Madrid, 14 junio. 16. AmecoPress. En los últimos días la noticia de la posible vinculación de futbolistas internacionales y empresarios con delitos de explotación sexual que están siendo investigados ha llegado a las portadas de periódicos y los informativos de emisoras de radio y cadenas de televisión. Todo ha sido gracias a las declaraciones de la víctima que desencadenó la investigación al empresario del porno Torbe encarcelado desde el pasado abril por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, agresión sexual, pornografía infantil, prostitución, extorsión y contra la salud pública, además de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Una vez más, se pone de manifiesto la complejidad y la implicación de muchos sectores sociales en las redes de trata, que mueven en España alrededor de 3.000 millones de euros al año.
Según datos oficiales, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, contabilizaron en 2015 a 13.892 personas en riesgo
de caer en manos de redes destinadas a la explotación sexual, y
desarticularon 42 organizaciones y grupos criminales. La mayoría de las
víctimas identificadas por las autoridades en 2015 eran rumanas,
españolas y nigerianas –estas últimas han aumentado mucho, según ha
denunciado la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a
Mujeres Prostituidas, APRAMP-.
La víctima-testigo en el llamado
caso Torbe contó a la Policía que fue obligada en 2012 a mantener
relaciones sexuales contra su voluntad, implicando a futbolistas
internacionales: David de Gea, hoy portero del Manchester United y a
Iker Muniain, delantero del Athletic de Bilbao.
Lamentablemente,
el asunto genera más interés por el “compromiso” en el que ha puesto a
los futbolistas y las consecuencias en la Eurocopa, que por mostrar la
violencia que se está ejerciendo sobre miles de mujeres. Mujeres que no
responden a un único perfil, pero que en todos los casos, a pesar de
haber sido víctimas de un engaño y de haber sido forzadas a ejercer la
prostitución, se suelen sentir culpables y avergonzadas.
Porque el
hecho es que se sigue vinculando la existencia de la trata solo a la
pobreza, como factor que conduce a las mujeres a venderse. Y no se
profundiza en la demanda de prostitución, ni en la existencia de
aquellos que se lucran del negocio de la trata. Ellas y no ellos son
quienes sufren el estigma y el rechazo social. Y en esto los medios de
comunicación son bastantes responsables.
“Es cierto que en los
últimos años la prensa ha ido prestando más atención a esta realidad,
tratándola con mayor profundidad. Sin embargo, todavía es necesario que
los medios informativos se aproximen al tema relacionando las causas y
las consecuencias de este grave delito y que ofrezcan información
enfocada a incrementar la colaboración ciudadana y a fortalecer los
derechos de las víctimas”, afirman desde APRAMP, que lleva más de 25
años junto a mujeres explotadas sexualmente.
La vulnerabilidad y
el miedo a denunciar se multiplican cuando las víctimas residen en
España de forma irregular. Aunque existe una vía de protección
específica en la Ley de Extranjería que permite activar el "periodo de
reflexión" en el que la persona identificada como víctima de trata debe
decidir durante los próximos 30 días si cooperará en la investigación,
las mujeres tienen miedo y no siempre son tratadas adecuadamente. Por
cierto, es fundamental dejar de sostener la imagen de que las mujeres
extranjeras son explotadas sexualmente por sus compatriotas. Esto
contribuye a que la sociedad perciba el problema con lejanía y cierta
indiferencia.
Protección de las víctimas
España
cuenta con un plan específico contra la trata con fines de explotación
sexual. Sin embargo, las organizaciones sociales de lucha contra la
trata piden el desarrollo de una norma con rango de ley para hacer
frente a esta vulneración de derechos. Estas entidades llevan tiempo
denunciando que muchas veces el la lucha contra la trata prima el
elemento de persecución del delito y no tanto la protección a las
víctimas.
“Todavía se da falta de empatía y sensibilización por
parte de algunos juzgados con las mujeres y con las situaciones que
viven; esto van en perjuicio primero de las mujeres y segundo en el
propio desarrollo del proceso penal. Sigue costando mucho que los jueces
y magistrados permitan que las víctimas testifiquen en el juicio oral a
través de videoconferencias, ya que suelen insistir en que declaren en
persona en los juicios, lo que añade mucha tensión, angustia y
complicaciones logísticas para muchas víctimas que, por razones de
seguridad, no residen en el lugar donde fueron explotadas y donde se
está enjuiciando el delito”, añaden desde Proyecto Esperanza, otra
organización que trabaja atendiendo a mujeres víctimas de trata.
Foto: Amecopress;
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Sociedad – Violencia de género – Trata; 14 junio. 16. AmecoPress
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