Persiste silencio de Estado mexicano por caso de Atenco ante la CIDH
Otro ejemplo de impunidad para 47 víctimas de tortura y violación
Por Anayeli García Martínez
México, D.F., 3 may 10 (CIMAC).- A cuatro años de los operativos en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 -donde 47 mujeres fueron víctimas de tortura y violación sexual- el Estado mexicano no ha respondido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre sus investigaciones.
De las 47 mujeres detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco, en el estado de México, y de las 26 agredidas sexualmente por policías el 3 y 4 de mayo de 2006, sólo13 denunciaron ante la Fevimtra pero ante la falta de justicia dos de ellas desistieron.
Es así que son 11 las mujeres que continuaron su lucha por justicia y acudieron a la CIDH el 29 de abril de 2008 para que este organismo tomara su caso. Fue hasta el 10 de diciembre de 2009 cuando la CIDH trasladó la petición al Estado mexicano, concediéndole dos meses para presentar sus observaciones.
En conferencia de prensa, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Prodh), dijo que éste no respondió oportunamente, por lo que solicitó una prórroga que le fue concedida, la cual expiró el 26 de marzo pasado sin que el Estado mexicano diera una respuesta.
Para el Prodh esto significa que el Estado mexicano ha sido omiso en presentar su informe respecto de los hechos y violaciones alegadas en la petición, hecho que “muestra con claridad el desdén por los Derechos Humanos (DH) y la falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
Aunque los abusos en contra de la población civil durante la irrupción de policías federales, estatales y municipales fueron debidamente acreditados, las instancias encargadas de las investigaciones han obstaculizado el acceso a la justicia para las mujeres agredidas.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Jacqueline Sáenz, abogada Centro Prodh explicó que desde julio de 2009 cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) “tomó” la investigación por violación sexual contra 11 mujeres, las denunciantes se encuentran en “total indefensión” por la falta de acceso a la justicia.
Cabe recordar que el 15 de mayo de 2006, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra) inició una investigación y mantuvo el caso por tres años, hasta que el 13 julio de 2009 lo cerró y declinó su competencia a favor de la PGJEM. Desde entonces el expediente ha estado cerca de 10 meses sin avances.
La explicación de esta situación es que el caso es muy extenso –cerca de ocho tomos, más anexos- y que lo están estudiando, lo cual, señaló Jacqueline Sáenz, “no es una explicación jurídica, coherente, ni viable que nos satisfaga”.
ESPERANZA DE JUSTICIA
Debido a que en el país no hay condiciones para acceder a la justicia, 11 mujeres denunciantes de tortura sexual –acompañadas por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)- presentaron el 29 de abril de 2008 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el organismo tomara su caso.
Con esta acción, las denunciantes buscan que el tribunal internacional declare que el Estado mexicano es responsable de graves violaciones a los DH consistentes en privación ilegal de la libertad, tortura y falta de acceso a la justicia, entre otras.
Una de las organizaciones que confirmó los abusos sexuales fue el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, quien acompañó a tres de las agredidas y acreditó la violación sexual en base a unos peritajes realizados conforme al Protocolo de Estambul, el cual puntualiza que “la tortura sexual empieza por la desnudez forzada”.
A decir de Felicitas Treue, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, una de las principales acompañantes de los peritajes, la falta de una investigación bien realizada y la actitud parcial de las autoridades, dejó como último camino acudir a la CIDH y afirmó que “la esperanza es que la CIDH emita recomendaciones en un sentido positivo”.
Además agregó que Atenco es un ejemplo más de impunidad que empezó con la “no investigación” y donde las denunciantes también han sido “victimas de un proceso largo y desgastante”.
DILACIÓN EN INVESTIGACIONES
La historia de Atenco se remonta al 22 de octubre del 2001 cuando el gobierno federal decidió construir un nuevo Aeropuerto en el Valle de México, para ello se expropiaron más de 5 mil hectáreas de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco. En este último, el municipio más afectado, los pobladores se opusieron y se llevaron a cabo diversas manifestaciones que fueron reprimidas.
