ar. ¡Para dónde hacerse! ¡A quién proteger, qué salvar! Terrible dilema, que sería el dilema de Calderón si él quisiera enterarse de lo que pasa, si él y sus taumaturgos dejaran la ofuscación que los afecta y desistieran de ese extravío de que están haciendo bien las cosas. Pero no, la ceguera y la sordera los dominan. Pésima noticia por su grave responsabilidad.Los Pinos es una coladera, lo sé muy bien, todo se cuela, hasta las intimidades de la familia real. El esquema de seguridad y confidencialidad que operaba fue dislocado por Fox y su ignorancia al establecer sus cabañitas y hacer de la residencia principal un área de oficinas. Hoy todo mundo accede y se pasea por donde se le ocurre. Es así que, gota a gota, va tomando consistencia el saber cómo es la situación caótica que se vive dentro. De cómo el gobierno en su máximo nivel se desquebraja, se desmorona ante las codicias y arrebatos personales y la falta de orden. Todos opinan de todo, se inmiscuyen vía resentimientos y ambiciones en cualquier terreno ajeno.
Aprovechan esa adicción que se ha generado por parte de Calderón a las guitarritas, boleros y otras cosas provistas por el almirante, así como el haber caído en sumisiones sicológicas inexplicables que dadas las últimas decisiones sobre espacios de poder, veremos adónde lo llevan.
Hay colaboradores de una enorme prudencia, como el general Galván, que tienen que sobrellevar además del amargo deber de obediencia, invasiones de su espacio como la del conjunto Altitude en Cuernavaca, que se dio con la total anuencia presidencial y que produjo homicidios todavía en la impunidad, el de una respetable madre de familia más otros tres civiles. A ellos habría que agregar el ametrallamiento de toda la familia de un marino participante que el almirante, siempre en su exhibicionismo, ventaneó.
Hay funcionarios de gran conocimiento, experiencia y honestidad intelectual a toda prueba, como Tello Peón, que siendo insustituible tiene que soportar el cerco que se ha formado contra él, incitado principalmente por la animadversión propia de un ser muy menor del que un día fue su subordinado, cuando éste no era más que, como sigue siendo, un simple policía engallado.
Está quien debiera poner orden si su puesto no hubiera sido minado sistemáticamente desde tiempos de Fox, el secretario de Gobernación. Abogado culto y vigoroso, pero que ha tenido que cargar, además de un amigo majadero, con su inexperiencia y chocar con intereses e influencias ya predeterminados. Por otro lado, un inexistente procurador que se limita a observar y cargarse por donde siente que el viento sopla. No está ausente el supuesto proveedor de inteligencia que, una vez más, ante la falta de definiciones, está en perpetuo conflicto con Sedena, Semar y SSP.
¡No se puede gobernar así! Se demanda ya de un manotazo en la mesa y en voz alta proferir, como lo hizo de manera vernácula otro presidente: Señores, cada chango a su mecate, y de paso corrió al secretario de Marina.
Cualquiera que posea un poco de experiencia en los altos niveles de una administración, pública o privada, sabe del siempre presente conflicto de opiniones entre los miembros de un grupo colegiado. Se promueven y se toleran para dar paso a una discusión constructiva, enriquecida por la pluralidad de enfoques, pero siempre con reglas no escritas y límites a respetar. Mayor pecado es llevar esto a enfrentamientos personales y, peor aún, a choques entre instituciones, cosa que se está extendiendo para infortunio nacional.
Todo esto y más que esté sucediendo en Los Pinos escurre a la calle desde sus muros. No hay infidencia, esto y más es vox populi dentro de ese encumbrado recinto. La duda angustiosa es: ¿aguantarán así las cosas y adónde nos llevarán?
Editorial La Jornada.
En respuesta a las declaraciones formuladas por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien la víspera sostuvo que el sistema de justicia penal en Chihuahua –basado en juicios orales– es uno de los factores causales del desgobierno que se vive, sobre todo en el municipio de Ciudad Juárez, el gobernador de esa entidad, José Reyes Baeza, señaló ayer que tales señalamientos obedecen a una lógica electorera, y afirmó que
el sistema penal de Chihuahua no está vigente en todo el país, y la situación de todo el país es de desgobierno.
Las declaraciones de ambos funcionarios se inscriben en una serie de jaloneos políticos entre los ámbitos federal y estatal en relación con el clima de violencia en esa entidad fronteriza, particularmente en Ciudad Juárez. Tales rebatiñas resultan especialmente exasperantes por cuanto se gestan sobre el sentir generalizado de miedo y zozobra que padecen los habitantes de esa urbe, el cual tiene como componente central la manifiesta incapacidad de los gobiernos federal, estatal y municipal para garantizar la seguridad pública en ese y en otros puntos del territorio nacional.
Significativamente, ayer mismo seis policías –cinco federales y uno estatal–, así como un joven de 17 años, fueron asesinados tras el ataque de un comando armado en el centro de la convulsionada ciudad fronteriza, hecho que fue calificado por el presidente municipal juarense, José Reyes Ferriz, de reacción de la delincuencia organizada ante la serie de detenciones que se están haciendo
, en una reiteración de los argumentos con que constantemente responde el gobierno federal a los hechos de violencia que azotan distintos puntos del territorio nacional.
Los cada vez más recurrentes actos de barbarie que se viven en esa localidad, y la manifiesta incapacidad de las fuerzas públicas –sean soldados o policías federales o estatales– para contener el baño de sangre cotidiano, han sembrado y extendido la percepción de que en Ciudad Juárez persiste un vacío de gobierno que es proporcional al avance de las organizaciones delictivas en grado de determinación y capacidad de fuego. A lo que puede verse, esta percepción no se limita a esa localidad ni es privativa de los distintos sectores de la sociedad mexicana: también ayer, en el contexto de la Convención Nacional Bancaria que se celebra en Acapulco, el ex presidente de Estados Unidos William Clinton señaló que la guerra contra el narco se está perdiendo, porque los cárteles de la droga poseen mejores armas.
Ciertamente, la explicación del avance y la profundización de la violencia no puede ni debe reducirse a la aplicación de determinados modelos de justicia penal: tales fenómenos son originados por condiciones sociales, económicas e institucionales diversas e inveteradas, y se ven acicateados, hoy día, por la adopción de políticas de seguridad que tienden a multiplicar la violencia, en lugar de contenerla, y por la persistencia de una visión estrecha de los fenómenos delictivos, que ha llevado a las autoridades a limitar su combate al terreno policial.
En la circunstancia presente, una responsabilidad principal de los distintos niveles de gobierno es la contención, mediante acciones sensatas, eficaces y dentro del marco de la ley, del derramamiento de sangre, lo cual implica no sólo la adopción de políticas policiales, sino la rectificación de las desastrosas directrices económicas vigentes; la moralización de las corporaciones policiales y, en general, de la administración pública y el reconocimiento de que la violencia que hoy se vive, tanto en Ciudad Juárez –la cual no es nueva y ha sido desatendida durante por lo menos los tres lustros recientes por los respectivos gobiernos estatales, federales y municipales– como en otras partes de la República, no podrá ser revertida si no se le hace frente desde una perspectiva integral.
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