Senadores del PAN y PRD buscaban establecer 12 obligaciones a funcionarios para que rindieran cuentas de sus bienes; ignoraron la principal petición de ONG: IMCO
Lasillarota.com
La imposición de la bancada
del PRI en el Senado de limitar la ley 3de3 para revelar los detalles
del patrimonio de los servidores públicos a pesar de que esa
era una de las prioridades de la propuesta ciudadana, se concretó en el
pleno con la decisión de legisladores de oposición de no votar aunque
estaban presentes.
La negativa a emitir su voto en el
tablero electrónico de 14 legisladores ayudó a que el dictamen priísta
"achicado" avanzará en el pleno del Senado y con ella la permisión a los
funcionarios públicos a seguir ocultando su patrimonio con el argumento
de que abrirlos a la ciudadanía puede afectar su “vida privada”.
La aprobación de una #Ley3de3
completa, que retomará los formatos usados por la plataforma 3de3 para
hacer públicos los bienes, las cuentas bancarias, los vehículos, joyas, y
el historial fiscal y de intereses de los servidores públicos, dependía
de que la oposición (PAN, PRD y eventualmente el PT) ganaran una
votación al PRI y PVEM, sin embargo se registraron ausencias de los
propios panistas y perredistas y los petistas decidieron no votar, pese a
que se encontraban en el salón de plenos.
La votación quedó 59 a favor del PRI y
Verde contra 51 en contra del PRD, PAN e independiente, es decir, se
quedaron a nueve votos que la bancada del PT pudo dárselos o si sus
propios legisladores hubieran estado en el pleno emitiendo su voto.
Los senadores que no votaron a favor de
una #Ley3de3 completa, pese a que estaban en el salón de plenos, fueron
los petistas Manuel Bartlett, Layda Sansores, Marco Antonio Blásquez,
Héctor Adrián Menchaca Medrano, Carlos Manuel Merino, Martha Palafox y
se abstuvo de votar Ana Gabriela Guevara.
Los panistas ausentes fueron Jorge Luis
Preciado, quien todo el día estuvo en las instalaciones del Senado, pero
en el momento de la votación no se apareció en el salón de plenos.
También destacan los panistas Héctor Larios, José María Martínez y
Adriana Dávila, quienes no registraron su asistencia.
En el caso de Preciado, sus compañeros,
especialmente la senadora Marcela Torres, preguntaban en voz alta por él
y pedía que le llamaran o lo trajeran para que emitiera su voto, pero
fue inútil porque el colimense nunca llegó.
En PRD hubo tres legisladores que
tampoco votaron, pese a que sí estuvieron físicamente en la cámara alta.
Se trata de Benjamín Robles y de las senadoras Luz María Beristaín y
Alejandra Roldán.
La oposición, de haber ganado la
votación, hubiera establecido en la nueva Ley de Responsabilidades
Administrativas la obligatoriedad para que los servidores públicos como
senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, secretarios
de Estado, en versiones públicas, hubieran transparentado su riqueza.
A través de una reserva impulsada por la mayoría del PAN y PRD se establecían 12 obligaciones para que transparentaran su patrimonio y la evolución del mismo mientras es servidor público.
La reserva rechazada también se proponía
16 obligaciones en materia de declaración de intereses y abría a la
máxima publicidad todo lo relacionado con el historial con el fisco.
Sin embargo, la versión final, promovida
por el PRI-Verde y por senador independiente Manuel Cárdenas, establece
que “las declaraciones patrimoniales y de intereses, (sin contar la
fiscal), serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar
la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
“Para tal efecto, el Comité Coordinador (del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción),
a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos
respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los
derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
Es decir, la última palabra para
determinar el grado de publicidad de las declaraciones de los servidores
públicos, serán: el titular de la Secretaría de la Función Pública; el
titular de la Auditoría Superior de la Federación; el titular de la
Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; un representante del
Consejo de la Judicatura Federal; el Presidente del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos; el
Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un
representante del Comité de Participación Ciudadana.
Esta decisión de acuerdo con panistas y
perredistas debilita el espíritu original de la #Ley3de3, pues a pesar
que la ciudadanía que participe en el SNA pueda proponer la máxima
publicidad de las declaraciones, al final servidores públicos de alto
nivel decidirán el grado de apertura de estos documentos.
Juan Pardinas, director general del
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afirmó que el PRI y el
PVEM ignoraron la principal petición de la sociedad: hacer públicas sus
declaraciones patrimoniales. “Lo que hicieron fue patear el bote” y
darle a atribución a un supuesto consejo ciudadano en torno a lo que
será público o no.
Ajuste de cuentas
En el último momento del debate, los
senadores decidieron hacer un ajuste de cuentas con los empresarios que
estuvieron presionando para que en tiempo y forma el Congreso aprobará
las leyes anticorrupción.
A propuesta del senador independiente
Manuel Cárdenas, los senadores obligaron a los empresarios que tengan
contratos con el Gobierno a presentar su 3de3.
De acuerdo con el artículo 32 de la Ley
de Responsabilidades, cualquier persona física o moral que reciba y
ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes
públicos de la Federación y entidades federativas deberá presentar
declaraciones.
Este tema no era parte del debate, pero
al final todos se allanaron a la propuesta del senador independiente,
quien fue pieza clave para que priístas y del Verde salieran victoriosos
en este debate de madrugada.
vsv
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