Calderón y García Luna
Patricia Dávila
MÉXICO, D.F., 24 de abril (Proceso).- Tan cruentos como directos, los “mensajes” enviados desde Ciudad Juárez al presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no sólo reactivan con gran rapidez los ciclos de violencia en esa localidad; también le recuerdan al gobierno federal su fracaso en la guerra antinarco, en particular ahí donde en los tres años de régimen calderonista han muerto asesinadas alrededor de 7 mil personas.
En Ciudad Juárez, las provocaciones al gobierno de Felipe Calderón no paran. La emboscada del viernes 23 que causó la muerte de seis efectivos de la Policía Federal (PF), de una mujer policía del municipio y un menor de 17 años evidenció la vulnerabilidad de su programa “Todos somos Juárez. Reconstruyamos nuestra ciudad”.
El despliegue de 5 mil elementos de la PF, efectuado a partir de la última semana de marzo en sustitución de 3 mil militares para patrullar las calles de dicha ciudad, quedó empequeñecido ante el embate del cártel de Juárez, que le reprocha a esa corporación el supuesto apoyo que le da a Joaquín El Chapo Guzmán.
El golpe fue directo contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, responsable de la Policía Federal y a quien tras el asesinato de 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar, el 30 de enero pasado, Calderón comisionó para replantear la estrategia de combate al crimen organizado ante el fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua, encabezado por el Ejército.
Al mediodía del viernes, un comando emboscó las unidades 00627 de la PF y la 367 de la Policía Municipal en el cruce de las avenidas Durango y Santiago Troncoso, en la colonia Valle de Santiago. Cuando patrullaban el sector Benito Juárez –el mismo donde a mediados de marzo fueron asesinadas tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Juárez–, los uniformados fueron sorprendidos por varios sujetos armados.
Según la SSP, los federales repelieron el ataque “y por lo menos uno de los agresores resultó herido”. La acción la atribuyó a “las contundentes detenciones realizadas por la Policía Federal en las últimas horas en esta ciudad”.
Sin embargo, por la noche del mismo viernes, La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez, no sólo se acreditó el atentado sino que lanzó una advertencia a los efectivos de García Luna en una pinta que apareció en las calles 16 de Septiembre y Colombia, en el centro de la ciudad:
“Inspector General de la PF (Policía Federal), Raymundo Agustín Hernández Guzmán, y a su oficial Raúl Mendoza Vázquez, lo mismo les va a pasar a ustedes, hijos de puta, como les pasó a los de la unidad 627 por andar con El Chapo y a todos los mugrosos que lo apoyen. Atentamente La Línea”.
Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1747 de la revista Proceso, ya en circulación.
Ante la OEA, otro caso de abuso militar contra civiles
MÉXICO, D.F. , 24 de abril (Proceso).- El gobierno de Felipe Calderón presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los supuestos avances en las indagatorias sobre la desaparición de tres jóvenes detenidos por el Ejército en Ciudad Juárez. Sin embargo, el organismo de la OEA consideró insuficiente ese trabajo y ordenó aplicar medidas cautelares para proteger a las víctimas, a sus familiares y a los defensores. Antes, el gobierno mexicano había ocultado que la PGR declinó su competencia ante el caso y lo remitió al fuero militar.
Con la “complicidad” de autoridades civiles, los militares implicados en la desaparición forzada de tres jóvenes de Chihuahua “permanecen protegidos”, mientras el gobierno mantiene una “actitud de simulación ante organismos internacionales”, denuncia Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem).
Castro Rodríguez exhibe a la administración de Felipe Calderón a través del intercambio de correspondencia entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la desaparición forzada de los jóvenes Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, quienes fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, ubicado al oeste de Villa Ahumada.
El caso fue denunciado de inmediato por los familiares de los jóvenes Alvarado en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJCH) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como en las comisiones de derechos humanos del estado y la nacional, instancias ante las que nombraron como sus representantes al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad Social y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
La investigación fue remitida al fuero militar pese a que los familiares de los jóvenes desaparecidos en Chihuahua y sus representantes exigieron que las autoridades civiles se hicieran cargo del caso, en apego a las normas internacionales y a la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en 1974.
Inconformes, el 12 de enero de 2010 solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta del secretario técnico de la CIDH, Santiago Cantón, el 4 de marzo, fue otorgar medidas cautelares a los familiares y a los defensores.
En un escrito dirigido a Gustavo Albin Santos, representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Cantón considera insatisfactoria la respuesta del gobierno mexicano enviada a la CIDH el 14 de enero, por lo que solicitó la protección del Estado mexicano para los desaparecidos, 11 de sus familiares y tres defensores.
En el documento con la clave MC-55-10, Cantón señala que la respuesta mexicana “no suministraba información sobre el paradero de las personas mencionadas”, y reprocha que, “a pesar de que algunos funcionarios indicaron a los familiares que los tres desaparecidos fueron detenidos por miembros del XXXV Batallón de Infantería, las autoridades no les habrían proporcionado información sobre su paradero”.
Luz Esthela Castro Rodríguez sostiene: “No hay duda de que fueron militares quienes se los llevaron, y a pesar de ello, las autoridades civiles ante las que se presentó la denuncia no han seguido esa línea de investigación, no han hecho ninguna diligencia para localizarlos, y peor aún, la PGR se declaró incompetente y envió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar”.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1747 de la revista Proceso, ya en circulación.
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