4/19/2010

Horizonte político
José Antonio Crespo

Guerra antinarco: corte de caja



La evaluación sobre la estrategia de Felipe Calderón se hará, seguramente, en 2012. Pero eso no implica que no deban hacerse periódicos cortes de caja sobre cómo van las cosas. Hace algunas semanas, por ejemplo, Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, llamó la atención sobre lo escaso de la consignación relacionada con delitos federales y, en particular, el del narcotráfico (con datos del INEGI). Respecto a los procesos penales federales, indica que, de 2006 a 2008 (los datos se detienen en ese año), el número total de asuntos consignados por la PGR se elevó sólo 10% entre un año y otro. Mientras que en 2006 la PGR consignó 51 casos de homicidio, en 2008, 62 casos. Por lo que respecta a los delitos relacionados con narcotráfico, en 2006 hubo 16 mil 290 consignaciones en este rubro y, en 2008, 17 mil 360; como ocho por ciento, entre un año y otro. En materia de decomiso de armas, las cosas no van muy bien: datos oficiales de Estados Unidos dicen que han cruzado 900 mil a México, de 2007 a 2009. Y datos mexicanos ponen como máximo un decomiso de 60 mil armas en ese lapso (hay fuentes que manejan la cifra de 30 mil); es decir, en el mejor de los casos, 7% de éxito. En materia de turismo, con datos de ese sector, en una encuesta a viajeros, 67% de estadunidenses y 81% de canadienses dicen que no vendrán a México por razones de seguridad. Y de esos dos países proviene 77% de nuestro turismo extranjero.

Donde los números sí se han disparado es en el presupuesto destinado a combatir el crimen organizado. El gasto federal en seguridad pública creció, de 25 mil millones de pesos que recibía la Secretaría de la Defensa en 2006, a 43 mil millones en 2009. La Secretaría de Seguridad Pública en aquel año recibió nueve mil millones de pesos; en 2009 el monto subió a 32 mil millones; casi cuatro veces más. La Procuraduría General de la República tuvo un presupuesto de nueve mil 200 millones en 2006 y para 2009 su gasto alcanzó más de 12 mil millones de pesos. La Secretaría de Marina, que había mantenido un gasto promedio, entre 2000 y 2006, de ocho mil 500 millones, el año pasado recibió poco más de 15 mil millones de pesos; casi el doble. Seguro es porque se le ve como organismo alternativo y más confiable que el Ejército para intervenir en la lucha contra los cárteles, como quedó de manifiesto en el operativo contra Arturo Beltrán Leyva en las “costas” de Cuernavaca. Hace cuatro años el gasto per cápita en seguridad fue de 502 pesos, y a la fecha supera los mil, es decir, el doble (según la Comisión de Seguridad Pública y la Auditoría Superior de la Federación).
Pero la narcoviolencia sigue al alza. Ahora sabemos, con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad Nacional a los senadores, que las bajas provocadas por la narcoviolencia fueron superiores a las contabilizadas por los medios. Se había calculado que desde que Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga habían ocurrido 17 mil muertes, pero los datos oficiales registran casi 23 mil. Hay dos puntos a destacar con los nuevos datos: primero, que las muertes registradas en 2006 fueron 62, en tanto que las ocurridas en 2007 ascendieron a dos mil 800; es decir, hubo un incremento de cuatro mil 600 por ciento. En 2008 se registraron seis mil 800, un aumento de 240% respecto del año previo. Y en 2009 hubo nueve mil 600 muertes, lo que implica un crecimiento de sólo 40 por ciento. En otras palabras, el salto cualitativo se dio, entonces, de 2006 a 2007, es decir, al inicio de la estrategia de Calderón.
Pero más preocupa el hecho de que, de continuar la tendencia actual, si bien se nota que el incremento porcentual va bajando año con año, en números absolutos el aumento sería brutal: para este año, se esperarían 13 mil muertes aproximadamente; en 2011, 16 mil y, para 2012, 19 mil. Las bajas en “el sexenio que vivimos en peligro” habrían sumado aproximadamente 67 mil y 10% al menos correspondería a víctimas que no son narcos: casi siete mil, como las bajas de estadunidenses en Irak. Eso, repito, de continuar la tendencia actual. Pero todo indica que esa tendencia no sufrirá alteraciones importantes, pues la actual estrategia seguirá en firme, según nos lo constata Felipe todos los días.

La brecha chiapaneca

Carlos Fazio


En el contexto de la estrategia de ocupación de espectro completo (full spectrum) que lleva a cabo Estados Unidos en México, por sus características particulares Chiapas ocupa un lugar central en el mapa del Pentágono. La geografía chiapaneca forma parte de la brecha (the gap) en la que se ubican las zonas de peligro sobre las que el hegemón del sistema capitalista mundial debe tener una política agresiva de prevención, disuasión, control e imposición de normas de funcionamiento afines a los intereses corporativos con casa matriz en la nación imperial, pero también de persecución, desarticulación y eliminación de disidentes o insurrectos, considerados enemigos.

