El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dijo recientemente que la iniciativa de reformas laborales presentada por su jefe el pasado 18 de marzo busca
regular las prácticas que actualmente ocurren en el sector informal o al mar
gen de la ley. Con ese criterio habrá que ir pensando en despenalizar los levantones y las ejecuciones extrajudiciales. Hasta donde se sabe, la tarea de las autoridades es hacer cumplir las leyes, no adulterarlas para dar gusto a quienes las infringen, que son, significativamente, los patrones.
Este gobierno nunca ha aplicado la legislación laboral vigente en favor de los trabajadores y de sus organizaciones independientes. Más aún, los ha perjudicado en forma sistemática mediante interpretaciones sesgadas, facciosas y abusivas, como la disposición de la toma de nota a las dirigencias sindicales. Ahora viene a vendernos, como beneficios para los asalariados, el acotamiento del derecho de huelga, el fin de la certidumbre en el empleo y la eliminación del derecho a indemnización. Esto no es una reforma, sino una contrarreforma. Miente Felipe Calderón cuando afirma que busca una Ley Federal del Trabajo renovada y más cercana a la realidad del país en el siglo XXI
. Lo que pretende, en realidad, es retroceder a los albores del siglo XX, cuando se permitía la sobrexplotación de los peones acasillados y cuando se asesinaba a los obreros en Cananea.
Contratación por horas; trabajo a destajo; pérdida de salarios caídos, de derecho a la reinstalación, de ascenso escalafonario, de conquistas sindicales; incertidumbre y desprotección ante el despido injustificado. ¿Qué otra cosa pedirán los patrones para abaratar aún más este enorme mercado de mano de obra miserable? Parece ser que a quienes controlan el poder público les interesa reducirnos a un hato aterrorizado por el naufragio de la seguridad, atomizado y desinformado, sometido a los caprichos y a las gulas de consorcios nacionales y extranjeros que podrán venir a comprarnos a granel: por individuo, por pieza, por hora, por kilo, por litro de sangre.
Ya a principios de los años 90 del siglo pasado, teóricos estadunidenses como Richard Reich e Ira Magaziner tomaban distancia de la barbarie neoliberal y señalaban que la principal riqueza de Estados Unidos no era la infraestructura y la planta industrial, porque se volverían obsoletas, ni la bolsa de valores, porque los capitales iban y venían como les daba la gana. La riqueza inamovible del país, señalaban, era la población, y en ella había que invertir.
Qué contraste: mientras en México tenemos que enfrentar un intento de reforma laboral regresiva y depauperadora de la población, en España se está planteando, para hacer frente al desempleo –y con severas críticas de las centrales sindicales–, medidas como la reducción de la jornada de trabajo con el pago mínimo de 67 por ciento de las horas no laboradas; medidas como la absorción por el erario de parte de las indemnizaciones que se paguen a quienes sean despedidos con 33 días por año trabajado; el subsidio fiscal a empresas que contraten jóvenes sin experiencia laboral. Y a nadie le ha pasado por la cabeza argumentar que tales propuestas atentan contra la productividad.
Aquí, nos dicen, las arcas públicas no dan para más. Bueno, reconozcan que dan para un poquito más: ¿Cuánto dinero ha invertido el calderonato en publicidad para justificar su no inversión en la gente? ¿Cuántas camionetas blindadas de un millón de pesos se habrán comprado este año los representantes populares? ¿Cuántos miles de millones de dólares se regalan a Repsol por contratos mafiosos de abasto de gas natural a la CFE? ¿Cuántas carretadas de dinero entrega el Conacyt a las trasnacionales para que financien investigaciones que sólo benefician a sus accionistas? ¿Cuánto dinero sigue repartiendo el Procampo entre narcos y funcionarios del sector agrario? ¿A cuánto ascienden los subejercicios en las dependencias del gobierno federal?
Es dable exigir que las autoridades hagan cumplir las leyes laborales tal como son, no sólo porque es su obligación, sino también porque ello es indispensable para reactivar el mercado interno, reducir el sector informal y restituir la confianza de los trabajadores mexicanos en su país, en sus instituciones y en su propio futuro.
La contrarreforma laboral propuesta por el calderonato es un acto de cinismo, una inmoralidad y una nueva agresión a una masa trabajadora sacrificada y devaluada durante décadas para impulsar la riqueza extrema de unos cuantos. Los asalariados no deben permitir que se haga realidad.
