León Bendesky
La Jornada
Casi al mismo tiempo el
ex presidente Ernesto Zedillo y el empresario Carlos Slim se
pronunciaron acerca del conflicto abierto con el gobierno de Donald
Trump y las posibles alternativas para el gobierno de México.
Zedillo escribió un artículo en el Washington Post (27/1/17)
en el que descalifica las posiciones de Trump con respecto a los
efectos adversos del TLCAN en la economía de su país, y de modo paralelo
ensalza las medidas reformistas del presidente Peña.
Slim, por su parte, luego de haberse reunido con Trump hace unas
semanas, resaltó el talante negociador de aquél y propuso que los
mexicanos nos volquemos al mercado interno para que esta economía
crezca. No es muy claro el sentido de sus dos proposiciones.
Del artículo de Zedillo interesa destacar el señalamiento de que las
acciones de Trump cierran, por ahora, las posibilidades de un acuerdo
negociado entre ambas partes. Afirma que el TLCAN ha sido
un excelente instrumento, pero es solo uno entre muchos otros disponibles para perseguir las metas de crecimiento y desarrollo económico. Esto recuerda el dicho popular de que, “una vez ahogado el niño…”
Concluye que
México debe reforzar su compromiso con la apertura y las sólidas políticas económicas. No podemos permitirnos hacerlo de otra manera.
El ex presidente es consistente en este modo de pensar, pues cuando
implementó las políticas de su propio gobierno afirmaba que no había de
otra. ¿Es que nunca hay de otra?
El caso es que el impacto del excelente instrumento que representó el
TLCAN se manifestó de manera muy desigual. Hay que admitir que la
medición convencional del PIB no expresa de modo efectivo lo que pasa de
modo general en la economía. Esta se ha expandido más de lo registrado.
Esa es una cosa y otra imprescindible es tratar cómo y con qué
consecuencias.
Por supuesto que un sector productivo como el automotriz
especialmente, y algunos otros también, tuvieron un dinamismo notable,
con un derrame hacia actividades conexas y un efecto regional
identificable. Pero otros sectores no respondieron igual y otros, de
plano, prácticamente desaparecieron del mapa.
Muchas ciudades cambiaron su fisonomía con la construcción, como
ocurrió con la vivienda, aunque esas áreas contrastan mucho con las de
interés social y la precariedad de la población más pobre.
La productividad general de la economía no se amplió correlativamente
con los efectos de la apertura y el nivel de ingreso de una gran parte
de los hogares se rezagó y creció la fragilidad de las ocupaciones y
también la informalidad.
Los servicios públicos decayeron en su cobertura y calidad, el
sistema de pensiones no cumplió con las expectativas de la
privatización. Pemex quebró y consumió una gran suma de recursos
públicos. Etcétera, etcétera, etcétera.
Así que en el contexto actual que se ha creado de modo rápido y
contundente con la llegada de Trump, no parece la mejor opción insistir
en las fórmulas técnicas y políticas conformadas alrededor del TLCAN.
Dice Zedillo que México debe afianzarse como un lugar propicio para
las inversiones globales que produzcan para este mercado y para otros y
sin intimidaciones por parte del gobierno. Concluye que el gobierno debe
usar los medios legales para impugnar cualquier acción arbitraria o
ilegal que imponga Trump. Como si las reglas le importaran demasiado por
ahora.
Hasta aquí la versión de Zedillo es compatible con la de Slim y el
énfasis en el mercado interno. Pero así planteadas son visiones muy
parciales e insuficientes.
Durante mucho tiempo se ha debatido acerca de la necesidad de alterar
las pautas de las políticas públicas impuestas durante las tres últimas
décadas.
Esto exige un cambio radical en la gestión de la economía y en el
comportamiento político que se ha asentado profundamente en el país.
No es posible modificar de modo sensible el funcionamiento de la
economía sin un ajuste real de las finanzas públicas. Estas siguen
tercamente centradas en la exacción de recursos de la sociedad sin la
contraparte que esto exige. Sobre todo en un entorno en el que prevalece
la corrupción endémica.
La promoción del mercado interno no surgirá de ninguna mano
invisible. Tal vez, finalmente, se admitirá lo obvio: la política
industrial sí es parte de la caja de herramientas.
La producción interna que es esencial, no puede soportarse en una
estabilidad macroeconómica que, como ha quedado claro, no es una
condición suficiente y se acaba de sopetón. La austeridad está muy mal
repartida. Se reproducen constantemente los desajustes estructurales y
la pautas de la concentración de la riqueza.
La gestión existente en todos los niveles del gobierno, en los
partidos políticos y las instituciones públicas tampoco puede sostener
un cambio de modelo de crecimiento. Así no se logra usar los
instrumentos de la apertura comercial y financiera y, al mismo tiempo,
alentar la inversión privada y pública y las pautas de consumo que exige
la expansión del mercado interno. Insistir en ello no es solo
terquedad.
Este gobierno exhibe una gran limitación para conseguir los objetivos
de crecimiento que ahora imponen las condiciones externas. Esto va
mucho más allá del TLCAN y de la ahora conflictiva relación con Estados
Unidos. Tiene que ver con el modo en el que se asignan y se desempeñan
las funciones públicas. Tiene que ver con la forma en la que se cumplen
las responsabilidades y se rinden cuentas. El asunto es ahora muy
visible en el campo de las relaciones exteriores, la hacienda pública y
el comercio. Se ve a leguas en la forma en que se legisla y se procura
la justicia.
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