Cabe reiterar que no se puede entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra. La guerra es la forma esencial de reproducción del actual sistema de dominación; la guerra es consustancial a la actual fase de conquista y reconquista neocolonial de territorios y espacios sociales. Pero es también un negocio, una forma de imponer la producción de nuevas mercancías y abrir mercados con la finalidad de obtener ganancias. En ese contexto, la brecha chiapaneca se ubica en un área intensiva en biodiversidad, donde existen grandes recursos acuíferos, petróleo y minerales de uso estratégico, todo lo que da sentido práctico rentable a su apropiación territorial y espacial.

Con un agregado: lejos del ruido mediático de la hora, Chiapas, y en particular el área bajo control de las autonomías zapatistas, es una zona creativa y de resistencia civil pacífica al proyecto neoliberal. Un área donde se procesan nuevas formas de emancipación, de construcción de libertad en colectivo por diversos sujetos sociales y movimientos antisistémicos que enarbolan un pensamiento crítico, ético, anticapitalista, contrahegemónico. Fuerzas que operan al margen de las reglas de juego y los usos y costumbres del sistema, y le dan batalla en el campo cultural, donde radican la memoria histórica, las cosmovisiones y utopías. Se trata de un nuevo sujeto histórico que ya no cree en parches ni reformas dentro del sistema y, ajeno a las viejas y nuevas formas de asimilación y cooptación, ensaya otra manera de hacer política y de construir un poder alternativo desde abajo. Un verdadero poder popular, autogestivo, plural, de auténtica democracia participativa con sus juntas de buen gobierno, sus municipios autónomos y sus autoridades comunitarias.

Por todo eso, el EZLN, sus bases de apoyo y aliados significan un peligro real, un desafío estratégico para Wa-shington y las grandes corporaciones de los sectores militar, petrolero, minero, biotecnológico, agroalimentario, farmacéutico, hotelero, refresquero y del falso ecoturismo, que hoy libran una sórdida guerra por la tierra y el territorio chiapaneco. Quienes se encuentran en los espacios y territorios donde existen agua, bosques, conocimientos ancestrales, códigos genéticos y otras mercancías son, quiéranlo o no, enemigos del capital. Por eso asistimos a una ofensiva conservadora que, bajo la forma de una guerra integral encubierta, asimétrica, irregular, prolongada y de desgaste, busca disciplinar, doblegar y/o eliminar la resistencia del campesinado indígena rebelde para llevar a cabo una restructuración del territorio de acuerdo con los intereses y requerimientos monopólicos clasistas. Se trata de una guerra privatizadora, de despeje territorial y despojo social, que hecha mano de la militarización y paramilitarización del conflicto, de la contención de los movimientos sociales y la criminalización de la protesta para facilitar la libre acumulación capitalista de las trasnacionales y sus aliados vernáculos, mediante un agresivo modelo dominante de agricultura y del espacio rural; un modelo de muerte en beneficio del gran capital.

En la que fue tal vez su última aparición pública, en diciembre de 2007, el subcomandante Marcos advirtió sobre la reactivación de las agresiones militares, policiales y paramilitares en la zona de influencia zapatista. Dijo: Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras. Anunció entonces que el EZLN entraría a una nueva fase de silencio y que se preparaba para resistir solo –abandonado por la intelectualidad progresista y de izquierda ante el supuesto “bajo rating mediático y teórico” del zapatismo– la defensa de la tierra y del territorio recuperado desde 1994 y bajo control de las autonomías, ante la nueva ofensiva que preparaba el émulo de Victoriano Huerta, Felipe Calderón, con su capitalismo de cuartel.

Desde entonces, como parte de la misma estrategia de ocupación de espectro completo diseñada por el Pentágono, la geografía chiapaneca se llenó de retenes y vehículos militares artillados; reaparecieron los operativos de disuasión e inteligencia, los patrullajes y sobrevuelos en zonas consideradas focos rojos, y se reposicionó al Ejército en comunidades con antecedentes de resistencia civil, al tiempo que autoridades locales y federales llevaron a cabo desalojos violentos y reubicaciones forzosas de comunidades indígenas en la Reserva de Biosfera de Montes Azules y otras áreas, como parte de una estrategia de despeje y control territorial que, disfrazada de un espíritu conservacionista, busca desplazar a la población para facilitar la apropiación y mercantilización de la tierra y los recursos naturales por el gran capital. Eso explica, también, que articulados desde la sede de la 31 Zona Militar de Rancho Nuevo, grupos paramilitares co-mo la OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos) y el llamado Ejército de Dios (bajo disfraz evangélico) estén hostigando y destruyendo comunidades zapatistas.

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