REFORMA
Luego de que la iniciativa privada exigió y presionó al Congreso para
aprobar las leyes anticorrupción, el Senado reviró con un ajuste legal
que obliga a los empresarios a presentar su declaración 3de3 como si
fueran servidores públicos.En una reserva de último momento,
introducida la madrugada de ayer, los legisladores impusieron esa nueva
obligación a las personas físicas y morales cuando firmen contratos para
obras o servicios con el sector público."Están obligados a
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación
patrimonial y de intereses ante las secretarías u órganos internos de
control cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos
públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la
Federación", se indica en el Artículo 32 de la Ley de Responsabilidades."(También
declararán) las personas físicas que presten sus servicios o reciban
recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior.
EL UNIVERSAL
EL FINANCIERO
Senadores del PRI y PVEM se enfrentaron ayer con el director del Imco,
Juan Pardinas, por la aprobación de la ley ‘3de3’, la cual no dejó
satisfecho al organismo.Senadores del PRI y PVEM chocaron con el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, por la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como #3de3, la cual no dejó satisfechos a los miembros de esa organización.Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara alta, acusó al director del IMCO de “faltar a la verdad” sobre los términos de la iniciativa ciudadana #3de3,
y le recordó que en ninguna parte de la propuesta original venía un
apartado sobre el formato para las declaraciones patrimonial y de
intereses.El senador del PVEM dio respuesta puntual a las
acusaciones del director del IMCO que realizó a lo largo del miércoles
en distintos medios de comunicación y a través de redes sociales, entre
ellas la que acusaba al “eje del PRI-Verde-Peje (Andrés Manuel López
Obrador)” de frenar la iniciativa.
EXCÉLSIOR
El tramo de la autopista hacia
Querétaro que atraviesa los municipios conurbados y vecinos a la Ciudad
de México es una trampa mortal para pasajeros y transportistas,
coinciden autoridades, organizaciones civiles y empresarios.Ayer, Excélsior dio a conocer el caso de la señora
Rosa Margarita Ortiz Macías, de San Luis Potosí, quien fue violada el
martes 7 de junio en un autobús de la empresa ETN que abordó en la
Ciudad de México.De acuerdo con la víctima, dos hombres armados subieron al autobús a
la altura de Coyotepec, aprovechando el caos vial por obras en la
autopista.La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo identifica que los
municipios mexiquenses por donde pasa la autopista México-Querétaro
concentran el primer lugar de robos a transportistas en todo el país.De acuerdo con casos documentados, en febrero tres personas fueron
heridas en un asalto en el autobús donde viajaban, a la altura de
Coyotepec.En abril, un pasajero fue asesinado por asaltantes al negarse a
entregar sus pertenencias, a la altura del kilómetro 41 en Cuautitlán
Izcalli.Sobre Ortiz Macías, este diario consultó al Instituto de las Mujeres
de la Ciudad de México y a otras instancias, pero dijeron que no podían
pronunciarse o que después lo harían.
CNN MÉXICO
Por primera vez en la historia moderna de México, la oposición
gobernará más población que el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), luego de los resultados de las elecciones de 2016.El
Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD),
junto con el gobierno independiente en Nuevo León, controlan la
administración en los territorios donde vive el 50.8% de la población de
país, un poco más de la mitad de los mexicanos.Por el contrario,
el PRI y su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se
quedarán con 49.1% de los habitantes de México bajo su gobierno, luego
de ganar sólo cinco estados de los 12 en juego el pasado 5 de junio, de
acuerdo con información de los institutos electorales locales y el
último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en 2010, revela un análisis de la consultora
Integralia. No obstante, la coalición de ambos partidos en 2012 se hizo
de la Presidencia de la República, con Enrique Peña Nieto como
candidato.
