Alegatos
Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro
El
último zafarrancho legislativo es el de la aprobación del Sistema
Nacional Anticorrupción. Dado que la discusión en el Congreso ha venido
acompañada de una intensa ráfaga de acusaciones y descalificaciones,
conviene poner en orden algunas ideas sobre el asunto.
1.- Lo que está en juego
Hay algo que a pesar de ser obvio, se dice poco. La corrupción no es
un delito sin víctimas. No lo maticemos. La corrupción es violencia. Por
eso un amplio y creciente sector de la sociedad mexicana parece por fin
estar decidido a enfrentarla, a desterrarla. Por más que se nos diga
que es cultural o que es algo de la condición humana.
El estudio La corrupción en México: percepción, prácticas y sentido ético presenta reveladoras cifras. 92% de los encuestados consideró que hay corrupción en México.
Para el 70% es el segundo problema más importante, sólo después de la
inseguridad con el 81% e incluso antes que el narcotráfico con 57%.
Para un considerable sector de mexicanos está firme la idea de que el
Estado funciona sólo al servicio de unos cuantos: 36% cree que, al
elaborar las leyes, el Congreso toma en cuenta los intereses de sus
partidos; 31% cree que toman en cuenta sus propios intereses; sólo el
14% cree que toman en cuenta a la población (Secretaría de Gobernación,
2012).
La lista de ejemplos es variopinta y abundante. En uno de ellos, la
seguridad pública, la situación es crítica. La Encuesta Nacional de
Seguridad Pública encontró que el 70% de la población considera a las
policías estatales corruptas, mientras que 60% cree que la policía
federal también lo es y el 43% opina lo propio del Ejército.
Cierto, hay muchos tipos de corrupción y en diversos sectores de la
sociedad. Sin embargo, hay una que tiene a la sociedad a punto de
ebullición: la corrupción política.
Sin rollos: es un problema grave, real e hiperpresente.
2.- El núcleo de la polémica
En ese contexto, a tropezones se aprobó anoche en la Cámara de Diputados la Ley General de Responsabilidades de Administrativas.
La discusión ha estado salpicada de polémica y de acusaciones. Lo
mismo entre las distintas bancadas en el Congreso que entre legisladores
y representantes de organizaciones civiles.
El punto más álgido gira respecto al artículo 29 de dicha Ley que
contenía la que se ha conocido como la 3 de 3. Algo tan sencillo como la
obligación de hacer públicas (de manera abierta y detallada) las
declaraciones patrimoniales, la declaración de intereses y la
declaración de impuestos de los servidores públicos.
El resultado ha dejado a más de uno insatisfecho. La prensa ha
recuperado que lo que hoy tenemos es la aprobación de una iniciativa
3de3 light, pues no incluye la obligación inmediata de hacer públicas
estas 3 declaraciones e incluye posibles restricciones apelando a
conceptos como vida privada y datos personales.
Aunque el paquete de reformas y nuevas leyes es muy amplio, dado el
hartazgo de la sociedad, las condiciones para la polémica están
servidas. El mensaje es sencillo: contra la corrupción política,
queremos todo, empezando por lo “simbólico”.
3.- Hay “Derechos” y derechos
Creo que este proceso legislativo ha puesto en evidencia otros problemas menos discutidos.
Uno de ellos, la confirmación de que muchos de nuestros políticos
siguen pensando que hay ciudadanos de primera y de segunda. Unos que
deben soportar afectaciones (nosotros) y otros que deben recibir
privilegios (ellos).
En su negativa a hacer públicas las declaraciones o parte de ellas,
las y los senadores han intentado escudarse en la Constitución, en la
vida privada, en los datos personales. Un estándar que no siempre tienen
en mente al momento de legislar.
En materia de seguridad, por ejemplo, el Congreso ha autorizado en la
última década una amplia gama de medidas contra nuestros derechos y
libertades: arraigo, retenes, acopio desmedido de datos personales y
acceso a información sensible con simples órdenes administrativas.
En las mismas horas que la vida privada de las y los senadores era
una razón para matizar la publicidad de las declaraciones patrimoniales y
fiscales, la Cámara de Diputados aprobó un paquete que permite a la PGR
usar tecnología para la intervención de comunicaciones de los
particulares.
Se trata de medidas simplemente prohibidas en otros países,
declaradas inconstitucionales por los tribunales o denunciadas por
organismos internacionales de derechos humanos. Pero aquí se nos ha
dicho que la ciudadanía debe soportarlas, en nombre de la seguridad.
La propia discusión de las leyes anticorrupción dan cuenta de esta
absurda conducta de los legisladores. En una suerte de venganza por ser
exhibidos en su resistencia a la publicidad de las declaraciones de los
servidores públicos, el bloque PRI-PVEM modificó de última hora la ley
para incluir una obligación similar para cualquier particular que
contrate con el sector público.
¿Usted le quiere vender al Municipio de Ixtaczoquitlan? Pues entonces
tendrá que entregar su declaración de impuestos, patrimonial y de
intereses.
¿En qué quedamos? ¿No que había preocupación por los datos personales y la confidencialidad?
Así como está y sin mayor desarrollo, esta medida visita la frontera
del disparate. El simple acopio de toda esta información tiene un tufo a
desproporcional, carece de referentes en el derecho comparado,
requerirá de fuertes medidas de control y –salvo millonarias
inversiones- anticipa un fracaso en su puesta en práctica.
Es el mundo del revés. En donde la clase política debe
autocontenerse, ser seria y esforzada para no afectar a la ciudadanía:
ahí deciden que nuestros derechos no son tan importantes.
Pero cuando es la clase política la que debe soportar afectaciones o
molestias razonables, como la publicidad de las declaraciones –medida
con sólidos fundamentos jurídicos y políticos- muestran una seria
capacidad de resistencia.
4.- La corrupción no se acaba por decreto
En México, para resolver problemas la clase política de lengua se
come un taco y de paso aprueban un par de leyes. Sería demasiado
inocente pensar que con la simple aprobación de un paquete legislativo
un problema tan denso como la corrupción se solucionará.
Sin embargo, legislar en la materia puede tener una lectura política
importante. Los clásicos de los estudios críticos del derecho dicen que
las leyes son la condensación de la correlación de fuerzas en conflicto
en un momento histórico particular.
Erradicar la corrupción requerirá de fuertes asignaciones
presupuestarias, el involucramiento de personas con talento y
compromiso, la capacidad social para resistir futuras contrarreformas
explícitas o implícitas y largo etcétera.
Si esta lucha es seria y determinada como parece, desatará potentes
conflictos. Los intereses afectados no esperarán sentados y con una
sonrisa a que recuperemos miles de millones de pesos que hoy se embolsan
con toda impunidad.
Con la aprobación de este paquete legislativo no hemos ganado nada
aún. Si acaso, el derecho a iniciar un largo camino que requerirá de
mucha firmeza y de repetir esfuerzos como éste muchas veces más.
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