Hay tiempos en los que parece haber todas las condiciones políticas para avanzar en la ruta de cambios y reformas legislativas de fondo y no sucede nada, porque las inercias se imponen a los impulsos de transformación. En cambio, hay momentos que parecen poco propicios y, de pronto, surgen posibilidades de hacer un cambio de fondo que pueda resarcir nuestra vulnerada democracia. Es posible que hoy estemos en uno de esos raros momentos propicios para un cambio de reglas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Se trata del proyecto más completo, integrado en una sola ley, para regular a los medios y las telecomunicaciones.
El pasado 8 de abril un nutrido grupo plural de senadores y otro de diputados, presentaron en sus respectivas cámaras una iniciativa de ley para regular la radiodifusión y las telecomunicaciones. Por primera vez —en sus más de nueve años al frente del gobierno federal— el partido gobernante presentó de forma conjunta la iniciativa en ambas cámaras. Este proyecto, compuesto por 13 títulos y 272 artículos, está íntimamente relacionado con las propuestas que ha impulsado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y hoy también apoyado por el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios.
El Congreso puede dar sorpresas positivas, como sucedió hace unas semanas con la reforma en materia de derechos humanos, la más completa que se haya elaborado y se aprobó con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas. De igual forma sucedió con la reforma sobre las ‘acciones colectivas’, un avance progresista en materia de derechos y participación ciudadana. La diferencia con la ley de medios son las poderosas empresas que no quieren ver afectados sus intereses y que tienen una gran capacidad para presionar legisladores y someter a los poderes constitucionales. Una buena expresión de las resistencias a la nueva ley es el desplegado de la CIRT (EL UNIVERSAL, 19/IV/2010).
Estamos frente a un proyecto que es innovador, que protege los derechos de las audiencias y los consumidores, amplía los márgenes de la libertad de expresión, está en favor de la competitividad y es un proyecto integral. Los ejes más relevantes de esta iniciativa apuntan hacia una concepción del espacio radioeléctrico como un bien de la nación y como un servicio público, que tiene que ser regulado por el Estado mexicano. La información y la comunicación son bienes públicos y no meras mercancías. Se propone un órgano regulador desconcentrado con las suficientes facultades para poder regular las concesiones de manera transparente, para lo cual se necesita una integración profesional que garantice la pluralidad de voces y no tenga conflictos de interés, como sucede en la actualidad. A pesar de que la propuesta de AMEDI es por un órgano constitucional autónomo, se sabe que una reforma constitucional resulta hoy muy complicada de lograr por la gran cantidad de intereses y de propuestas en juego. Quizá más adelante se pueda dar, pero ahora con un buen diseño institucional podría funcionar el nuevo órgano regulador.
La iniciativa tiene avances en materia de concesiones y de transparencia para su otorgamiento; se propone un Registro Público de las Telecomunicaciones; una enorme ventaja es la convergencia tecnológica entre radiodifusión y telecomunicaciones; sin duda un tema clave es el monopólico escenario mexicano para lo cual se regularía el carácter de la dominancia que tienen algunos prestadores de servicio. Sin duda, el carácter dominante de ciertos actores representa una de las mayores dificultades para sacar adelante la reforma.
Los poderes fácticos de los medios y las telecomunicaciones son el mayor obstáculo para la reforma. El extraño momento que vivimos hoy —por la oportunidad de la reforma— es uno de los mayores desafíos que enfrente el Estado mexicano. La recuperación de un bien público, el bien más importante de la sociedad red en la que hoy estamos inmersos, Manuel Castells dixit, depende de la capacidad que tenga el país de regular a los medios y a las telecomunicaciones, de ese tamaño es el reto.
Es posible que México haya llegado a un límite de malestar y descomposición en donde una parte de la clase política comprende que se tiene que hacer los cambios ahora o seguiremos en la espiral de deterioro y cada vez será más difícil recuperar las oportunidades perdidas. Regular de forma democrática la radiodifusión y las telecomunicaciones, resulta una materia particularmente complicada que ha costado años de esfuerzos. Estas oportunidades se construyen muy de vez en cuando, esperemos que esta vez no se desperdicie...
