Cambio de Michoacán
Quien revise la
historia de nuestro país en los últimos 35 años podrá percatarse sin
dificultad de lo que ha sido en él la acumulación de capital bajo la
batuta de los ideólogos y practicantes del neoliberalismo. Desde el
“tendremos que aprender a administrar la riqueza” de José López Portillo
—lo que él, según toda evidencia, no pudo aprender, aunque sí a
saquearla—, no ha habido gobierno que no ofrezca mejores tiempos, de
bienestar y prosperidad para los mexicanos. La brutal crisis de 1982
puso fin en corto tiempo a las expectativas del boom petrolero de 1977. La opaca renovación moral de la sociedad
de Miguel de la Madrid apenas si tocó a dos de los ex funcionarios del
gobierno anterior, pero dejó intacta la estructura de la corrupción; y
el adelgazamiento del Estado (antes obeso, ahora sólo rector) y el inicio de la apertura comercial no relanzaron la economía.
El sexenio salinista continuó con la apertura, en mayor escala aún,
con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y la
privatización no sólo de empresas manufactureras sino de gran parte de
la infraestructura básica del país: teléfonos, sector siderúrgico, la
banca nacionalizada en 1982, la petroquímica llamada secundaria
(clasificación que sólo entonces se introdujo), la televisora estatal
Imevisión (hoy TV Azteca), Fertimex, los ingenios azucareros, entre
otras cosas. Otorgó también autonomía al Banco de México. Todo ello
tenía el propósito de estimular la inversión y atraer capitales. El
enganchamiento comercial con los Estados Unidos inició la demolición de
la industria manufacturera y de la agricultura de subsistencia, que
persisten hasta el día de hoy. Y no bien dejó Salinas a presidencia,
estalló la crisis de diciembre de 1994 con su caída de -6.9 por ciento
en el PIB y que dejó una deuda pública nueva de más de 30 mil millones
de dólares.
Ernesto Zedillo (“Él sabe cómo hacerlo” y
“Bienestar para tu familia”) continuó con las privatizaciones en lo poco
que quedaba del patrimonio público: telecomunicaciones, ferrocarriles,
aeropuertos, carreteras y líneas aéreas. Pero además, se dio una rápida
extranjerización de la banca, controlada hoy por consorcios españoles,
estadounidenses, canadienses e ingleses. La crisis financiera de 1994
justificó, además, un mayor endeudamiento exterior, el empeño de la
producción petrolera como garantía y el Fobaproa-IPAB como deuda
interna.
Vicente Fox y Felipe Calderón no pudieron hacer más reformas de gran calado —llamadas desde entonces estructurales—
que alcanzaran el sector energético, por ejemplo, porque no contaban
con la mayoría de legisladores en el Congreso, y aquéllas fueron
bloqueadas por la bancada priista. Pero en ambos gobiernos el
crecimiento del PIB promedió apenas un 2.1 o 2.2 por ciento. La novedad
con el segundo fue la militarización del país y la escalada de la
violencia bajo la guerra al narcotráfico que mantienen enlutada a gran parte de la sociedad.
Por fin, con Enrique Peña Nieto, llegó una nueva oleada de reformas, las estructurales,
pactadas con el PAN y el PRD: financiera, fiscal, de
telecomunicaciones, educativa y, la regia corona: la energética, para
abrir el petróleo y la electricidad a la inversión privada extranjera y
nacional. Nuevamente, se reiteró el discurso de la prosperidad y el
despegue económico del país, en un marco de unidad política y concordia.
Hasta hoy, el crecimiento registrado en el PIB es de 1.44 por ciento en
2013; 2.1 en 2014; y 2.5 en 2015. Pero la corrupción cuesta al país
hasta el 10 por ciento del producto, según datos de Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); y el impacto de
la violencia en la economía nacional implica un 13 % del PIB (El Economista,
8 de abril de 2016). Por añadidura, Esta misma semana el Instituto para
el Desarrollo Gerencial, con sede en Suiza, publicó su Anuario de Competitividad Mundial 2016
en el que informa que México descendió del lugar 39 al 45. Aun así, se
continúa anunciando que nuestro país es uno de los mejores para la
inversión.
