El dictamen propone modificar 14 Artículos en donde se prevén sanciones para la administración pública, personas físicas y empresas; es decir, funcionarios y particulares.
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La
creación del Sistema Nacional de Anticorrupción en México representa la
culminación de grandes esfuerzos, cabildeos, consultas y propuestas del
poder Legislativo en la Cámara de Diputados, para satisfacer una
demanda ampliamente requerida por la población. La corrupción es un
problema que afecta doblemente tanto a la convivencia social como al
ejercicio gubernamental transparente y responsable de los recursos de
origen público con los que cuenta un Estado.
Por lo anterior y a fin de contrarrestar conductas relacionadas por
actos de corrupción, la Cámara aprobó el jueves 23 de febrero el
dictamen donde se reforma y adicionan varios Artículos de la
Constitución, por una amplia mayoría de 409 votos a favor, 24 en contra
y tres abstenciones. El mismo día la minuta fue enviada para su
revisión a la Cámara de Senadores.
Porque la actuación de los servidores públicos es relevante para las
democracias constitucionales y el desempeño gubernamental, se trata de
una legislación obligada. La percepción ciudadana de la descomposición
por este fenómeno de la corrupción es lo que alienta y preocupa al
legislador para plantear en forma de ley que se elimine todo acto
ilícito en el ejercicio de su responsabilidad. Para con ello mejorar
los estándares de transparencia, rendición de cuentas y en su caso el
resarcimiento o la reparación del daño.
Para fortalecer los canales de comunicación entre Estado y la
sociedad, se propone la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
El dictamen propone modificar 14 Artículos en donde se prevén sanciones
para la administración pública, personas físicas y empresas; es decir,
funcionarios y particulares.
Entre las propuestas se encuentran: Castigar el “enriquecimiento
ilícito”; crear “órganos de control interno” en lugar de
“contralorías”; un “Tribunal Federal de Justicia Administrativa”,
órgano encargado de sancionar a los servidores públicos mediante una
sala superior conformada por 16 Magistrados propuestos por el Ejecutivo
y ratificados por las tres cuartas partes del Senado. Además, los
servidores públicos estarán obligados a presentar declaración
patrimonial.
En lo que se refiere a la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
tendrá atribuciones importantísimas, como: Auditar en tiempo real,
designar a los órganos de control de las secretarías de Estado,
fiscalizar las partidas presupuestales federales en estados y
municipios, promover denuncias ante el Tribunal y la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, promover las
responsabilidades procedentes e imponer sanciones a servidores públicos
federales de estados y municipios así como del Distrito Federal.
La sociedad será la principal beneficiada porque, una vez que entre
en vigor —tras la aprobación en el Senado de la República y los
congresos estatales— el Sistema Nacional Anticorrupción, en caso de ser
implementada adecuadamente, podrá ser testigo de un ejercicio
gubernamental más transparente y con mejores resultados en la
aplicación de recursos conforme a los planes y programas de gobierno.
Esperemos que la agenda legislativa permita la promulgación de este
Sistema Nacional Anticorrupción, para que cambie de manera importante
conductas que tanto daño han causado a nuestra sociedad y afectan el
servicio público en México.
A propósito del tema anticorrupción a nivel federal, la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) avanza con pasos firmes, pues
algunos legisladores han presentado iniciativas para recobrar valores
cívicos y éticos para sancionar este tipo de conductas, mediante la
creación de dos fiscalías: Una anticorrupción y otra en materia de
delitos electorales para la ciudad de México.
En este contexto, y para ir acorde con un Sistema Nacional
Anticorrupción, es importante que el Senado designe con prontitud al
titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Así
como dicho órgano legislativo procedió a designar de manera certera al
titular de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales), Dr. Santiago Nieto Castillo, a quien la hacemos
llegar una sincera felicitación, la sociedad espera en nombramiento de
un fiscal calificado como titular de la Fiscalía federal.
Esta reforma es un cimiento. Para lograr un gobierno responsable y
transparente que cumpla sus tareas de manera eficaz, nosotros como
ciudadanos tenemos también la responsabilidad de actuar conforme a lo
que exigimos de nuestras autoridades.
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