado a la brevedad, y que nuestras disputadas y diputados actúen con la altura, visión y convicción que se requiere para trascender a una nueva etapa en la tutela y protección de la dignidad humana en México.
Al aprobarse la reforma, junto con los congresos locales, también se estaría contribuyendo al desarrollo de una política de Estado en derechos humanos que responda al contexto y a las necesidades que hoy exige nuestro país en esta materia.
Esto es muy valioso si consideramos que en un Estado democrático de Derecho, el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, constituyen sólidos indicadores de gobernabilidad democrática y de la gestión gubernamental.
Existen algunas críticas a esta reforma en el sentido de que apenas iguala lo alcanzado por otros países; así como debates sobre la implicación de referirse a la familia en singular y abrir también la puerta a grupos fundamentalistas para que se cuelguen de la expresión “respeto a la vida” (entendida como la obligación del Estado de evitar ejecuciones extrajudiciales y/o desapariciones forzadas), para limitar los derechos de las mujeres, en lo que se refiere a la interrupción legal del embarazo. Hay a quienes, también, preocupa la decisión de quitarle facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En última instancia, lo único que esperaríamos de la Cámara de Diputados es que reforzara o corrigiera algunos aspectos que hoy constituyen preocupación, sin perder de vista que aún falta la reglamentación de los temas referidos y otros. Aunque definitivamente es indispensable, ante los contextos de inseguridad y los procesos de militarización, poner en el centro de la acción estatal el concepto de derechos humanos que hoy parece estorbar o ser tan sólo un discurso vacío de contenido.
Así la reforma constitucional en derechos humanos constituye la posibilidad de un nuevo paradigma, aquel donde la democracia sea entendida como un complejo sistema de ejercicio de derechos de todos y todas sin distinción. Constituye un paso civilizatorio.
emilioalvarezicaza@gmail.com
Ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Por ejemplo, incorpora el concepto de derechos humanos en el capitulo uno, lo que implica un cambio a la dogmática constitucional; define y precisa las circunstancias en que puede declararse el estado de emergencia; atiende el tema de la jerarquía de los tratados internacionales y brinda una base legal para su aplicación; fortalece el Sistema Nacional no Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos y amplía las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar investigaciones sin impedimentos y a exigir a las autoridades rindan cuentas por sus actos; asimismo, coloca a los derechos humanos como uno de los ejes de la educación, de la política exterior y del sistema penitenciario en México, y brinda un esquema inicial de garantías contra la expulsión de los extranjeros.Se trata de una reforma de gran trascendencia que contiene algunos elementos de avanzada que abren la puerta a más y mejores medidas a favor de la protección, garantía y reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos; y que además responde a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano a través de tratados internacionales, así como a la reciente recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para finalizar la reforma constitucional en esta materia en un plazo razonable.
También debe destacarse que esta reforma contó con la activa participación de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de académicas y académicos especialistas en derechos humanos, y ha sido apoyada por diversas organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.
Por lo anterior, es de esperarse que el Proyecto de Decreto que ahora ha sido turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación sea aprobado a la brevedad, y que nuestras disputadas y diputados actúen con la altura, visión y convicción que se requiere para trascender a una nueva etapa en la tutela y protección de la dignidad humana en México.
Al aprobarse la reforma, junto con los congresos locales, también se estaría contribuyendo al desarrollo de una política de Estado en derechos humanos que responda al contexto y a las necesidades que hoy exige nuestro país en esta materia.
Esto es muy valioso si consideramos que en un Estado democrático de Derecho, el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, constituyen sólidos indicadores de gobernabilidad democrática y de la gestión gubernamental.
Existen algunas críticas a esta reforma en el sentido de que apenas iguala lo alcanzado por otros países; así como debates sobre la implicación de referirse a la familia en singular y abrir también la puerta a grupos fundamentalistas para que se cuelguen de la expresión “respeto a la vida” (entendida como la obligación del Estado de evitar ejecuciones extrajudiciales y/o desapariciones forzadas), para limitar los derechos de las mujeres, en lo que se refiere a la interrupción legal del embarazo. Hay a quienes, también, preocupa la decisión de quitarle facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En última instancia, lo único que esperaríamos de la Cámara de Diputados es que reforzara o corrigiera algunos aspectos que hoy constituyen preocupación, sin perder de vista que aún falta la reglamentación de los temas referidos y otros. Aunque definitivamente es indispensable, ante los contextos de inseguridad y los procesos de militarización, poner en el centro de la acción estatal el concepto de derechos humanos que hoy parece estorbar o ser tan sólo un discurso vacío de contenido.
