TIEMPO DE MUJERES

Falta a su deber el auto nombrado “presidente del empleo”

Aumentó 72 por ciento el desempleo abierto en últimos 3 años

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF. 21 abr 10 (CIMAC).- Durante los primeros tres años de la administración de Felipe Calderón, autonombrado “presidente del empleo”, el desempleo abierto creció 72 por ciento, informó Carlos Rodríguez Rivera, coordinador del área de Procesos Educativos y Organizativos del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

Durante la conferencia de prensa convocada por esta organización para presentar su XIII Informe de violaciones a los derechos humanos laborales en México durante 2009. Violencia laboral de Estado, destaca el documento que en 2009 se cancelaron 181 mil 271 plazas, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, y de acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) se cancelaron 255 mil 273 empleos de este tipo, en el mismo periodo.

La pérdida de sus fuentes de trabajo derivó en la pérdida del poder de compra de las familias, sobre todo en los hogares encabezados por mujeres, indicó Rodríguez Rivera.

Frente a este panorama Calderón Hinojosa echó a andar el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, en enero de 2009, pero éste no representó mejoras sustantivas en la calidad de vida de las y los trabajadores.

Estas acciones, creadas para abatir la crisis, fueron todavía más intrascendentes para las mujeres, ya que de los 15 programas de fomento al empleo del gobierno federal, “no encontramos ni uno solo que fomentara la contratación de las mujeres”, indicó Carlos Rodríguez.

Por lo que, concluyó, el gobierno federal “descuidó” su primera tarea que es garantizar la convivencia democrática de la población, pues en lugar de garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos como el derecho al empleo; contribuyó al deterioro de su calidad de vida.

El informe señala que en 2009 la violencia institucional en contra de las trabajadoras y trabajadores del país se tradujo en la violación a su derecho al empleo, a la libertad sindical, y a un salario remunerador, circunstancia que afectó de manera particular a las mexicanas en un escenario de crisis económica.

Rodríguez Rivera refirió que mientras el gobierno federal se pronuncia en contra de la violencia propiciada por el narcotráfico en el país, el año pasado diversas autoridades mexicanas, incluido Felipe Calderón Hinojosa, transgredieron las garantías individuales de “las mayorías trabajadoras”.

Esta situación afectó de manera particular a las mujeres trabajadoras, quienes representan 38 por ciento de las 44.5 millones de personas económicamente activas (PEA), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La falta de garantías para una vida digna significa violencia institucional, aseveró.

En el informe, “le llamamos violencia de Estado, porque el gobierno federal pudo enfrentar la recesión sin violentar los derechos de las y los trabajadores generando más empleos, incrementando sus salarios conforme al aumento del precio de la canasta básica, y dando seguridad en el trabajo”, indicó.

Sin embargo, lejos de garantizar estabilidad a las familias mexicanas, Calderón Hinojosa dejó sin empleo a cerca de 4 mil mujeres y 40 mil hombres trabajadores de la extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), tras el decreto presidencial de desaparición de la empresa.

Este hecho, recalcó, ejemplifica esta problemática, ya que “la violencia no es sólo la desaparición, tortura, o represión contra un movimiento que protesta, también lo son la discriminación, y la negativa de derechos”.

Con la desaparición de LyFC las y los electricistas se sumaron a las filas del desempleo, cuya tasa alcanzó el 6.41 por ciento en septiembre de 2009, este nivel fue considerado el más alto desde 1995.

En esa fecha, la tasa de desempleo de las mujeres fue 1.07 por ciento mayor que la de los hombres. Cabe mencionar que a finales del año pasado, había 3 millones 500 mil personas desocupadas.

Además de estas transgresiones, autoridades mexicanas como los tribunales de justicia laboral violentaron los derechos de cientos de mineros del cobre de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, al desconocer su movimiento de huelga.

Además, la STPS, “violando el derecho a la libertad sindical” negó la toma de nota del Contrato Colectivo de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro al Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado por Martín Esparza Flores, sostiene el informe.

