El
derecho al agua está garantizado en el artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estado es garante de esa
disposición. Aun así, el gobierno federal presentó una iniciativa de
modificaciones a la Ley General de Aguas cuya finalidad última es
entregarle al sector privado la distribución del líquido, lo cual no
significará necesariamente un buen servicio y sí una previsible alza en
las tarifas. La propuesta federal va a contracorriente de lo que ocurre
en el mundo, pues en las principales capitales europeas ese modelo
privatizado fracasó y el servicio hidráulico debió volver al sector
público.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Heredar las concesiones de agua, mantener
el tráfico de las mismas, cambiar el término de “asignación” por el de
“concesión”, convertir en concesionario al empresario que construya un
trasvase y obligar a funcionarios públicos a buscar inversiones
privadas para el proceso de explotación y entrega del agua, son medidas
que forman parte de la “Ley Korenfeld”, iniciativa promovida por el
gobierno de Enrique Peña Nieto y llamada así por ser obra del director
de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld.
La misma prevé “suspender o restringir la prestación de los
servicios púbicos de agua potable”, lo cual va contra el artículo 4 de
la Constitución, que establece: “Toda persona tiene derecho al acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará
este derecho”, tal como se publicó el 8 de octubre de 2012 en el Diario
Oficial de la Federación.
Legisladores federales y especialistas coinciden en que la
iniciativa de Ley General de Aguas, cuya última versión llegó a la
Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo
“privatizador”; de aprobarse, afirman, dejaría en desventaja al Estado
ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales
internacionales.
Los diputados federales prevén un aumento en las tarifas de agua
para uso doméstico debido a que en la Ley Korenfeld se promueve aún más
la participación de la iniciativa privada, “misma que cobraría sus
costos de extracción y traslado”.
Y un peligro más: advierten que ejidatarios y comuneros perderán sus
concesiones de agua cuando renten sus tierras. “Lo que buscan los
empresarios es el agua, no la parcela”, advierte la especialista e
integrante de la agrupación cívica Agua para Todos, Agua para la Vida,
Elena Burns.
El vocero de esta agrupación y miembro del Comité Independiente de
Tecámac, Ricardo Ovando Ramírez alerta también sobre la violación a la
Constitución al permitirse que se “suspenda el servicio de agua
potable”. “Eso lo intentó (el gobernador) Eruviel (Ávila) en el Estado
de México y tuvo que rectificar, porque va contra la Carta Magna”.
Detalla que para el caso del Distrito Federal, en el artículo 25,
fracción X, de la iniciativa se establece la posibilidad de “suspender
o restringir la prestación de los servicios públicos de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales”.
En el caso de las tarifas, Burns advierte que el consumidor final
recibirá un incremento en las mismas debido a la privatización y a que
la propia ley obliga a que la tarifa le dé “sostenibilidad financiera”
a los prestadores del servicio; es decir la iniciativa privada.
Para sostener su dicho recurre al artículo 237de la Ley Korenfeld
donde destaca el vocablo “debe”. Esta palabra no da opción, sino que
establece como obligatorio cumplir entre otras cosas lo que dicen las
fracciones IV, V, VII y VIII: “Propiciar la sostenibilidad financiera
de los prestadores de los servicios públicos de agua y su progresiva
autosuficiencia; prever ajustes en función de la inflación y los
costos; considerar la capacidad de pago del o los usuarios y considerar
la productividad económica del agua”.
Focos rojos
La Ley General de Aguas que promueve el gobierno federal y cuyo
borrador ya se analiza en Cámara de Diputados ha alertado a
legisladores de izquierda, quienes para evitar un albazo de la Mesa
Directiva presentaron una iniciativa alterna, la cual recoge los
planteamientos de una treintena de organizaciones ciudadanas agrupadas
en Agua para Todos, Agua para la Vida.
La perredista Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Cámara de
Diputados, dice en entrevista que el pasado 10 de febrero se pretendía
darle primera lectura a la iniciativa elaborada por el Ejecutivo
federal, por lo que un grupo de legisladores –entre ellos Luisa María
Alcalde Luján y Manuel Huerta– decidieron hacer suya la iniciativa
ciudadana de Ley General de Aguas.
El documento se presentó al pleno el jueves 12 y se turnó a las
comisiones de Agua y de Recursos Hidráulicos. Con dicha maniobra Agua
para Todos, Agua para la Vida evitó el albazo del gobierno federal,
pues ambas propuestas deben ser discutidas en comisiones unidas.
Alavez, quien formó parte del grupo de diputados que respaldó la
iniciativa ciudadana, alertó sobre la eliminación de la figura de
“asignación” en la Ley Korenfeld, pues evidencia la intención
privatizadora.