LA SILLA ROTA
El retroceso de la #Ley3de3, que proponía la máxima publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos tiene responsables directos, con nombres y apellidos, que desde mediados de abril comenzaron tejer estrategias en la opacidad y fuera de las instalaciones del Senado, que concluyó con la aprobación de una ley calificada como descafeinada.Los principales operadores que “rasuraron” la Ley de
Responsabilidades Administrativas, donde está incluida la #Ley3de3, fue
el legislador del Verde y presidente de la Comisión Anticorrupción,
Pablo Escudero y el priísta Raúl Cervantes, quienes fueron comandando
por el coordinador del PRI, Emilio Gamboa.En un segundo nivel de responsabilidades y de negociaciones
estuvieron los priístas Enrique Burgos y Cristina Díaz, y en el último
momento se sumó el senador independiente, Manuel Cárdenas, quien acaba
de llegar a la cámara alta como suplente de la finada legisladora Mónica
Arriola, hija de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo.Manuel Cárdenas, amigo de Gordillo Morales, fue un factor que nadie
vio venir, pues se convirtió en el emisario del priísmo, porque
sigilosamente logró incluir, a través de su reserva, parte de un adéndum
que impulsaba PRI y Verde para achicar #Ley3de3, como finalmente
sucedió.A través de él, también se pudo incorporar al dictamen un añadido
para que los empresarios que tengan contratos con el gobierno estén
obligados a presentar su 3de3, lo que se interpretó como un “ajuste de
cuentas” por las presiones y las críticas que la Iniciativa Privada hizo
contra los senadores en los últimos días.
ANIMAL POLÍTICO
Estas son las nuevas sanciones para combatir a funcionarios y contratistas corruptos
Los senadores aprobaron nuevas normas para sancionar a los servidores
públicos que cometan delitos como nepotismo, desvío de recursos entre
otros. Además habrá un fiscal especial que lleve los casos. Trece meses después de la reforma constitucional, el Senado aprobó las
leyes reglamentarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción que prevé castigar con cárcel a los funcionarios públicos y contratistas que cometan tráfico de influencias, desvío de recursos, moches, contratación ilegal de deuda y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.En la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y reformaron la
legislación de la Procuraduría General de la República y el Código Penal
Federal, que pasarán a la Cámara de Diputados para continuar con el
proceso legislativo.Por primera vez en el país habrá un Fiscal especial de combate a la corrupción
que será elegido por dos terceras partes del Senado, pero podrá ser
removido por el titular de la Procuraduría General de la República, lo
que significa que estará “supeditado” a la PGR, acusó la senadora
perredista, Dolores Padierna.Además, en la reforma a la Ley orgánica de la PGR se excluyó darle mayores atribuciones a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para combatir la corrupción, pues “literalmente desapareció del proyecto”, acusó la senadora del PRD, Angélica de la Peña.“Es
una institución fundamental para la democracia del país, por lo que es
lamentable que no se le dé el mismo trato que la Fiscalía
Anticorrupción”, dijo la perredista en tribuna durante su
posicionamiento.También se eliminó la propuesta de asignar 4% del presupuesto de la PGR a la nueva Fiscalía.
PROCESO
Con la nueva facultad que permite a jueces militares ordenar cateos
de particulares, las Fuerzas Armadas se dijeron listas para la entrada
en vigor del nuevo sistema de justicia penal, el próximo 18 de junio.Protegidos por el Poder Legislativo, que lo excluyó de la reforma
penal de 2008 y que este año les amplió sus facultades jurisdiccionales,
los militares se limitaron a cambiar de nombre de sus órganos de
justicia y a la adaptación de su infraestructura a los juicios orales.Lo
que hicieron fue cambiarle de nombre a la Procuraduría General de
Justicia Militar. Ahora es la Fiscalía General Militar. El Cuerpo de
defensores de oficio, ahora se llama Defensoría de oficio militar, y los
servicios periciales y forenses “se adecuaron” al sistema penal
acusatorio.Según un comunicado conjunto de las secretarías de la Defensa
Nacional y de Marina Armada de México, se crearon tribunales militares
de juicio oral y los juzgados militares de control, dos de los
principios de la reforma penal aprobada en 2008 y vigente a partir del
próximo sábado 18.Con ello desparecen los Consejos de Guerra y juzgados militares
adscritos a las regiones militares. Los Consejos de Guerra estaban
previstos en el Código de justicia militar, vigente desde 1933 y
reformado apenas en 2014 para que los jueces militares dejaran de
ejercer su jurisdicción en delitos cometidos por militares en los que
hay civiles involucrados.Sin embargo, en abril pasado, el Congreso aprobó una contrarreforma
para que los nuevos juzgados de control militar puedan ordenar cateos en
casos de “disciplina militar” relacionados con delincuencia organizada,
homicidio doloso y violento con arma de fuego y explosivo. También
podrán ordenar la intervención de comunicaciones de particulares.