En los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, no sólo estuvieron presentes los simpatizantes de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de la otra campaña, también se encontraban mujeres extranjeras que fueron víctimas de la represión, la cual arrojó 47 mujeres victimas de abusos sexuales, cerca de 207 detenidos y dos jóvenes asesinados.
De las cuatro mujeres extranjeras víctimas de abuso, la española Cristina Valls –quien luego de ser agredida fue deportada ilegalmente el 5 de mayo de 2006 -. Reclamó justicia ante el Tribunal Constitucional español por la tortura y la violación sexual sufrida a manos de autoridades mexicanas.
Acompañada por la organización Women’s Link Worldwide, el 25 de enero de 2008, Cistina Valls presentó una denuncia penal ante la Audiencia Nacional Española contra el Estado Mexicano por el delito de tortura sexual y violación a DH.
Sin embargo, la Audiencia Nacional dijo no ser competente. Ante ello, Cristina Valls presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el 3 de marzo de 2009. Amparo que no se aceptó porque en México se estaba “investigando” el caso. “Pero estamos dispuestas a seguir”, afirmó en entrevista telefónica, Viviana Waisman, abogada y directora de Women’s Link Worldwide.
Aunque lamentó esta decisión por parte de las autoridades españolas, Viviana Waisman, dijo que están analizando la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para encontrar justicia, como lo hicieron las mujeres mexicanas al acudir a la CIDH.
ACCIONES DE PROTESTA
Como parte de las actividades para continuar exigiendo justicia, ayer Amnistía Internacional y algunas de las denunciantes hicieron un recorrido desde la Diana Cazadora hasta Palacio Nacional, en el zócalo capitalino.
Hicieron paradas frente a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer escuchar su demanda de justicia.
Mientras que hoy, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en un comunicado de prensa, manifestó su preocupación por la impunidad reinante en torno a los graves hechos ocurridos durante los operativos.
También se pronunció en contra del “injusto encarcelamiento de varias personas y en particular por la inacción del gobierno mexicano ante las graves violaciones a los DH de las mujeres”. La OMCT exhortó a las autoridades federales a que se encarguen de las investigaciones y que no sean las autoridades estatales las que investiguen, porque también participaron en los hechos.
De las 47 mujeres detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco, en el estado de México, y de las 26 agredidas sexualmente por policías el 3 y 4 de mayo de 2006, sólo13 denunciaron ante la Fevimtra pero ante la falta de justicia dos de ellas desistieron.
Es así que son 11 las mujeres que continuaron su lucha por justicia y acudieron a la CIDH el 29 de abril de 2008 para que este organismo tomara su caso. Fue hasta el 10 de diciembre de 2009 cuando la CIDH trasladó la petición al Estado mexicano, concediéndole dos meses para presentar sus observaciones.
En conferencia de prensa, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Prodh), dijo que éste no respondió oportunamente, por lo que solicitó una prórroga que le fue concedida, la cual expiró el 26 de marzo pasado sin que el Estado mexicano diera una respuesta.
Para el Prodh esto significa que el Estado mexicano ha sido omiso en presentar su informe respecto de los hechos y violaciones alegadas en la petición, hecho que “muestra con claridad el desdén por los Derechos Humanos (DH) y la falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
Aunque los abusos en contra de la población civil durante la irrupción de policías federales, estatales y municipales fueron debidamente acreditados, las instancias encargadas de las investigaciones han obstaculizado el acceso a la justicia para las mujeres agredidas.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Jacqueline Sáenz, abogada Centro Prodh explicó que desde julio de 2009 cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) “tomó” la investigación por violación sexual contra 11 mujeres, las denunciantes se encuentran en “total indefensión” por la falta de acceso a la justicia.
Cabe recordar que el 15 de mayo de 2006, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y trata de personas (Fevimtra) inició una investigación y mantuvo el caso por tres años, hasta que el 13 julio de 2009 lo cerró y declinó su competencia a favor de la PGJEM. Desde entonces el expediente ha estado cerca de 10 meses sin avances.