En la exposición de motivos del documento gubernamental se argumenta
que tener dos figuras –“concesión” o “asignación”– para la explotación,
uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, ha generado una
“sobrerregulación y dispersión en el régimen jurídico aplicable en su
otorgamiento, transmisión, prórroga y extinción”.
Por ello, dice, se suprime la figura de “asignación”. “Esto a fin de
evitar divisiones conceptuales con figuras innecesarias; se establece
que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas se realiza
mediante concesión, incluso en el caso del uso público urbano”.
Alavez advierte que el término “asignación” es primordial pues lleva
implícita la gratuidad y un fin social del agua para estados y
municipios en los casos de “uso doméstico” y “uso urbano”.
Recuerda que en Puebla, desde que la gestión del agua está en manos privadas, las tarifas han aumentado hasta 400%.
En Aguascalientes todo el proceso está en manos de la empresa
española Aguas de Barcelona, asociada con firmas mexicanas. En el
Distrito Federal “partes del proceso” las tiene la empresa Suez.
“La tendencia en México es entregar todo a los privados mientras en
el mundo se va a la inversa, pues este modelo no funcionó”, dice la
legisladora y como ejemplo menciona Berlín y París, que luego de 25
años regresaron el servicio a los ayuntamientos, pues las empresas no
cumplieron con invertir en infraestructura pero sí aumentaron las
tarifas.
En el caso de la Ley Korenfeld, dice Alavez, al eliminar la
“asignación” para municipios, establecer que un ejidatario pierda su
concesión cuando renta su parcela y obligar a funcionarios a que
“fomenten” la intervención de la iniciativa privada, el gobierno
entrega la “certeza jurídica” que demandan las empresas.
Ovando Ramírez detalla que el modelo privatizador se estrenó en 2008
cuando el municipio de Huixquilucan le entregó a Aguas de Barcelona
gran parte del manejo y cobro del líquido.
Burns advierte de los peligros que entraña poner en manos de
empresas trasnacionales el manejo del agua. Explica que si una empresa
extranjera no obtiene las utilidades establecidas en el contrato,
debido a cambios futuros en la legislación mexicana –como ajustes a las
normas ecológicas o laborales–, puede demandar a México ante tribunales
internacionales, merced a la firma del Tratado de Libre Comercio.
“Esto pasó en Buenos Aires y en Bolivia, lo que dio origen a
enfrentamientos con la población. La ley Korenfeld es escalofriante”.
Los especialistas alertan sobre las acciones que promueve el
gobierno en beneficio de la llamada “fractura hidráulica”, proceso
mediante el cual se obtiene gas capturado en una roca que debe
fracturarse para liberarlo; para ello se requieren millones de litros
de agua.
En el artículo 178 del capítulo IV del borrador de iniciativa
federal, “Uso en generación de energía eléctrica”, se detalla paso a
paso lo que se debe hacer para llevar a cabo el llamado fracking.
Además, añade Ovando, la ley permite el tráfico de concesiones
dentro de una misma cuenca; es decir que si en una zona geográfica se
tiene un concesión para uso industrial, esa misma concesión se puede
“vender” a una empresa que quiera obtener gas y necesite agua.
Las facilidades para obtener el agua necesaria para el proceso del
fracking llevó a los legisladores Alavez y Manuel Huerta a considerar
esta ley como “secundaria” de la energética. Ambos advierten que la
figura de los “trasvases” y su “promoción” en la Ley Korenfeld tiene
como objeto beneficiar el fracking.
El trasvase es el traslado del agua de una cuenca a otra
administración hidrológica; para ello se necesita un acueducto. De
acuerdo con la ley hay dos tipos de autorización de trasvase: directo e
indirecto. Quien participa en el primero se convierte automáticamente
en “concesionario” del agua hasta por 75 años.
Lo anterior se sustenta con el artículo 114, cuyo segundo párrafo
dice: “La solicitud de autorización de trasvase directo podrá
presentarse conjuntamente con la de concesión para la explotación, uso
o aprovechamiento de aguas nacionales o con posterioridad al
otorgamiento de ésta última”.
El párrafo tercero completa: “El uso de las aguas nacionales
trasvasadas no podrá ser distinto al establecido en el título de
concesión, excepto que el cambio se solicite para los usos domésticos y
públicos urbanos”. El cuarto párrafo sostiene que “la autorización para
el trasvase directo podrá prorrogarse conjuntamente con el título de
concesión”.
Alavez, auxiliada por sus asesores, explicó que de acuerdo con esos
párrafos, Armando Hinojosa Cantú –quien participa con más de 50% en la
construcción del acueducto Monterrey VI, mediante el cual se pretende
llevar agua del río Pánuco a la capital nuevoleonesa– se convierte
automáticamente en concesionario del agua.