REPORTE ÍNDIGO
El desembolso para la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) corre en el INAI a tres mil por hora.La
hora de desarrollo de la Plataforma que no funcionó costó al INAI tres
mil 874 pesos con 46 centavos. El Instituto pagó por 2 mil 500 horas de
desarrollo 10 millones de pesos, de acuerdo con uno de los contratos
publicados en Compranet.En suma, por los dos contratos el
instituto gastó alrededor de casi 20 millones de pesos. Pero la PNT no
funcionó y la sospecha de especialistas es que ahora el INAI pretenda
arreglar esta plataforma con más desembolsos.En un primer
contrato para el desarrollo de la Plataforma Nacional de Transparencia
se indica que el objetivo es que se deberán de coordinar los diferentes
sistemas de información, tales como el Portal de Obligaciones de
Transparencia (POT) y los Infomex o similares de los estados, así como
el Infomex del Gobierno federal, entre otros.“Desarrollar una
nueva solución tecnológica que permita integrar la funcionalidad de los
cuatro sistemas indicados en el título tercero de la LGTAIP. La solución
habilitará mecanismos de interoperabilidad entre los sistemas antes
referidos, así como la suficiente flexibilidad, facilidad y potencia
para configurar las múltiples obligaciones de transparencia consideradas
en la LGTAIP, futura Ley Federal de Transparencia y Leyes de
Transparencia locales, así como los procesos correspondientes a la
gestión de medios de impugnación y la comunicación entre organismos
garantes y sujetos obligados”, indica el primer contrato.El
documento aparece en Compranet con el folio 869492 y tiene un importe de
nueve millones 663 mil 240 pesos a favor de Intellego, S.C. en
propuesta conjunta con Dotted Cloud, S.A. de C.V. Intellego ha sido
cuestionada por tener vínculos con casos de corrupción hace dos años con
un contrato entre Pemex y la empresa Hewlett Packard, en la que fue
intermediario.El Sistema para Solicitudes de Acceso a la
Información costó dos millones 152 mil 174 pesos. El nuevo Sistema de
Obligaciones de Transparencia un millón 980 mil pesos. El Sistema de
Gestión de Medios de Impugnación, es decir, que serviría para realizar
los recursos de revisión y atracción de casos se desarrolló por un
millón 549 mil 565 pesos.
ARISTEGUI NOTICIAS
El INE tomó este miércoles un acuerdo que es violatorio de la ley y que, en la práctica, prorroga la duración de las actuales presidencias de las comisiones del Consejo General.Tres consejeros y al menos tres representantes de partidos se opusieron, pero la mayoría se impuso y aprobó el acuerdo,
en tanto que uno de los opositores, José Roberto Ruiz Saldaña, anunció
que renunciará como integrante de la Comisión de Quejas, para no
convalidar una ilegalidad.Por su parte, Pablo Gómez (PRD), Francisco Gárate (PAN) y Horacio
Duarte (Morena) se opusieron al acuerdo y previeron que el asunto será
resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y
Duarte señaló que su origen está en una disputa política entre los consejeros. Rotación, en septiembre. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó –por ocho
votos a favor y tres en contra de la consejera Pamela San Martín y los
consejeros Benito Nacif y Ruiz Saldaña- modificaciones al Reglamento
Interior y al Reglamento de Comisiones del Instituto, a fin de que la
rotación de las presidencias de las comisiones de trabajo se realice en
la primera semana del mes de septiembre y no en junio.La razón que argumentó la mayoría es “cumplir a cabalidad” con las
actividades referentes al calendario de los procesos electorales locales
del presente año y garantizar la organización de los próximos procesos.
