"Estamos viendo lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político...".
Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro
Por Pablo Gómez
El
encarcelamiento de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, líderes de la
sección 22 del sindicato de profesores, es un acto de gobierno en el
marco de un conflicto. Ellos son presos políticos. Los
delitos que se les imputan ya no son de carácter político, como se usaba
hace muchos años, pero la causa penal sí lo es. Se trata de una
manipulación del aparato de justicia y así lo confirma el mismo gobierno
con sus contradictorias explicaciones.
El cargo no ha sido como se había dicho el robo de libros de texto
gratuitos, los cuales carecen de valor comercial. Esa acusación era
demasiado débil por no decir ridícula. Se habla ahora de decenas de
millones de pesos supuestamente “lavados”. Pero para que hayan
operaciones con recursos de procedencia ilícita lo primero es acreditar
la existencia de un delito anterior, el cual nunca ha sido denunciado y
mucho menos perseguido.
Lo que estamos viendo es lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político.
A Demetrio Vallejo y sus compañeros los acusaron en 1959
de disolución social, un delito directamente político. Él estuvo en la
cárcel unos doce años por haber dirigido una huelga. Antes se usaba el
Código Penal en defensa declarada de la “seguridad” del Estado. Ahora se
utiliza el prosaico “lavado de dinero” como instrumento político para sacar de circulación a ciertas personas.
El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo ha sido
semejante por el uso de esa técnica pero con una gran diferencia: ella
tiene una larga trayectoria delictiva, la cual siempre fue parte de la
manera de operar el sindicalismo “charro”, es decir, de Estado. Lo mismo
ocurrió en 1989 con Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, a quien le plantaron en su casa cajas de armas e incluso un cadáver.
Pero tanto la profesora como el líder petrolero eran parte de una
estructura de Estado dentro de la cual se estaban produciendo traiciones
o deslealtades, al final reprimidas con la misma ilegalidad con la cual
se habían sostenido esos liderazgos.
Por tal motivo, después de sus encarcelamientos, no sucedió nada
relevante más que el encumbramiento de otros líderes de la misma familia
política mafiosa pero ya docilitados.
La CNTE es una organización independiente y
democrática en la cual existe militancia sindical de base, participación
efectiva de sus miembros. Además, está en lucha. Encarcelar a
dirigentes mediante inventos judiciales es un acto de represión política, como fue el caso de Vallejo y los ferrocarrileros, no es un ajuste personal de cuentas dentro del Estado corrupto como los casos de “La Quina” y Gordillo.
La lesión que se inflige a la sociedad es evidente porque se reprime
la libertad política, la crítica, la movilización ciudadana.
El secretario de Educación habla como bravero de barrio y es un golpeador de Peña Nieto.
En el momento más complicado de la lucha de la CNTE se aprovecha la
situación para, por fin, utilizar la prisión como factor político
después de que el funcionario más cercano del presidente de la
República, Aurelio Nuño, ya había condicionado el diálogo a una renuncia
de la CNTE a sus demandas. Eso quiere decir que el oficialismo declara imposible toda interlocución con adversarios, ya
que ésa sólo tiene sentido cuando el tema es la divergencia de
posiciones, no es una plática de amigos sino una confrontación de ideas y
una búsqueda de acuerdos entre discrepantes. Con esto, el gobierno de
Peña ha oficializado con absoluto cinismo la renuencia a discutir con
opositores y el uso de la prisión como lenguaje político. Se repite el
binomio Díaz Ordaz-Echeverría.
El gobierno sigue hacia abajo sobre un plano inclinado por él mismo construido. ¡Libertad a los presos políticos!
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