La propuesta federal establece en su artículo 90 que la concesión
puede ser de cinco a 35 años y prorrogarse una vez. Es decir que
Hinojosa Cantú tendría una concesión del agua hasta 75 años.
Arrebatadas y heredadas
Según la propuesta del gobierno, las concesiones se pueden
“transmitir”. Excluye de esto las concesiones para uso doméstico. En el
caso del uso público urbano, sí procede la transmisión siempre y cuando
sea a favor del estado o municipios.
La transmisión puede ser temporal, definitiva o parcial por el total
de volúmenes concesionados y viene luego la heredad. De acuerdo con el
artículo 95 las concesiones se pueden transmitir por “convenio”,
“resolución judicial” y por “vía sucesoria”, es decir que se pueden
heredar. Incluso se pueden transmitir fuera del distrito en el cual se
autorizó.
Burns explica que con ello se mantiene la compra-venta que hay en la
ley vigente. Alavez sostiene que esto sólo promueve el “tráfico” de
concesiones.
La transmisión implica que una empresa puede vender su concesión para explotar y usar el agua de un giro mercantil a otro.
Pero mientras está la compra-venta de las concesiones del agua, dice
la especialista, la propuesta del gobierno abre la puerta al abuso
contra ejidatarios a quienes se les puede arrebatar su concesión cuando
renten sus tierras.
El artículo 159 de la iniciativa gubernamental establece que “cuando
se transmita el dominio de tierras ejidales o de uso común o se otorgue
el usufructo de parcelas, a sociedades civiles o mercantiles o a
cualquier otra persona moral, dichas personas o sociedades adquirentes
conservarán los derecho sobre explotación, uso o aprovechamiento de las
aguas correspondientes.
Burns alerta sobre el tema debido “a la colusión entre autoridades y
notarios en varias zonas de la república que buscan el control de la
tierra para lograr el acceso al agua”.
Burns y Ovando consideran que se debe mantener la concepción de que
el agua es de la nación y no como aparece en la iniciativa del
gobierno, que pertenecen al Estado. Reclaman que el modelo de gestión
del agua promovido sea mediante enormes proyectos de infraestructura
hidráulica –presas, trasvases, pozos ultraprofundos, desalinizadores–
“cuya construcción y operación serían concesionadas preferentemente a
empresas privadas”.
Con todas estas obras que se promueven y que serían privadas,
concesionadas, la tarifa final que se cobraría llevaría el costo por la
obtención del agua de una cuenca hasta la distribución en una ciudad.
Con el pretexto de cumplir con el derecho humano al agua se
promueven estas obras en la ley gubernamental, dicen los especialistas,
pero en realidad lo que se pretende es abrir los espacios para
favorecer megaproyectos que se supone abastecerán a “megalópolis” del
futuro, añaden.
La propuesta ciudadana, en cambio, propone menos construcción y más
restauración de cuencas y flujos subterráneos a través de cambios en
patrones de consumo, producción y urbanización, junto con obras
públicas y comunitarias para gestionar ciclos locales y zonales del
agua.
En la Ley Korenfeld se tiene incluso todo un capitulo, el número
dos, que obliga a los funcionarios estatales y municipales a promover
la participación de la iniciativa privada en la gestión del agua y para
ello menciona las llamadas asociaciones público privadas (APP).
Por ejemplo en el artículo 64 se señala que la “autoridad debe
fomentar (…) la concertación y participación de los sectores social y
privado en la prestación de los servicios públicos”. Más adelante
sostiene que los contratos de APP a los que se recurra deben ajustarse
a la reglamentación aplicable.
Los contratos podrán hacerse para “extracción, captación,
conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento,
recolección, disposición, desalojo, medición, determinación,
facturación y cobro de tarifas. El prestador de esos servicios será
responsable de su actividad”, reza el artículo 65.
Pero la Ley Korenfeld prende otras alertas. Manuel Huerta, diputado
de Morena, considera más preocupante el artículo 12, donde se faculta
al Ejecutivo federal para que determine el “decreto de expropiación,
ocupación temporal, total o parcial de los bienes, o su limitación de
derechos de dominio en términos de la ley agraria”.
Lo anterior va unido, dice, al capítulo llamado “medidas de apremio
y de seguridad”, el cual en su artículo 261 sostiene que “para hacer
cumplir sus determinaciones, las autoridades federales, estatales, del
Distrito Federal o municipales podrán solicitar el auxilio de la fuerza
pública”.
“Sólo en un estado autoritario como el que encabeza Peña Nieto se
puede poner en una ley el uso de la fuerza. ¿Qué va a pasar con los
manifestantes que están contra Monterrey VI, contra la construcción de
la presa La Parota? ¿Se mandará a la fuerza pública, se golpeará y
encarcelará a la gente que proteste?”, se pregunta Huerta.
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