Por: Cecilia Balderas
(15 de junio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El senador Manuel
Bartlett, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo
(PT) en el Senado de la República denunció –en el marco de la discusión
de varias leyes que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA)- que a pesar de la inminente entrada en vigor de dichas
disposiciones, permanece impune la figura presidencial, misma que
consideró “el principal poder corruptor de este país” y adelantó que de
no atacarse la corrupción presidencial, los nuevos ordenamientos serán
mera simulación.
El político poblano advirtió, al presentar su voto particular en
contra del dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y
Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda
que incluyó el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, que el que no haya una auténtica separación e
independencia entre “los vigilantes y vigilados” generará instancias
“partidocratizadas, subordinadas y poco confiables”.
“El dictamen hace caso omiso a la explotación de la más profunda
corrupción pública y privada durante los periodos correspondientes a la
imposición del régimen neoliberal con su desenfreno privatizador, la
intromisión de lo privado por encima de lo público y las limitaciones
del Estado. La omisión del análisis de este periodo deja esa inmensa
corrupción convertida en poderes de exfuncionarios que se convierten en
modelo a seguir en la clase política y sus asociados privados”, dijo el
senador ante el Pleno del Senado.
Bartlett también criticó que las nuevas disposiciones no consideren
la obligatoriedad de las empresas de publicitar el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, laborales, medioambientales o en materia de
salud, que sus directivos o accionistas tampoco tengan la obligación de
transparentar sus declaraciones fiscales y que no se establezca como
sanción penal a servidores públicos y empresas la extinción del dominio
por delitos y faltas graves de corrupción.
“El llamado Sistema Nacional Anticorrupción es una reforma simuladora
con la publicidad de las declaraciones de servidores públicos,
centralista, antifederalista y antimunicipalista. Es una reforma
“lampedusiana” que hace como que se cambia para que todo permanezca
igual”, afirmó el coordinador parlamentario.
El senador Fernando Mayans, del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), coincidió con Bartlett al señalar que el Ejecutivo federal
debería haber sido puesto en el centro de esta reforma, pues “las
escaleras se limpian de arriba para abajo”, dijo.
Además de Bartlett, los senadores del sol azteca Dolores Padierna
Luna y Armando Ríos Piter, también hicieron uso de la tribuna para
presentar su voto particular en contra del dictamen.
Crítica en comisiones
Tan sólo unas horas antes, la Ley General de Responsabilidades de los
Servidores Públicos –popularmente conocida como “Ley 3de3”- había sido
aprobada por la mayoría de los senadores integrantes de las comisiones
de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios
Legislativos Segunda a pesar de que el legislador Zoé Robledo Aburto,
del PRD, advirtió que contenía incentivos para la impunidad y altos
márgenes de discrecionalidad con los que los órganos internos de control
podrán indultar a quienes incurran en actos de corrupción.
El senador calificó de incompleto el esquema que enumera las faltas
administrativas graves, pues aunque la iniciativa ciudadana –respaldada
por más de 600 mil firmas- proponía contemplar como tráfico de
influencias la obtención de beneficios patrimoniales de un servidor
público ofrecidos por titulares de contratos, servicios u obras públicas
en cuya contratación haya influenciado un servidor y consideraba como
un acto de corrupción la obtención de comisiones por la gestión de
recursos por parte de diputados locales y federales, también conocidos
como “moches”, el dictamen no retomó dichas propuestas.
Respecto a la publicidad de las declaraciones fiscal, patrimonial y
de intereses, los legisladores pugnaron porque sea voluntaria; es decir,
que cada funcionario decida si la hace pública en su totalidad o no, lo
que impedirá corroborar si su patrimonio, al tomar el cargo y
finalizarlo, coincide con la información presentada; además, buscan
minimizar la cantidad de información requerida en los tres rubros.
El perredista también advirtió que se pretende limitar la capacidad
investigadora de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues
aunque la Ley 3de3 propone darle facultades para indagar los casos de
corrupción detectados a partir de denuncias, la propuesta avalada en
comisiones señala que sólo en los casos en los que se detecten daños o
perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos,
procederá la actuación de la dependencia.
Por su fuera poco, también se obvió incluir un esquema de protección a testigos y denunciantes de este tipo de hechos.
Marcela Torres Peimbert, diputada de Acción Nacional (PAN) y
secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana,
acusó a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
de poner “todas las resistencias posibles” para impedir el avance del
tema en los términos propuestos por las organizaciones sociales.
Sin embargo, según la legisladora, el dictamen de la comisión “por
primera vez pone a la corrupción en su justa dimensión”, pues contempla
sanciones para los particulares que sobornen, presionen o den favores
para obtener una concesión, compra, adjudicación o para ganar una
licitación.
La legisladora adelantó que su grupo parlamentario no respaldará el
adendum que legisladores del PRI dijeron que presentarán –a través del
que se pretende impulsar que sea un Comité de Participación Ciudadana
quien proponga a un Comité Coordinador, qué información debe de ser
presentada en las declaraciones, en lugar de respaldar la propuesta de
las organizaciones- sino que votarán por el principio de máxima
publicidad y de la Ley 3de3 en los términos que proponen los ciudadanos.
Transparencia ideal
Las organizaciones de la sociedad civil impulsaron formatos para que
los funcionarios públicos informaran, en la declaración de intereses,
cuáles son sus beneficios económicos y financieros; si participan o no
en la dirección de un Consejo de Administración o de alguna empresa, el
sector económico de ésta, su tipo de participación, cargo o función, así
como el monto anual de la remuneración, si lo hay.
Para la declaración de intereses se propone la revelación de
préstamos, créditos, obligaciones financieras, fecha en que se contrajo y
monto original, actividades profesionales y empresariales, cargo,
función y el nombre de la entidad en que lo desempeña, así como la
obligatoriedad de declarar patrocinios, donativos, regalos y todos los
viajes que pudieron haber sido financiados por terceros.
Para la declaración patrimonial se pide al funcionario que numere
todos sus bienes inmuebles -los de su cónyuge e hijos- el tipo, el lugar
donde se encuentra, el año en que se adquirió, superficie y la forma en
que fue adquirido.
Entre las organizaciones que impulsaron la Ley 3de3 destacan:
Transparencia Mexicana, la Escuela de Gobierno del Tecnológico de
Monterrey, el Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE),
Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa, la Barra Mexicana del
Colegio de Abogados de México, Causa en Común, la Red por la Rendición
de Cuentas, la Academia Mexicana de Protección de Datos Personales, el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Hasta la fecha, 22 senadores, 222 funcionarios públicos, 110
diputados federales, 28 alcaldes, 60 diputados locales y un secretario
de Estado han presentado sus declaraciones en los formatos solicitados
por las organizaciones de la sociedad civil.
Al cierre de esta edición, el Senado de la República había aprobado
-en lo general- con 116 votos a favor, cuatro en contra y cero
abstenciones, el dictamen para expedir las tres leyes ya citadas en
materia anticorrupción y legisladores de diversos grupos parlamentarios
presentaban las propuestas de modificación a los textos; sin embargo,
ninguna había sido admitida siquiera a discusión.
La primer normatividad que fue aprobada en lo general y en lo
particular, fue la que expide la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y aunque el senador Ernesto Ruffo Appel solicitó
suspender la sesión para que la discusión de los detalles de la Ley 3de3
no se realizara en la madrugada, el pleno del Senado desechó la
propuesta.
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