Lev Moujahid Velázquez Barriga *
La Jornada
La tesis de que la
reforma educativa busca que el Estado recupere la rectoría de la
educación, no tiene que ver en lo absoluto con resguardar las garantías
de un amplio sector de la sociedad para ejercer su derecho a la escuela
pública y gratuita, ni con impulsar un proyecto nacional que fortalezca
la soberanía, la identidad, la cultura, los valores patrióticos y la
democracia en México.
Lo que hemos observado en los meses recientes es la extensión de un
Estado totalitario, cuyas políticas educativas no son objeto de diálogo
ni están disponibles a la consulta de los gobernados o de los
directamente involucrados en la enseñanza: padres de familia, maestros y
alumnos; por el contrario, se imponen negando la sobriedad de las
mentes y universidades más destacadas de este país, que lejos de ser
consejeros de las decisiones importantes en el terreno educativo, se han
convertido en la conciencia y la voz crítica de la ciudadanía contra la
reforma educativa.
Como todos los sistemas totalitarios contemporáneos, éste busca
encarnar sus valores antidemocráticos en una figura demencial, dispuesta
a quebrantar cualquier derecho humano para cumplir, en aras de la
legalidad y la paz social, los supremos designios del mercado mundial
para privatizarlo todo. En este sentido, han encontrado en Aurelio Nuño a
la persona sin escrúpulos que necesitan para entregar la instrucción
pública al empresariado nacional durante este gobierno, pero alimentan
también sus propias ambiciones y las del secretario de Educación
mediante planes transexenales.
En este proceso de totalización del Estado, en el que se muestra la
clara ausencia de propuestas pedagógicas, éticas y curriculares que den
cuerpo a un proyecto educativo propio, no hay nada que regir ni que
orientar desde la burocracia estatal en representación de los intereses
de la nación. En todo caso, lo que habría que recuperar es la rectoría
de los principios educativos, que han sido sometidos por los intereses
mercantiles de los empresarios detrás del poder político. Tampoco
podríamos decir que estén recuperando la Secretaría de Educación Pública
y sus homólogas en los estados con la idea de construir el consenso
social, la vida cívica y democrática de la nueva ciudadanía; más bien,
estas instituciones han sido invadidas por los cuerpos policiacos desde
el poder vertical y centralizado de un Estado oligárquico, contra la
autonomía de las entidades federativas para ejercer la gobernabilidad y
regir la política educativa, respetando los contextos regionales.
La fórmula aplicada en Oaxaca en el IEPO, y que hoy se quiere
generalizar en Michoacán y Chiapas, es un mecanismo más de esta política
de control extremo en la que advertimos los primeros pasos por contener
cualquier espacio que pueda generar contradicciones ideológicas a un
incipiente Estado fascista que no acepta la discordancia y mucho menos
la disidencia. Sin embargo, este gobierno sabe muy bien que el empoderamiento
de la CNTE no emana de sus posiciones dentro de la estructura en las
instituciones educativas estatales ni del manejo de recursos económicos.
Hace décadas que los maestros disidentes en Michoacán no reciben un
centavo por concepto de cuotas sindicales, y al igual que en Chiapas,
las secretarías de Educación, así como las subsecretarías, direcciones y
departamentos son encabezados por grupos afines al partido en el poder o
cualquiera de sus satélites: Nueva Alianza, Verde Ecologista o PRD,
todos ellos promotores acérrimos de la reforma educativa, incluso
miembros del SNTE.
Ante esta situación, no ha sido suficiente para el régimen una
reforma de carácter administrativo y laboral; la escalada del
movimiento magisterial está en ascenso a escala nacional y en el sureste
mexicano se desborda la posibilidad de una rebelión popular a la que se
suman organizaciones de padres de familia, de comunidades indígenas,
pequeños empresarios y la solidaridad de movimientos sociales de gran
convocatoria y visibilidad internacional, como el EZLN.
Es en este ambiente en el que el gobierno mexicano experimenta una
fase de mayor hostigamiento contra la CNTE, en la que, si bien la
reforma educativa no se ha desprendido de sus dimensiones laboral y
administrativa, vemos con preocupación la puesta en marcha de una
estrategia pro fascista que dispone de todas las corporaciones
represivas, incluidos el Ejército y la Marina, para entablar una guerra
interna contra los maestros, cuyo objetivo primordial ha perdido de
vista la evaluación; ahora se trata del aniquilamiento de la fuerza
organizativa que está convocando con éxito a la movilización y
organización pacífica de todos los descontentos del sistema.
No obstante, vivimos apenas un proceso inacabado que ya muestra
escenarios propios de las dictaduras fascistas europeas, como los que se
han visto en la Ciudad de México para disuadir la movilización del
magisterio, que no tiene como finalidad última generar el miedo o
suspender las libertades sociales, sino que utiliza estos instrumentos
de inhibición para privatizar todos los bienes y servicios públicos,
despojar de sus derechos laborales a la generalidad de los trabajadores;
por tanto, la urgente solidaridad del pueblo mexicano no sólo es por
los maestros, sino por todos aquellos agraviados por las reformas
neoliberales que hoy están dispuestos a no quedarse callados.
* Historiador y doctor en pedagogía
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