Lo que ocurre es que, con alrededor del 60 por
ciento de la población económicamente activa en la informalidad, nuestro
país ya ofrece la mano de obra más barata de entre las economías de la
OCDE y una de las más baratas del planeta, codeándose con Honduras,
Haití y países del África subsahariana, pero con mucho mejor
infraestructura que esas naciones y en vecindad con el mercado
estadounidense, el aún mayor en el mundo. La desigualdad social se ha
acentuado, en consecuencia, y la sociedad se ha polarizado más entre
ricos y pobres, estos últimos alrededor de 53 millones. Mas por índices
de corrupción, inseguridad y violencia, ineficacia de la justicia,
violaciones a derechos humanos y otros, las calificadoras
internacionales y la CEPAL han reprobado el desempeño de la economía
nacional y las inversiones se alejan. El empleo crece levemente; pero
con trabajos de menor calidad, remuneración y rendimiento. Ello no obsta
para que sus administradores, los dirigentes y altos funcionarios del
BdeM, la SHCP, la Secretaría de Economía, y otros, se embolsen
mensualmente ingresos de seis dígitos, al igual que los legisladores
federales, ministros de la Corte, gobernadores y varios más.
Esos funcionarios son, empero, los que se obstinan en mantener sin cambio la actual
orientación en el proceso de acumulación. Son los mismos que salen
reprobados en seguridad (SG, PGR, Sedena, Marina Armada, etc.: 70 mil
muertos, 28 mil desaparecidos, casi todos con impunidad); los que han
llevado al deterioro la educación y el sistema de salud pública; los que
han convertido al país en el paraíso de la impunidad y de las
violaciones a derechos humanos, según la ONU, Human Rights Watch,
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En realidad, el país se encuentra en vilo: fracaso tras fracaso que lo
hacen probablemente uno de los más riesgosos y difíciles de habitar
para la gran mayoría de la población. 12 millones de emigrados a los
Estados Unidos dan cuenta de ello. La plutocracia financiera y sus
encargados en los despachos de gobierno se han encargado de llevarlo a
esa situación en los últimos treinta y cinco años, agudizando las
contradicciones económicas y sociales como pocas veces en la historia;
quizás como sólo en la etapa final del colonialismo español y durante el
porfiriato.
¿A quién puede extrañar, así, que la movilización
social empiece a extenderse por las calles y carreteras del país? El
detonador, como es evidente, ha sido la impuesta y agresiva
contrarreforma laboral magisterial, bautizada como reforma educativa.
Una hechura, sin duda, de la OCDE y de la dictadura empresarial a
través de grupos como Mexicanos Primero, donde confluyen Televisa,
Kimberly Clark y otros consorcios monopólicos. La tenaz resistencia de
los maestros ha empezado, poco a poco y después de tres años, a
movilizar tras de sí a otros sectores: padres de familia, sindicatos,
universitarios, intelectuales. Y ya no es sólo en Chiapas, Guerrero,
Oaxaca, Michoacán y la ciudad de México. También núcleos muy activos en
Veracruz, Morelos, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Durango, Chihuahua y
hasta Yucatán, más los que se van sumando casi día a día.
Hasta
ahora, el movimiento magisterial contra la reforma ha logrado que se
suspenda el proceso de evaluación de manera indefinida. Por temor,
acaso, a que la movilización magisterial se reactive durante la
inminente jornada electoral en doce estados. Pero la reforma
pseudoeducativa de Peña y su alfil Nuño estuvo siempre condenada por
elaborarse y aplicarse a espaldas del amplio sector magisterial; ahora
está en vías de ser derrotada. Su único recurso es el uso de la fuerza
—que fracasó ya en Chiapas, donde la policía retrocedió ante el avance
magisterial— con desalojos, detenciones procesos, gases, macanas,
tanquetas y otros recursos pedagógicos semejantes. Pero está visto que
los profesores han perdido el miedo y que la represión los unifica en
vez de desanimarlos.
La novedad es también que los maestros de
la CNTE en Oaxaca, Veracruz, Durango han decidido llamar a votar en sus
respectivas elecciones por los candidatos del Morena, fortaleciendo las
expectativas de triunfo del partido de López Obrador en alcaldías,
diputaciones y algunos gobiernos estatales.
¿De qué se trata?
De un viraje, táctico pero quizá determinante: la confluencia entre
movimiento social y movimiento electoral, que en muchas ocasiones, tal
vez las más, han marchado por vías y con estrategias divergentes. Ante
la evidente crisis no sólo económica y política sino también moral del
régimen, es necesario acelerar su caída para abrir una etapa de
resurgimiento social. No es sólo ya la resistencia, que por sí misma
empieza a rendir frutos, sino de iniciar la construcción de proyectos
integrales, políticos, sociales y económicos. La acción popular necesita
desplegarse en la movilización callejera, así como en la actividad
informativa; pero también en la lucha electoral que abra el camino a una
renovación política. El momento y la supervivencia del país así lo
exigen.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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