La explicación de esta situación es que el caso es muy extenso –cerca de ocho tomos, más anexos- y que lo están estudiando, lo cual, señaló Jacqueline Sáenz, “no es una explicación jurídica, coherente, ni viable que nos satisfaga”.
ESPERANZA DE JUSTICIA
Debido a que en el país no hay condiciones para acceder a la justicia, 11 mujeres denunciantes de tortura sexual –acompañadas por el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)- presentaron el 29 de abril de 2008 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el organismo tomara su caso.
Con esta acción, las denunciantes buscan que el tribunal internacional declare que el Estado mexicano es responsable de graves violaciones a los DH consistentes en privación ilegal de la libertad, tortura y falta de acceso a la justicia, entre otras.
Una de las organizaciones que confirmó los abusos sexuales fue el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, quien acompañó a tres de las agredidas y acreditó la violación sexual en base a unos peritajes realizados conforme al Protocolo de Estambul, el cual puntualiza que “la tortura sexual empieza por la desnudez forzada”.
A decir de Felicitas Treue, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, una de las principales acompañantes de los peritajes, la falta de una investigación bien realizada y la actitud parcial de las autoridades, dejó como último camino acudir a la CIDH y afirmó que “la esperanza es que la CIDH emita recomendaciones en un sentido positivo”.
Además agregó que Atenco es un ejemplo más de impunidad que empezó con la “no investigación” y donde las denunciantes también han sido “victimas de un proceso largo y desgastante”.
DILACIÓN EN INVESTIGACIONES
La historia de Atenco se remonta al 22 de octubre del 2001 cuando el gobierno federal decidió construir un nuevo Aeropuerto en el Valle de México, para ello se expropiaron más de 5 mil hectáreas de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco. En este último, el municipio más afectado, los pobladores se opusieron y se llevaron a cabo diversas manifestaciones que fueron reprimidas.
En los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, no sólo estuvieron presentes los simpatizantes de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de la otra campaña, también se encontraban mujeres extranjeras que fueron víctimas de la represión, la cual arrojó 47 mujeres victimas de abusos sexuales, cerca de 207 detenidos y dos jóvenes asesinados.
De las cuatro mujeres extranjeras víctimas de abuso, la española Cristina Valls –quien luego de ser agredida fue deportada ilegalmente el 5 de mayo de 2006 -. Reclamó justicia ante el Tribunal Constitucional español por la tortura y la violación sexual sufrida a manos de autoridades mexicanas.
Acompañada por la organización Women’s Link Worldwide, el 25 de enero de 2008, Cistina Valls presentó una denuncia penal ante la Audiencia Nacional Española contra el Estado Mexicano por el delito de tortura sexual y violación a DH.
Sin embargo, la Audiencia Nacional dijo no ser competente. Ante ello, Cristina Valls presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el 3 de marzo de 2009. Amparo que no se aceptó porque en México se estaba “investigando” el caso. “Pero estamos dispuestas a seguir”, afirmó en entrevista telefónica, Viviana Waisman, abogada y directora de Women’s Link Worldwide.
Aunque lamentó esta decisión por parte de las autoridades españolas, Viviana Waisman, dijo que están analizando la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para encontrar justicia, como lo hicieron las mujeres mexicanas al acudir a la CIDH.
ACCIONES DE PROTESTA
Como parte de las actividades para continuar exigiendo justicia, ayer Amnistía Internacional y algunas de las denunciantes hicieron un recorrido desde la Diana Cazadora hasta Palacio Nacional, en el zócalo capitalino.
Hicieron paradas frente a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer escuchar su demanda de justicia.
Mientras que hoy, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en un comunicado de prensa, manifestó su preocupación por la impunidad reinante en torno a los graves hechos ocurridos durante los operativos.
También se pronunció en contra del “injusto encarcelamiento de varias personas y en particular por la inacción del gobierno mexicano ante las graves violaciones a los DH de las mujeres”. La OMCT exhortó a las autoridades federales a que se encarguen de las investigaciones y que no sean las autoridades estatales las que investiguen, porque también participaron en los hechos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario