TIEMPO DE MUJERES

Primer caso de abuso sexual contra una mujer indígena que analiza la CoIDH
Pese a las amenazas, Inés mantiene su exigencia de justicia

Por Anayeli García Martínez, enviada

México, 3 may 10 (CIMAC).- En la zona montañosa de Guerrero, donde converge la Sierra Madre del Sur y la Mixteca, se ubica Barranca Tecuani, el hogar de Inés Fernández Ortega, indígena tlapaneca, que hace 8 años fue violada por militares.

En la comunidad indígena, donde habitan unas 540 personas, vive Inés. Apenas entiende el español, camina con los pies descalzos, con la mirada esquiva y habla con voz baja; le es difícil recordar aquel 22 de marzo de 2002, cuando tres elementos del 41 batallón de Infantería del Ejército Mexicano la violaron.

Son hechos que ha narrado una y otra vez. La primera ocasión lo hizo ante el Ministerio Público dos días después de ser agredida. Desde entonces su vida no ha sido fácil, con ayuda de un intérprete afirma: “a raíz de lo que pasó no tengo respaldo de ninguna persona, nadie de la comunidad me apoya”.

Vive alejada del resto de los pobladores, con su esposo Fortunato y tres de sus cinco hijos, los otros dos viven en Ayutla de Los Libres, la cabecera municipal que queda a más de ocho horas de camino desde su casa. Los tres niños van a la primaria y quizás después tengan que ir a estudiar con sus hermanos, porque en Barranca Tecuani no hay secundaria.

Inés se levanta muy temprano para darles de comer tortillas y frijoles a sus hijos, dice que en ocasiones ellos no quieren ir a la escuela, a pesar de que desean estudiar, tienen miedo. Saben que en cualquier momento pueden ser agredidos porque su madre se atrevió a hacer algo que nadie hace: pedir justicia.

A decir del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ella no es la única mujer que ha sido violada por militares en esa región, pero el miedo las obliga a callar.

En ocho años de lucha por justicia, Inés encontró a Valentina, indígena tlapaneca oriunda de la comunidad de Caxitepec, también violada por militares el 16 de febrero de 2002.

También es apoyada por Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), con quien espera que su caso pronto tenga respuesta, no de las autoridades del país, sino de un organismo internacional.

ACTIVISMO

En esta región, la presencia del Ejército no es algo nuevo. Inés sabe que por temporadas los soldados llegaban, instalaban sus campamentos y cometían una serie de abusos contra las comunidades indígenas que iban desde el robo y saqueo de sus cultivos y ganado, hasta detenciones arbitrarias, amenazas y malos tratos.

El panorama poco ha cambiado, a sus 35 años Inés ve las mismas arbitrariedades, razón por la cual desde antes de ser violada se convirtió en activista. En un principio se reunía con otras cinco mujeres para hablar sobre sus principales necesidades, gestionar sus recursos y promover la participación de toda la comunidad.

A través de la organización activa de mujeres y hombres, buscaba mejores condiciones para cosechar maíz, jamaica y caña, los principales productos que se dan en la región montañosa; tener un médico, una carretera, más educación: necesidades básicas, explica Inés.

Pero un día a su casa, de adobe y madera, llegaron los soldados y la violaron. “Entonces las compañeras me dejaron sola; y ahora nadie me respeta, me critican, hasta Fortunato en un principio dudó de mí”. Y es que en Ayutla de Los Libres imperan los usos y costumbres de tlapanecos, mixtecos y nahuas.

En este lugar donde el aire fresco de la sierra se acentúa con la espesa vegetación, las familias tienen servicios básicos como agua, luz y, cosechas para el autoconsumo, logros que consiguieron a través de un trabajo conjunto, pero Inés pide algo más: oportunidades de desarrollo.

REPRESALIAS

Cuando su caso fue turnado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el 7 de mayo de 2009, dos personas le dijeron “es mentira que te van a creer”.

Después siguieron las amenazas y aunque su hermano fue asesinado y ella ha sido hostigada en múltiples ocasiones, no desiste de su deseo: encontrar justicia y paz. “Pienso que son los guachos (soldados) quienes me hacen daño, me amenazan, porque a ellos estoy denunciando”.

Aún así, no se arrepiente de nada. “Golpearon a mi esposo, mataron a mi hermano Lorenzo y han amenazado a Obtilia y a Cuauhtémoc, pero creo que hice algo bueno al denunciar. No quiero que le pase lo mismo a alguien más, a mis hijas, a una muchacha, a mi pueblo”.

Con el cabello trenzado, los pies descalzos y la figura delgada, Inés luce joven, su embarazo de siete meses se nota poco. Pensar en su próximo bebé la hace sentir mejor y la hace sonreír.

Sus defensores ya le contaron los pormenores de la audiencia que la CoIDH celebró el pasado 15 de abril, en el Palacio de Justicia de Lima, capital de Perú. Este mes, las partes entregarán sus respectivos alegatos por escrito y en diciembre se dictará la sentencia contra el Estado mexicano.

Aunque no pudo asistir, ni ver la audiencia, sabe que la CoIDH escuchó su caso, el cuarto del estado de Guerrero, pero el primero por violación sexual contra una mujer indígena. Ahora tiene la esperanza de que se haga justicia, en tanto no deja sus labores, sigue trabajando en la siembra de sus tierras.