Gloria Leticia Díaz
MÉXICO,
D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto será sometido una vez
más al escrutinio internacional en materia de derechos humanos durante
las audiencias públicas del 154 Periodo de Sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevarán a cabo en su
sede en Washington, Estados Unidos.
Según el calendario de audiencias publicado por el organismo que
forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), el viernes
20 una delegación de la actual administración participará en cinco
sesiones para dar respuesta a cuestionamientos de organizaciones
civiles y de los integrantes de la CIDH.
La serie de reflexiones iniciarán con la “Situación general de
derechos humanos en el estado de Guerrero”, solicitada por la Comisión
de la Verdad de Guerrero (Comverdad) y el Centro para la Justicia y el
Derecho Internacional (Cejil).
La Comverdad es un organismo público autónomo creado durante el
gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que concluyó sus labores el 14 de
octubre tras entregar un informe sobre graves violaciones a derechos
humanos cometidos durante la llamada “guerra sucia” en el estado de
Guerrero, en específico, desapariciones forzadas, cometidas en su
mayoría por miembros del Ejército mexicano.
A esa audiencia le sigue otra sobre “Denuncias sobre hechos de
desaparición forzada e impunidad en México”, en la que el Estado
mexicano dará respuesta a los señalamientos de representantes de una
veintena de organizaciones sociales nacionales e internacionales.
Entre las organizaciones internacionales que participarán para
abordar ese tema destacan Human Rights Watch (HRW), Washington Office
on Latin América (WOLA), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
y Robert F Kennedy Human Rights (RFDHR).
La jornada incluye sesiones para presentar “Denuncias de tortura
sexual contra mujeres en México”, que serán presentadas por el Centro
Prodh, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH), Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan
y Asociadas por lo Justo (Jass).
Esas organizaciones impulsan la campaña “Rompiendo el silencio.
Todas juntas contra la tortura sexual”, que arrancó el 5 de mayo pasado
con los testimonios de 11 mujeres víctimas durante los operativos
violentos de San Salvador Atenco, en mayo de 2006, y que mantienen un
litigio contra el Estado mexicano en la CIDH.
La representación del gobierno de Peña Nieto también tendrá que dar
respuesta a los señalamientos de organizaciones mexicanas y
centroamericanas que defienden a migrantes, así como al Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF), que solicitaron la audiencia
titulada “Acceso a la justicia para personas migrantes en México”.
En el salón Padilha Vidal también se abordará la sesión “Reforma
energética y derechos económicos, sociales y culturales en México”, que
agenda por el Centro Prodh, Fundar Centro de Análisis e Investigación,
Grupo Indignación, Promoción y Defensa de Derechos Humanos y Greenpeace
México.
Cabe destacar que a esta audiencia específica sobre las
consecuencias de la reforma energética en materia de derechos humanos,
durante el 154 periodo de sesiones de la CIDH, el mismo 20 de marzo se
llevará a cabo una audiencia regional temática para tratar la situación
de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de los
habitantes de los asentamientos precarios en el continente.
De acuerdo con información difundida por Fundar Centro de Análisis e
Investigación, en el continente 111 millones de personas viven en
asentamientos precarios, por lo que la audiencia busca “incidir en la
agenda de trabajo de la reciente conformada Unidad DESC de la CIDH y
aportar elementos sobre las líneas en las que podrían su actuación en
el tema”.
La audiencia fue impulsada por la Coalición Internacional para el
Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL), la Asociación Civil por
la Igualdad y Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), y respaldada por 29 organizaciones de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, México, Perú y Uruguay.
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