Presenta fundación Friedrich Ebert libro en su 40 aniversario

Requiere México reforma laboral con perspectiva de género

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF. 21 abr 10 (CIMAC).- Para alcanzar la democracia en el ámbito de trabajo mexicano se necesita una mayor participación sindical de las mujeres y una reforma laboral “profunda e integral” con perspectiva de género, que legisle las condiciones en las que actualmente trabajan 16.9 millones de trabajadoras en el país.

Así lo afirmaron especialistas en el tema, al término de la presentación del libro “Cuarenta años, 40 respuestas. Ideas para la democratización del mundo del trabajo”, elaborado en 2009 por la fundación alemana Friedrich Ebert (FES), en el marco de su 40 aniversario en México.

En entrevista, la experta en el tema sindical, Inés González Nicolás, coordinadora del texto e integrante de la FES, manifestó que esta obra, llega en medio del debate sobre una reforma laboral en el país, con la intención de que las 40 voces de especialistas en justicia laboral, sindicalistas, y de estudiosos del tema, aporten a la construcción de la democracia en este ámbito.

En su opinión, “si queremos democratizar el mundo del trabajo, las relaciones laborales, y el control que ejercen patrones y gobierno sobre las organizaciones sindicales, se necesita una reforma laboral profunda”.

De las dos iniciativas de reforma laboral recién presentadas en la Cámara de Diputados, por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), la integrante de la FES indicó que la propuesta llevada al pleno por el perredista Francisco Hernández Juárez, posee las características para lograr la democratización en este ámbito.

Señaló que la iniciativa del PRD modifica la Ley Federal del Trabajo (LFT), el artículo 123 constitucional y la Ley del Seguro Social, a fin de aumentar la productividad y competitividad que necesita el país, aparejada de la justicia social y del respeto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

Todo ello, destacó, diseñado desde una perspectiva de género que atraviesa la iniciativa con el propósito de legislar la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, quienes actualmente representan 38 por ciento de la población económicamente activa en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En este sentido, Beatriz Elena Valles Salas, asesora en asuntos de género y una de las autoras del libro aseguró que “no se puede hablar de democracia en el mercado de trabajo sin una mayor participación de las mujeres en el ámbito sindical”, debido a que la participación de ellas en el mercado laboral, es una tendencia ascendente que no se revierte.

“Si no intervenimos las mujeres directamente en la negociación sindical, nuestras demandas no son escuchadas, porque quienes negocian son los hombres y las mujeres no aparecemos en muchos contratos, incluso algunos están redactados totalmente en masculino”, lamentó.

Valles Salas elaboró el artículo negociación colectiva de género con base en sus investigaciones en el tema, ya que ha analizado alrededor de 92 documentos: contratos colectivos, contratos ley, condiciones generales de trabajo, que evidencian que en el país “la mayoría de los contratos no hablan de género, hay pocas cláusulas que sí lo hacen”.

El texto de la FES también comprende varios artículos en los que diferentes especialistas exponen la necesidad de una reforma laboral debido al panorama de deterioro en el ámbito del trabajo en México.

Respecto al planteamiento del seguro de desempleo, González Nicolás, dijo que se aborda en el texto como un respaldo para las personas sin empleo, quienes con un apoyo tienen la oportunidad de buscar un trabajo, en lugar de recurrir a la economía informal e incluso a la delincuencia.

Refirió que uno los principales obstáculos que impiden la democratización en el ámbito laboral es el gobierno como “juez y parte”, ya que utiliza el otorgamiento de “toma de nota”, es decir la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, como un instrumento de control hacia las y los trabajadores.

Ante este escenario, se requiere mayor transparencia para saber por qué la Secretaría de Trabajo y Previsión Social da la toma de nota a un sindicato y no a otro, pues detrás de estas decisiones muchas veces prevalece el interés de que permanezca el corporativismo, muestra de ello, es el Sindicato Mexicano de Electricistas, concluyó...