Esto a pesar de que la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales prevé una rotación anual, que se cumple en junio.La consejera San Martín sostuvo que la ley es muy clara y sólo ante
casos excepcionales se realizan ajustes y que en 2015 se dio una
situación similar a la de este año, pero entonces no se tomó una medida
semejante.
El Senado avaló una iniciativa de ley que mantiene en la opacidad datos
de las declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos de los
funcionarios públicos. La propuesta que se aprobó fue la que presentaron el PRI y el Partido Verde (PVEM), que es contraria a la iniciativa ciudadana “3de3” y que buscaba la publicación completa de esas declaraciones.La votación sobre las declaraciones patrimoniales quedó de la siguiente manera:
con 111 votos en total: 59 votos de PRI, PVEM y un independiente;
contra 51 del PAN y PRD; 1 abstención; y 17 senadores que no votaron porque no asistieron o porque salieron a media votación.De acuerdo con el conteo preliminar de la sesión, 12 senadores sí habían asistido pero salieron y no votaron.El PT fue en bloque y decidió no votar a favor de las declaraciones públicas, como lo habían firmado las más de 600 mil personas que impulsaron la iniciativa ciudadana.
Momentos antes, el senador Manuel Bartlett, se había pronunciado en
contra de todo el Sistema Nacional Anticorrupción y dijo que el real
problema estaba en la figura intocada del Presidente de la República,
que sólo puede ser juzgado por delitos graves y traición a la patria:“La madre de toda la corrupción está en la Presidencia de la República, se derrama a las gubernaturas”, dijo el senador del PT.La única abstención fue de la senadora Ana Gabriela Guevara, también del PT.
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron que luego que el Revolucionario Institucional (PRI)
fue contundentemente reprobado por la sociedad mexicana en el proceso
electoral del pasado cinco de junio, la respuesta del gobierno federal
ha sido la criminalización de la protesta social para evitar que se
extienda el ejemplo del descontento expresado en las urnas.A nombre de diputados del Congreso de Oaxaca, de presidentes
municipales de ese partido en la misma entidad, del Comité Ejecutivo
Estatal de su partido y de su grupo parlamentario en San Lázaro, el
legislador Sergio López Sánchez, sostuvo que con la detención de Rubén
Núñez Ginés y Francisco Villalobos, dirigentes de la Sección 22 –además
del anuncio que serán ejecutadas más órdenes de aprehensión en contra de
líderes docentes- el gobierno de Peña Nieto renunció al diálogo con la
disidencia magisterial.López condenó el uso discrecional de instancias de procuración de
justicia como mecanismos de presión política y exigió al gobierno
federal y al gobierno de Oaxaca -encabezado por Gabino Cué- detener la
criminalización de la protesta social y liberar de manera inmediata a
los presos políticos del magisterio, pues sostuvo que para lograr una
verdadera reforma educativa es imprescindible que se generen condiciones
de diálogo, paz y concordia con todos los sectores involucrados.“Hacemos un llamado al gobierno federal para que sea el diálogo la
principal herramienta para la solución del conflicto, no el uso político
de la justicia. Urge la instalación de una mesa de interlocución con
los maestros”, dijo el diputado e hizo un llamado al magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para desarrollar sus protestas de manera pacífica, sin caer en provocaciones y sin afectar derechos de terceros.
SIN EMBARGO
Los ajustes de último momento a la reforma de la Ley Orgánica de la
PGR que derivará en la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción, fueron elaborados de último momento por los partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM)
sin pasar antes por las comisiones permanentes del Senado para su
revisión.
El pleno del Senado
aprobó esta madrugada la creación de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción para funcionarios públicos, sin embargo, de
último momento, los legisladores impusieron esa nueva obligación a
personas físicas y morales cuando realicen contratos para obras o
servicios con el sector público.
La creación de dicha Fiscalía será el resultado de una reforma a la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de República (PGR) y a la Ley
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la que
se prevé el nombramiento de un titular y de agentes del Ministerio
Público especializados en delitos de corrupción.
