Conflicto magisterial: judicialización cuestionable

Editorial La Jornada 

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó ayer que las nóminas educativas de varios estados serán auditadas en busca de irregularidades, así como la continuación del proceso de despido de profesores que se hayan ausentado por tres días consecutivos durante las protestas contra la reforma educativa de las recientes semanas. Un día antes dio detalles de la imputación que el gobierno prepara contra Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos, secretarios general y de organización de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), respectivamente, ambos encarcelados en Sonora por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por su parte, Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, anunció el lunes la existencia de órdenes de aprehensión contra otros 24 líderes de la CNTE. A tales declaraciones debe agregarse la advertencia del comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, en el sentido de que el gobierno federal impedirá el bloqueo de las carreteras y que, de ser necesario, se aplicará el uso moderado de la fuerza para liberar las vialidades e incluso para evitar la instalación de plantones sin el permiso de la autoridad. En suma, ante la difusión y expansión del movimiento magisterial en diversas entidades, el Ejecutivo federal exhibe su determinación de enfrentar el conflicto por vías judiciales y policiales.

Independientemente de lo fundado o infundado de las acusaciones contra los 26 líderes magisteriales que hasta ahora se encuentran en calidad de probables responsables, el rigor legalista mostrado por el gobierno ante presuntos actos de corrupción de la dirigencia magisterial contrasta con la laxitud que se percibe en el desempeño oficial en los diversos escándalos que se han suscitado durante el actual sexenio, por ejemplo: operaciones privadas realizadas al amparo del poder público, como los casos de Oceanografía, OHL, Higa y otras corporaciones.

Esos episodios han tenido en común un tratamiento por parte de las autoridades que, lejos de resultar convincente para la opinión pública, ha reforzado la desconfianza de la sociedad hacia las instancias de fiscalización y procuración de justicia por la insuficiencia de las acciones tomadas.

Esta percepción de complacencia en el combate a las irregularidades cometidas en ámbitos gubernamentales se articula con la palpable incapacidad del partido y el grupo gobernantes para percibir un hartazgo social, compartido en fechas recientes incluso por el sector empresarial, y que procede, entre otros factores, de una corrupción descontrolada que cuesta al país entre 400 mil millones y un billón de pesos cada año, de acuerdo con diversas estimaciones. Tal pérdida de recursos significa una catástrofe moral, política y financiera que se traduce de manera directa en una continuada caída de los niveles de vida de las mayorías y que, sin embargo, ha tenido como única respuesta oficial una iniciativa de leyes anticorrupción carente de los instrumentos de fiscalización y castigo necesarios y, por tanto, poco convincente a ojos de la ciudadanía.

Frente al panorama descrito, el rigor mostrado contra los líderes del magisterio disidente es visto como expresión de doble rasero, un propósito represivo disimulado o bien como una manera de desviar la atención del fondo del conflicto magisterial, el cual difícilmente podrá ser resuelto en ámbitos judiciales o con el recurso de la fuerza pública.