El almirante Francisco Saynez, secretario de Marina, exigió ayer a la sociedad participar en la lucha contra el crimen organizado mediante el repudio y la denuncia, dijo que no son tiempos sólo de criticar. Y tiene razón, el problema es que su llamado no hará eco si no ofrece certeza y protección, porque la sociedad ya no se cree el discurso esquizofrénico sobre la guerra, tanta indiferencia ante la muerte no se puede resarcir con una emotiva perorata tardía, ni con peticiones que aludan a la confianza tantas veces quebrantada. Saynez hace un llamado más estratégico que simplemente moral.
Claro que si la sociedad no colabora las cosas empeorarán, de eso no le cabe duda a nadie. Sabemos que un porcentaje importante de ciudadanos está implicado, directa o indirectamente, con la delincuencia organizada, que sus familias o los protegen o los desprecian pero difícilmente los denuncian. Pero ¿qué pasa con quienes sí colaboran con la autoridad? Y ¿con qué autoridad? Porque cualquiera que haya hablado con agentes de diferentes agrupaciones sabe que la primera recomendación es no confiar en las autoridades locales. ¿Y las federales? Tres casos se han documentado en que las llamadas de emergencia a la PGR fueron escaneadas por narcos locales. Tenemos reporteras desaparecidas por cubrir casos que ninguna policía quiso mirar, a periodistas asesinados por investigar nexos entre autoridades y crimen organizado.
Sabemos que hay miles de casos en que la sociedad sí ha colaborado, y aunque algunos se han resuelto la mayoría siguen sin ser investigados y la gente siente pánico de pensar que alguien descubra quién denunció. Nadie en su sano juicio puede creer que el problema de la violencia social es responsabilidad única de la autoridad, sin la participación de millones de personas en la cadena alimenticia del crimen difícilmente sobrevivirían los malos en este país. Quienes compran productos piratas colaboran, quienes compran drogas, quienes dan mordidas, quienes venden el padrón electoral desde una instancia gubernamental, quienes desde los partidos postulan a delincuentes colaboran.
Lo cierto es que el secretario de la Marina es uno de los pocos representantes del Estado que tiene calidad moral para pedir acción ciudadana, sin embargo carece de un instrumento de protección para recibir esa ayuda, no puede esperar que la gente confíe en la PGR. Si nuestra realidad exige que sean la Marina y grupos especiales del Ejército los únicos capaces de perseguir a los altos mandos del poder criminal, entonces tendrán que reinventarse esas instituciones, aunque los legisladores harán todo por frenar la propuesta. La pregunta es si en realidad el almirante tendría el poder de arrestar y llevar a juicio a candidatos y políticos de todos los partidos, que a través de las urnas, llevan consigo la misión de las mafias. Eso se preguntaron ayer las niñas sobrevivientes de trata sexual en Veracruz, donde Saynez hizo su llamado junto a Calderón.
En su visita de 11 días, el relator especial de la ONU Vernor Muñoz Villalobos concluyó que en México existía una simbiosis atípicaentre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) que afectaba la impartición de los servicios educativos (La Jornada, 19-02-10). La exclusión en la materia, afirmó, tiene rostro: son los niños indígenas, los niños jornaleros, los niños pobres del campo y de la ciudad, etcétera.
El gremio magisterial, dijo el relator, tiene una función, pero posee además una fuerza política indudable, pero el actor ante el cual hay que exigir el cumplimiento del derecho a la educación es el Estado, no una agencia privada y laboral como el SNTE.
El relator tocó la llaga del sistema educativo de México. Inexplicablemente, los gobiernos del PAN han dado al SNTE atributos y recursos financieros que jamás este organismo había tenido. A cualquier espectador le resulta incomprensible que el presidente Felipe Calderón haya a) acordado a puertas cerradas con la líder sindical un plan educativo (la Alianza por la Calidad de la Educación, ACE) y haya mandado a la basura el plan sectorial que hizo la SEP y b) haya permitido que el SNTE intervenga directamente en la operación de la política educativa.
Estos hechos simbolizan la peor degradación que a lo largo de dos siglos ha sufrido la educa-ción nacional. Vasconcelos, furioso, ha de revolverse en su tumba profiriendo insultos contra quienes se burlan así de su obra. ¿Quién pudo imaginar que el Estado, bajo la tutela del PAN, terminaría renunciando a su responsabilidad constitucional para inclinarse ante un poder de facto
como es el sindicato? Todavía más: ¿quién pudo pensar que se permitiría que la líder del SNTE utilizara los recursos de la educación nacional (recursos fiscales, ergo, del pueblo de México) para crear un partido político cuyo único fin es el usufructo político de una persona?
Estos sucesos constituyen una infamia y tienden una sombra de oprobio sobre el magisterio y sobre la vida política nacional. Tales deformaciones han sido justificadas con autoengaños y eufemismos que insisten en decir que el rey no va desnudo, que viste un ajuar majestuoso. Pero, con esta ceguera cómplice, es la nación la que se auto-derrota. Es México el que pierde al admitir que en la esfera educativa se aplique una política, la ACE, trivial, sin objetivos jerárquicos, imprecisa, plana, ambigua, demagógica, contradictoria, que ha sido concebida con criterios políticos más que técnicos.
El año del bicentenario de la Independencia es (debería ser) un año de autorreflexión, de balance, de identificación de éxitos y fracaso de la nación, antes que una conmemoración vacía. En esa línea de reflexión, si hacemos un balance riguroso de la educación, tenemos que reconocer un fracaso y un riesgo muy serio para nuestro futuro. La cobertura se contrae y la calidad se derrumba. Basta un vistazo al reciente estudio del INEE sobre tercero de secundaria para confirmarlo: en español, 72 por ciento de los alumnos obtienen calificaciones de nivel básico o debajo del básico; en matemáticas, 52 por ciento alcanzó calificaciones por debajo del básico y sólo 21 por ciento tuvieron calificaciones medias o avanzadas; en biología, 92 por ciento alcanzó calificaciones en el nivel básico o por debajo del básico; en formación cívica y ética, 78 por ciento quedó en básico o por debajo del básico (sólo 2 por ciento obtuvo el nivel avanzado) (INEE, El aprendizaje en tercero de secundaria. México, 2009).
¿Qué puede hacerse frente a este panorama? En primer lugar, reintegrar el poder educativo total a la SEP (que no debe, de acuerdo con la Constitución, compartirlo con ninguna agencia privada), lanzar una reforma educativa encaminada a darle al sistema escolar una estructura orgánica moderna que desemboque en un empoderamiento (aumento de facultades) de los profesores y de las escuelas. Modernizar las relaciones laborales. Promover una reforma democrática del SNTE y establecer un sistema de total transparencia en el uso de los recursos educativos. Etcétera.
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