Además de la sociedad civil, la iniciativa privada también exigió al
Congreso de la Unión para aprobar las leyes Anticorrupción, por lo que
el Senado hizo un ajuste legal al dictamen obligando a los empresarios a
presentar su Ley “3de3” como si fueran servidores públicos, pues a
decir de los legisladores “ellos [la IP] son parte del problema y
nosotros se los vamos a recordar”.
La impunidad es el problema más importante que aqueja a
México y que hace posible los crímenes de lesa humanidad, la corrupción y
la inseguridad creciente en el país, dicen investigadores. Por ello el
tema de este año del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2016 gira
alrededor de ese fenómeno.La impunidad en México
es el mal más arraigado, del cual se desprenden el resto de los delitos:
crimen, corrupción, violación a los derechos humanos, desaparición
forzada y tortura, dijo Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador
académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la
Universidad de las Américas Puebla y parte del jurado del Premio Alemán
de Periodismo Walter Reuter 2016.El experto que coordinó el Índice de Impunidad Global que midió el
fenómeno en 59 países y en donde México quedó en el lugar 58 junto con
Turquía, Filipinas, Colombia y la Federación Rusa, indicó que en el país
todos los mexicanos son víctimas en mayor o menor medida.La impunidad se respira y está en cada acto que no se castiga, pero
también en los ministerios públicos a donde acude un ciudadano a
denunciar un delito.“Todos somos víctimas de la impunidad, el sistema de
justicia en este país se encuentra colapsado. Si uno quiere ir al
Ministerio Público para denunciar un delito del que se fue víctima, el
promedio de atención de un MP es de cuatro horas. Habrá gente que no
pudo levantar una denuncia o que se llevó siete horas. Desde ahí empieza
la impunidad, desde que los mexicanos no tienen incentivos para llevar
un delito hacia un MP, que se levante una carpeta de investigación y que
llegue a la justicia”, explicó.Rodríguez Sánchez indicó que para medir el fenómeno de la impunidad
se analizan variables como la capacidad que tienen los estados para
castigar a quien cometa desde un infracción, hasta los delitos más
complejos como la corrupción política y el homicidio.
"Miente al decir que la reforma privatiza la enseñanza"
"Los libros de texto seguirán gratuitos y no habrá cuotas para padres"
Sigue defendiendo, de forma "inexplicable", a dirigentes de la CNTE
Laura Poy y Gustavo Castillo
Fotoportada
Momento en que Héctor Luis El Güero Palma es entregado por agentes estadunidenses a autoridades migratorias mexicanas en el cruce fronterizo Puerta México, en Matamoros Foto Xinhua
Autoridades de EU lo entregaron en Matamoros, Tamaulipas, al INM
Al cofundador del cártel de Sinaloa se le seguirá proceso por doble asesinato
Se inició en el narco junto con su socio El Chapo
En 1995 fue capturado por el Ejército y en 2007 extraditado; su condena de 70 años fue reducida
Fue aprobada con 59 votos en favor y 51 en contra; senadores del PAN y del PRD se escabulleron
Servidores no tendrán que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales
Truenan patrones porque a ellos sí se les obliga
Genera violaciones sistemáticas la creciente "militarización", advierten
Están "invisibilizados" los grupos más vulnerables, como los migrantes
Rayuela ; Llega Trump con no poca fuerza. Con él, arriba el neofascismo. Son tiempos de canallas.
Crece la lista de líderes republicanos que lo censuran
Amenaza el magnate con realizar solo su campaña presidencial
Desean demócratas que Sanders sea compañero de fórmula de Clinton
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De la Madrid: es para promover el país; dialogaré con artistas que se oponen
Fotocontraportada
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, acudió ayer al depósito vehicular Renovación, en Iztapalapa, a presenciar la destrucción de unidades que operaban de forma irregular, entre ellos taxis piratas. Señaló que en la capital ya se aplican medidas contra la contaminación ambiental, como mejorar el transporte público y regular el de carga. Advirtió a la Came que no apoyará "acciones de ocurrencia", como la propuesta de que automóviles puedan circulan todos los días si lo comparten varias personas Foto María Meléndrez Parada
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