Investigador del CIESAS
El efecto bumerán
El bumerán, de acuerdo con la enciclopedia, es un arma arrojadiza, formada con lámina de madera dura y encorvada de modo que lanzada en forma giratoria puede volver al punto de partida. En otras palabras, el bumerán es un objeto que se lanza al espacio y tiene la característica de girar y regresar exactamente al sitio de donde partió. Quiero usar esta característica del bumerán para hacer un símil con lo que ha sucedido en nuestro país.Desde hace muchas décadas la forma en que nos conducimos los mexicanos, sumada a la manera en que la clase política ha trabajado
a lo largo de los años, ha terminado por afectar de manera grave el estado por el cual atraviesa la nación entera. Los años de corrupción continua, que hoy día abarcan todos los ámbitos de la vida nacional, prácticamente han paralizado la capacidad de la nación para desarrollarse y avanzar hacia la meta de mejorar la calidad de vida de los mexicanos. La pobre actuación de la clase política a lo largo de decenas de años ha generado una ausencia total de metas que alcanzar, para generar las condiciones apropiadas de desarrollo económico y social.
La clase política mexicana casi ha tenido como única visión mantenerse en el poder para no perder los privilegios de los cuales ha gozado eternamente. Prácticamente su único interés ha sido no hacer nada que altere su cómoda posición de político perpetuo, sin importar mucho si se logra avanzar en lo que llamaríamos el bien común. La clase política ha tenido como regla no alterar el status quo para no generar riesgo alguno de perder su posición, sin importar el grado de afectación en la conducción del país. En otras palabras: sólo hago algo si ese algo no afecta mi posición o la de mi grupo o partido, o sea, en la medida en que no se altere el orden que conviene, no cuenten conmigo para impulsar los cambios que se requieren.
De qué otra manera podríamos entender que México, al ser evaluado por organismos internacionales, está desde hace tiempo en los últimos lugares en asuntos relacionados con educación, avances económicos, protección al ambiente, desarrollo social, y en contraste ocupa los primeros lugares en obesidad, corrupción, inseguridad, y como ejemplo específico, segundo lugar en adolescentes embarazadas. Y en relación con esto último la clase política, encabezada por el PRI y el PAN, han criminalizado el aborto en 18 estados de la República. O sea, para usar una reciente frase de Carlos Fernández-Vega, estupendo articulista de La Jornada: el cretinismo institucionalizado
se nos aparece al desnudo, sin dejar de señalar que imperan los intereses de grupo por encima de cualquier cosa.
En pocas palabras, México es un Estado fallido, por eso lo del efecto bumerán. Está claro que si no se hace lo que se debe y como se debe en su momento, los efectos revierten y afectan a tal grado que eventualmente hace casi imposible que México salga del hoyo en el cual está metido.
Por otro lado, también los ciudadanos hemos sido indolentes, no hemos sabido respetar y respetarnos los unos a los otros. No existe la civilidad. De qué otra manera se puede entender que los mexicanos sigamos tirando basura donde se nos viene en gana, nos estacionemos o paremos donde se nos antoja y no respetemos las mínimas reglas de convivencia. Los peseros hacen lo que quieren, los vendedores ambulantes también, todos nos sentimos influyentes y nos comportamos como si fuéramos los únicos que existimos. Nunca se piensa en el impacto que nuestras conductas tienen sobre la sociedad en su conjunto. La ley no se respeta y, por otro lado, la autoridad está permanentemente ausente. De qué otra forma podríamos entender que en la ciudad de México no se puede resolver el problema de que el transporte de carga no utilice las vías rápidas a ciertas horas del día. A un gobierno local o federal que no pueda resolver un problema que no debería ser problema sólo se le puede denominar gobierno fallido.
Pero a lo que voy es que parece que nadie entiende o quiere entender que cualquier cosa que hagamos, por pequeña que sea, que esté fuera de la ley o de las reglas de convivencia, tiende eventualmente a revertirse. En pocas palabras, el efecto bumerán ocurre y hoy día no sólo está ocurriendo, sino que nos está rebasando y afectando en todos los ámbitos de la vida nacional. Todos los errores, omisiones, corruptelas, arreglos de conveniencia, ineptitudes, desintereses o simplemente el no pasa nada
resulta en que sí pasa y hoy lo estamos viviendo y afecta a todos los mexicanos, no importa cuál sea su clase social. Quizá hoy deberíamos decir, ¡ya basta!
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