Así la reforma constitucional en derechos humanos constituye la posibilidad de un nuevo paradigma, aquel donde la democracia sea entendida como un complejo sistema de ejercicio de derechos de todos y todas sin distinción. Constituye un paso civilizatorio.
emilioalvarezicaza@gmail.com
Ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Horizonte político
José Antonio Crespo
“Mexicanizar” México
El proyecto de Germán Martínez Cázares de “guanajuatizar” a México terminó en un fracaso monumental pero su creador dice que el proyecto valía por sí mismo: “De nada me arrepiento y menos de llamar a México a guanajuatizar. Yo creo en Guanajuato, creo en los valores de Guanajuato, creo que queda pendiente la tarea de guanajuatizar al país, la tendrá que terminar el nuevo Comité Ejecutivo Nacional” (25/VII/09). El intento resultó contraproducente porque el país, en su gran mayoría, se pintó de tricolor el año pasado. Enrique Peña Nieto se anotó nuevos y vistosos triunfos en su entidad y le arrebató al PAN y al PRD importantes bastiones considerados como inexpugnables. En su ruta hacia Los Pinos, Peña Nieto se posicionó mejor de lo que ya estaba. Aunque no lo diga en esos términos, su proyecto consiste en “Mexicanizar México”, es decir, reproducir en el país el esquema que prevalece en el Edomex, con él a la cabeza, por supuesto. Detrás de él, hay poderosísimos intereses empresariales —empezando por los mexiquenses, que no son poca cosa— además de contar con el respaldo de Carlos Salinas de Gortari, que sigue moviendo hilos políticos, y la aún poderosa aunque crecientemente desprestigiada Iglesia católica. Pero Peña Nieto también es el proyecto político de Televisa, que ya con su propia e influyente bancada en el Congreso (PRI y PVEM, al menos), va ahora por su propio “telepresidente”.La enorme popularidad del gobernador mexiquense se logró esencialmente con una costosa propaganda personal, disfrazada como información, entrevistas casuales o cobertura de sus actos y ceremonias políticas y “privadas” (como el anuncio de su boda en El Vaticano). Claro, porque el Estado de México es el más poblado —ha dicho Televisa— y por eso debe cubrir en mayor medida las trascendentales actividades de Peña Nieto. El periodista Jenaro Villamil, en su libro, Quisiera ser presidente (2009), detalla cómo Televisa y el gobernador mexiquense se las han arreglado para evadir la norma constitucional (art. 134) que prohíbe incluir en la publicidad de cualquier institución pública la imagen personalizada o sonora de cualquier funcionario. Ordenamiento que se elude a través de “gacetillas electrónicas” (publicidad pagada, que pasa por información), entrevistas y reportajes en diversos espacios que no son sólo los noticiosos, sino de entretenimiento, espectáculos y deportivos. Pero, bueno, eso de violar la Constitución en este país es considerado como pecatta minuta.
Por otro lado, Peña Nieto seguramente ha incurrido en una campaña anticipada, pues, de acuerdo con el artículo 211 del Cofipe: “Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión”. Y la sanción por infringir esa disposición es “la negativa de registro como precandidato, o en su caso la cancelación de dicho registro”. Algo que difícilmente ocurrirá, pues no contamos con autoridades electorales con la fuerza, determinación y autonomía necesarias para aplicar una sanción de tal magnitud (como no lo hizo el Tribunal en 2005, ante la evidencia de que Peña Nieto había rebasado el tope de campaña, lo que ameritaba el desconocimiento de su triunfo de acuerdo con el Código Electoral mexiquense).
Pero si bien el joven y vacuo gobernador mexiquense parece ir en caballo de hacienda a la Presidencia, tiene algunos retos por delante. En primer lugar, debe haber una negociación interna en el PRI para decidir, de manera civilizada, la candidatura en su favor. Una nueva ruptura seguramente implicaría la derrota. Y habría que ver a quién y cómo elige la oposición sus abanderados para enfrentar al mexiquense. Los artífices de las coaliciones entre el PAN y el PRD afirman que basta con ganar en una sola entidad (Oaxaca, por ejemplo) para explorar seriamente la fórmula en el Estado de México, en donde, de ganar, propinarían un serio revés al hoy puntero. Y veremos cómo termina el extraño caso de Paulette (convertido en telenovela por los medios) y qué tanto golpea políticamente al gobernador mexiquense. Eso dependerá de qué tan convincente resulte el desenlace final, pues de lo contrario se interpretará como un nuevo acto de impunidad propiciado por el gobernador (como el que tendió, en torno a Arturo Montiel, uno de sus múltiples padrinos políticos).
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